In Re: Juan A. Piza Ramos, 2020 TSPR 92
Autor | Ruth E. Ortega-Vélez |
Páginas | 572-572 |
La Responsabilidad Profesional del Abogado Puertorriqueño
572
diligente y oportunamente a los requerimientos y a las órdenes de este Tribunal,
particularmente aquellos relacionados con los procedimientos disciplinarios sobre
su conducta profesional”. La desatención o incumplimiento con las órdenes del
Tribunal es una falta a la autoridad que constituye una clara violación al Canon 9.
IN RE: JUAN A. PIZA RAMOS,
2020TSPR 92 (PER CURIAM)
Incumplimiento con los Requerimientos del PEJC y del Tribunal Supremo.
Hechos: El Lcdo. Pizá Ramos fue admitido al ejercicio de la abogacía en 1997
y a la notaría en 1998. Por medio de su Informe sobre incumplimiento con el
requisito de Educación Jurídica Continua, el PEJC detalló los esfuerzos que realizó
para requerirle el cumplimiento al Lcdo. Pizá Ramos. No obstante, dichos
esfuerzos resultaron infructuosos, por lo que ha tenido que solicitar la intervención
del Tribunal Supremo.
El 9 de enero de 2019, el Tribunal le concedió un término de veinte (20) días
al Lcdo. Pizá Ramos para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía
ser suspendido del ejercicio de la profesión de la abogacía por incumplir con los
requisitos de educación jurídica continua y por no comparecer ante el PEJC cuando
le fue requerido. Surge del expediente que, a pesar de las oportunidades
concedidas al Lcdo. Pizá Ramos para que cumpla con los requerimientos del PEJC,
este no ha cumplido con los mismos ni ha solicitado el cambio de status a abogado
inactivo en el RUA.
Decisión del Tribunal Supremo: Suspende inmediata e indefinidamente al
abogado por su incumplimiento con los requerimientos del PEJC y con los del
Tribunal Supremo.
Fundamentos legales: Con el fin de viabilizar una representación legal
adecuada para toda persona, el Canon 2 del Código de Ética Profesional requiere
que el abogado mantenga “un alto grado de excelencia y competencia en su
profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de
mejoramiento profesional”. El Reglamento de Educación Jurídica Continua
requiere a los miembros de la profesión legal a tomar al menos veinticuatro (24)
horas créditos en cursos de educación jurídica continua acreditados cada tres (3)
años. Además, estableció que los profesionales del Derecho que cumplen con los
requisitos del PEJC tardíamente, deben presentar un Informe con las razones por
las cuales incumplieron, así como pagar una multa por cumplimiento tardío. La
desidia y dejadez ante los requerimientos del PEJC representan un gasto de
recursos administrativos por parte de ese programa y reflejan una patente falta de
compromiso con el deber de excelencia y competencia que encarna el Canon 2 de
Ética Profesional. Por esa razón, el Tribunal Supremo disciplina a los abogados
que desatienden los requerimientos de la Junta e incumplen con las horas crédito
de educación jurídica continua. Desatender los requerimientos del Tribunal por los
miembros de la profesión legal constituye un serio agravio a la autoridad del propio
Tribunal e infringe el Canon 9.
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