Un golpe menos fuerte al trabajador
Derogar la Ley 80 no creará los empleos que necesita Puerto Rico, pero esa movida fue la pieza que escogió el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para llegar a un pacto con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por entender que afectará menos a los trabajadores, y dará más recursos al gobierno que enfrascarse en un litigio con el organismo federal.
Así lo admitió ayer el secretario de Asuntos Públicos, Ramón L. Rosario Cortés, quien cree que eliminar el estatuto será menos perjudicial a la economía y a la gente que la pérdida de ingresos que supone eliminar el bono de Navidad y reducir a siete días, cada una, las licencias pagadas de vacaciones y enfermedad.
Rosario Cortés, quien tiene a su cargo la redacción del proyecto para derogar la Ley 80, conversó con El Nuevo Día acerca de la ficha que, por el momento, ha servido para una tregua entre la JSF y el gobierno.
“Esperamos que (el proyecto para derogar la Ley 80) se radique durante esta semana o bien temprano la semana que viene. El proyecto acoge lo que terminó en la mesa de la JSF”, indicó.
“El gobernador, en un balance, tenía que analizar o terminamos en tribunales -la junta no me aprueba el presupuesto con el bono de Navidad de los empleados públicos y termino litigando- o llego a un acuerdo donde permito sacar de la mesa el bono de Navidad y la reducción de licencias, más cojo otros fondos importantes para el desarrollo económico”, dijo Rosario Cortés en referencia a los fondos que recibirán los municipios y la Universidad de Puerto Rico.
La primera demanda
Si bien la Ley 80 -cuya suerte en la Legislatura está por verse- evitaría una pugna entre Rosselló Nevares y la JSF, el gobierno de Puerto Rico encaró ayer la primera demanda asociada con el nuevo plan fiscal certificado por el organismo federal y con el proceso presupuestario.
Las aseguradoras Assured Guaranty y Financial Guaranty Insurance Company regresaron a la corte pidiendo a la jueza Laura Taylor Swain que declare que el plan fiscal recién certificado no cumple con las disposiciones de Promesa.
“El gobernador no quería derogar la Ley 80. En la negociación, el gobernador escogió (proteger) lo que más afectaba y eso era a los más vulnerables, quitarles el bono de Navidad a los empleados del sector público y privado. A eso, el gobernador dijo que ‘no’ desde el primer día y a eso, la Junta, dentro de ese escenario, puso la Ley 80 como lo que iban a retener”, dijo Rosario Cortés.
La Ley 80 y el plan fiscal
Para la JSF, la Ley 80...
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