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Una estrategia de riesgo calculada

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Por Joanisabel González

joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

"La medida no es a las corporaciones manufactureras que operan en Puerto Rico. Es a las distribuidoras que operan fuera de Puerto Rico y compran los productos a las manufactureras que los producen en la Isla", reitera el funcionario al agregar que el estatuto tendrá el efecto de expandir la base contributiva de la Isla.

De acuerdo con Pérez-Riera, hace sentido la imposición del arbitrio porque las ventas de la distribuidora foránea "se benefician de la mano de obra e infraestructura de Puerto Rico".

Pérez-Riera ancla la imposición a las foráneas en la necesidad "imperante" de balancear la carga contributiva entre todos los miembros de la sociedad.

En síntesis, la administración Fortuño ha prometido otorgar unos $ 1,200 millones en "alivios contributivos", de los cuales unos $ 960 millones irían a los individuos y la diferencia a las corporaciones no exentas.

Aunque el sector industrial reconoce como meritorias las intenciones del Gobierno, objeta que la reforma se financie con el enclave manufacturero, en especial porque en caso de que la corporación foránea no logre el reconocimiento del arbitrio en su planilla federal o en otra jurisdicción, éste encarecería el coste de la producción local.

"Se está llevando a cabo una discusión individual y en forma diligente con las compañías con el objetivo de minimizar su impacto", reitera.

La apuesta del Gobierno de que la medida no afectará al primer sector económico de la Isla tiene sus bases en el trabajo de...

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