Evalúan efecto del retiro incentivado

El gobierno frenó el inicio de un programa de retiro incentivado para empleados públicos -creado en agosto mediante la Ley 80- ante el desconocimiento de su impacto en los puestos esenciales de trabajo en las agencias y cuántas de esas vacantes habría que llenar posteriormente, salió a relucir ayer durante las vistas públicas de transición."Estamos dejando que corra el proceso de elección para ver, de ese universo de empleados elegibles, cuántos quieren acogerse, cuántos de esos empleados se tendrían que reemplazar y cuántos no", indicó Luis Collazo Rodríguez, administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.La Administración de los Sistemas de Retiro envió, el 14 de octubre, una carta circular a los patronos de las entidades públicas, informando los procesos para la implementación de la Ley 80, que aunque era por fases, no contemplaba un freno.Sin embargo, además de diferencias con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre este estatuto, la mayoría de los jefes de agencia ha expresado preocupación, durante los ocho días que han transcurrido de vistas de transición, ante el impacto que podría generar la salida de empleados en puestos esenciales, así como las posibles dificultades para reclutar nuevos empleados debido a los bajos salarios y la cantidad de puestos congelados en el gobierno."Lo que hemos hecho es iniciar una parte de la implementación, que entendemos es necesaria para tener todos los elementos de juicio que necesitamos para discutir el asunto con la Junta de Supervisión Fiscal", sostuvo Collazo.En una carta enviada el pasado viernes a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, ya había informado que el gobierno no continuaría el proceso de implementación hasta tanto se llegara a un acuerdo entre las partes.El administrador estimó que unos 17,000 empleados públicos del gobierno central, municipios y corporaciones públicas cobijados por la Ley 447 de 1951 y la Ley 1 de 1990 podrían ser elegibles para acogerse al retiro incentivado, pero al momento se desconoce cuántos tendrían la intención de participar de la ventana y cuáles son empleados esenciales.La Ley 80 garantizaría una pensión equivalente al 50% del salario del empleado, así como beneficios marginales, partidas que serían cubiertas directamente por el patrono dentro de sus gastos de nómina. Collazo apuesta...

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