In Re: Cruz Aponte, 159 DPR 170

AutorRuth E. Ortega-Vélez
Páginas101-103
La Responsabilidad Profesional del Abogado Puertorriqueño
101
es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. El
violentar la función central de custodiar la fe pública constituye conducta que
queda al margen de la ética del notario público. Ello, debido a que al quebrantar
la misma, necesariamente se está faltando a la verdad de los hechos.
Cuando un notario hace constar hechos no veraces en una escritura pública, aun
cuando no mediare intención de faltar a la verdad, sino ausencia de diligencia o
celo en la gestión notarial, incurre en falta.
El ordenamiento jurídico condena enérgicamente la participación consciente de
un abogado, como funcionario o parte, en el asesoramiento, redacción u
otorgamiento de documentos simulados o faltos de veracidad, independientemente
del propósito que anime dicha conducta. Tal conducta es incompatible con la
función pública del notario y las exigencias de veracidad y honestidad que dicha
función acarrea.
La conducta de un abogado al autorizar como notario una escritura mediante la
cual permite que comparezca como parte compradora una persona que en realidad
no era la parte con genuino interés en adquirir el bien objeto de la compraventa,
dando fe notarial de hechos cuya falsedad le constaba, quebranta los postulados
más fundamentales de la fe pública notarial. El notario no debe autorizar la
escritura al advenir en conocimiento de la falsedad, independientemente de las
razones invocadas para el artificio.
A pesar de que la investigación efectuada por el Procurador General demuestra
serias incongruencias en el testimonio de las quejosas y que la veracidad de los
mismos es altamente cuestionable en cuanto a otros aspectos de las quejas, el
propio querellado aceptó su responsabilidad ante los hechos aducidos y cooperó
plenamente con la investigación de los mismos. Por tanto, no existe controversia
en cuanto a que en 1980, el Lcdo. Collazo Sánchez otorgó una escritura me-diante
la cual permitió que compareciera como parte compradora una persona que en
realidad no era la parte con genuino interés en adquirir el inmueble. Al así hacerlo,
dio fe de hechos que le constaban eran falsos quebrantando los postulados más
fundamentales de la fe pública notarial.
IN RE: CRUZ APONTE,
159 DPR 170, 2003 JTS 52 (NAVEIRA)
Abuso de Autoridad y Falta de Temperamento Judicial al Imponer Desacato.
Hechos: La Directora Administrativa de los Tribunales, Lcda. Mercedes
Marrero de Bauermeister, instruyó a la Oficina de Asuntos Legales de la
Administración de los Tribunales para que citara a la señora Suárez Meléndez con
relación a una información publicada en la prensa referente a una orden de arresto
por desacato emitida por la Jueza Cruz Aponte contra la señora Suárez Meléndez.
Luego, la OAT presentó una queja contra la Jueza Cruz Aponte. Esta se desempeña
como jueza municipal desde mayo de 1995. Conforme a lo establecido en las
Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación por Razón
de Salud de Jueces del TPI y del TA, el 6 de octubre de 1999, se le envió a la Jueza
Cruz Aponte copia de la queja y se le concedió un término de 30 días para que
expusiera su versión de los hechos. La Comisionada Especial determinó la

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