Fundación V. Dept. Vivienda, 1980, 109 D.P.R. 387

Autor:Dra. Ruth E. Ortega Vélez
Páginas:345-347
 
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Acción Legitimada.

Hechos: La Fundación Arqueológica y siete ciudadanos instaron ante el Tribunal Superior un pleito de clase en que alegan representar a todos los puertorriqueños, reclamando un billón de dólares de personas, agencias y corporaciones públicas del E.L.A. por concepto de daños y perjuicios estéticos que alegan haber sufrido con la demolición del edificio identificado con el Núm. 155 de la Calle San Sebastián de San Juan, radicado en la zona histórica y que aducen era parte del patrimonio cultural del pueblo puertorriqueño. El demandado ingeniero Klumb solicitó desestimación de la demanda por falta de capacidad para demandar en los actores. El tribunal denegó la moción; ordenó

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en su lugar que prosiguiera el litigio certificado como pleito de clase. El Ingeniero Klumb acude ante el Tribunal Supremo.

Controversia: Si la controversia es justiciable.

Decisión del Tribunal Supremo: Anula la resolución recurrida y desestima la demanda en cuanto al ingeniero Klumb. A diferencia de Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 1974, 102 D.P.R. 716, no es este un caso en que el ciudadano recurre a la acción civil en protección de una política pública, acción que en aquel estaba expresamente autorizada por el Art. 19 de la Ley sobre Política Ambiental. Aquí la acción ejercitada no es preventiva dirigida a preservar el edificio Núm. 155 de la Calle San Sebastián obligando mediante mandamus o injunction a la implementación de la política pública relacionada con la zona histórica, porque el edificio fue demolido. La presente es una acción pura y estrictamente de reparación por alegado daño que “leyendo la demanda en la forma más favorable a los actores consistiría en habérseles privado de la contemplación y conservación de un edificio centenario que ellos, en discrepancia con la Junta de Planificación, el Instituto de Cultura y demás agencias por ley designadas para promover y ejecutar la política pública sobre el particular, consideraban parte del patrimonio cultural de todos los puertorriqueños”. Por tanto, la reclamación de un billón de dólares contra agencias y organismos del Estado, y contra el recurrente Klumb, está predicada en una diferencia de criterio y apreciación entre demandantes y demandados respecto a cuál fuere el valor histórico y cultural de la estructura eliminada, a pesar de ser todos los demandados "personas conocedoras de los valores históricos y culturales de Puerto Rico" según se alega...

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