Golpe a contratistas y suplidores del gobierno
Si la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, acoge -sin cambios- el plan de ajuste (POA, por sus siglas en inglés) que ha propuesto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), miles de empresas y organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico se exponen a perder cientos de millones de dólares por trabajos realizados o productos vendidos al gobierno y que todavía no han cobrado.De acuerdo con el POA, si los números son correctos y si la JSF gana las demandas incoadas por el Comité de Reclamaciones Especiales (CRE), el gobierno solo pagaría alrededor de 1.8 centavos de cada dólar adeudado por el gobierno en deudas generales no aseguradas.Mientras los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) recibirían sobre .65 centavos de cada dólar, los empleados públicos verían un aumento en la aportación patronal del plan médico y a ciertos pensionados les aplicaría un recorte de hasta 8.5%, los acreedores generales no asegurados del gobierno central serían los más afectados con un recorte de prácticamente el 98%.En papel, esos acreedores generales aparecen en la "clase 27" del POA.¿Quiénes son los acreedores no asegurados?En la vida diaria, partiendo de las reclamaciones radicadas en el tribunal, esos acreedores en el fondo de la lista son ciudadanos o empresas que ganaron una demanda contra el Estado, contribuyentes que no han recibido su reintegro y sobre todo, miles de contratistas y suplidores que por años han prestado servicios o han facilitado equipos o materiales al gobierno."Esto es indignante, es decepcionante, es abusivo, totalmente injusto", dijo a Negocios el ingeniero Ramón Ortiz, cofundador de Unitech Engineering Group.Desde el pasado 27 de septiembre, cuando la JSF radicó el POA en la corte federal, Ortiz todavía no puede creer que luego de 10 años de espera para cobrar por los trabajos que hizo para el Departamento de la Vivienda, ahora solo reciba -si tiene suerte- unos $198,000. Ello, si la proyección de la JSF en el plan de ajuste se confirma.La deuda del gobierno con Unitech es por $11 millones y corresponde a la construcción de las comunidades Arenales I y II, que hoy disfrutan decenas de familias en Dorado y trabajos en las comunidades Corea y Vista Hermosa en Bayamón y Juana Díaz, respectivamente.Mientras Ortiz, un ingeniero egresado de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez e hijo de empleados públicos que se hizo a pulmón, y su socio, Héctor Ocasio, esperaban porque el gobierno les pagara, los bancos y la empresa fiadora fueron a cobrarle.A Ortiz, la falta de pago por parte del gobierno le dejó en la calle. El banco le embargó cuanto pudo y la compañía de fianzas aguarda por la reclamación que ahora parece hacerse agua con la propuesta de la JSF. A su socio, Ocasio, el pesar de tener una empresa de buen nombre contra la pared por no poder cobrar el trabajo realizado, le costó literalmente la vida."De nosotros dependían entre 125 a 150 familias. Nunca quedamos mal... perdí a mi empresa, a mi socio, que era mi amigo, mi hermano", dijo Ortiz, quien forma parte del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) de los casos de Título III.La reclamación de Unitech es solo una de casi 3,000 que aparecen en el expediente judicial de los casos de Título III. Hay otra lista de reclamaciones que maneja la firma Prime Clerk.Ambas listas son confusas porque en ella se mezclan bonistas, bancos fallidos como Doral Bank -que todavía busca cobrar un reintegro del gobierno- o las procesadoras Suiza Dairy y Vaquería Tres Monjitas, que buscan cobrar su acreencia por un litigio asociado con la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).Efecto múltiplePero en esas listas, también hay hospitales y compañías...
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