In Re: Dávila Toro, 179 DPR 833
| Autor | Ruth E. Ortega-Vélez |
| Páginas | 524-528 |
La Responsabilidad Profesional del Abogado Puertorriqueño
524
las contenciones fácticas son altamente probables.
En procedimientos disciplinarios contra abogados ante el Tribunal Supremo, le
corresponde al Comisionado Especial celebrar una vista para recibir la evidencia
que se presente en contra del abogado querellado. En este caso, la Comisionada
Especial determinó que la prueba no demostró que los querellados hubiesen
violado los Cánones 15, 18, 35 y 38 de Ética Profesional. No obstante, sostuvo que
estos habían incurrido en conducta contraria al Canon 5, al haber tomado la
deposición de la doctora Polanco Taveras después de que ella hubiese expresado
que no quería deponer sin la presencia de las abogadas del Estado. Sin embargo,
consideró como factor atenuante el hecho de que los querellados no actuaron de
forma intencional al tomar la deposición sin la intervención del tribunal, pues su
conducta respondió a la interpretación jurídica que los licenciados hicieron de las
normas procesales aplicables. Asimismo, señaló que ambos abogados sirven a la
comunidad desinteresadamente y prestan servicios legales a personas de escasos
recursos económicos, como los demandados en el caso en controversia, y que el
proceso disciplinario ha sido largo y tedioso y ha causado tensión y sufrimiento
para los querellados. Las determinaciones de hechos que realizó la Comisionada
demuestran que los querellados no hostigaron ni intimidaron a la doctora Polanco
Taveras, ni se valieron de mecanismos fraudulentos para lograr la toma de la
deposición.
IN RE: ARTURO DÁVILA TORO,
179 DPR 833, 2010 JTS 204 (PER CURIAM)
Deber de Competencia y Diligencia.
Hechos: El señor David Santiago Ortiz presentó ante el Tribunal Supremo queja
en contra del Lcdo. Dávila Toro en la que alegó que este le había representado en
un caso penal en el cual fue hallado culpable y que le encomendó que apelara la
sentencia dictada, lo que el querellado hizo, pero transcurrido ya el término para
apelar por lo que el tribunal desestimó el recurso por carecer de jurisdicción. La
queja fue referida al Procurador General.
El Procurador General indicó que su Oficina había recibido previamente del TA
un referido, precisamente, sobre el trámite apelativo en el caso del señor Santiago
Ortiz y había procedido a consolidar ambos asuntos. El informe indicaba que el
Lcdo. Dávila Toro había representado de oficio al señor Santiago Ortiz en un
proceso penal en el que este fue hallado culpable. El Lcdo. Dávila asumió la
representación profesional del querellante en la etapa de vista preliminar. El Lcdo.
Dávila presentó el escrito de apelación en ese caso ante el TA.
Presentado el recurso apelativo se suscitaron varios incidentes relacionados con
la reproducción de la prueba oral. El TA le solicitó al apelante que acreditara el
método de reproducción de la prueba oral. El Lcdo. Dávila no presentó moción
alguna en respuesta. Nuevamente, el Lcdo. Dávila hizo caso omiso a lo ordenado.
Ante su reiterado incumplimiento, el TA le impuso una sanción económica de
$500 y le concedió un nuevo término para informar sobre la prueba oral y el
método para su reproducción. El Lcdo. Dávila ignoró al tribunal y nada dijo sobre
la reproducción de la prueba oral como tampoco pagó la sanción impuesta.
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