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Golpe al acceso a la justicia

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Vincent

La ola de demandas contra suplidores y contratistas que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha impulsado como parte del proceso de bancarrota del gobierno provocará una crisis de acceso a la justicia y exacerba la incertidumbre que existe en torno a hacer negocios en Puerto Rico, indicaron ayer varios entrevistados."En momentos en que quieren maximizar los fondos federales y las empresas locales, con una acción como esta, ese empresario va a pensar dos veces hacer negocios con el gobierno si se corre el riesgo de que al cabo de unos años vengan a cobrarle. No conozco, no sé quién estará dispuesto a asumir ese riesgo", dijo ayer el presidente de la Asociación de Constructores, Emilio Zavala.El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román Espada, dijo que "aquí va a haber muchos demandados que no podrán defenderse y podrían terminar en quiebra"."Nos encontramos ante una posible crisis de acceso a la justicia", indicó el abogado ducho en la ley federal Promesa Rolando Emmanuelli.El pasado martes, la JSF radicó unas 230 demandas contra suplidores y contratistas del gobierno por entender que estos recibieron pagos cuando el fisco se encontraba insolvente. Como resultado, la ley federal Promesa y el Código de Quiebras permite al deudor (en este caso el gobierno) intentar recuperar tales pagos por entender que se hicieron otorgando tratos preferenciales o si estos representaron una transferencia fraudulenta.Entre otros argumentos, la JSF y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) demandaron a empresas de seguridad, construcción, centros de terapia a estudiantes de educación escolar, aseguradores y compañías de empleo temporal, entre otros, alegando que no existe evidencia de una relación contractual entre las partes o dicho acuerdo no se registró en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.Aparte de las demandas, la JSF consiguió que otros 60 suplidores acordaran firmar un acuerdo que extiende el plazo de dos años para radicar acciones contra terceros para llegar a un acuerdo de recobro extrajudicial.Según Román Espada, las acciones de la JSF constituyen un agravio contra los derechos cívicos y económicos de miles de ciudadanos y empresas en la isla y no traerán dinero al deudor como se cree, pero continuarán elevando los gastos de abogados en los casos de Título III.Explicó que una demanda por fraude supone que la JSF tendrá que demostrar dicha práctica y eso, aparte de contratar abogados, requerirá...

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