In Re: Ríos Pérez, 179 DPR 630
| Autor | Ruth E. Ortega-Vélez |
| Páginas | 529-530 |
La Responsabilidad Profesional del Abogado Puertorriqueño
529
IN RE: JUAN CARLOS RÍOS PÉREZ,
179 DPR 630, 2010 JTS 161 (PER CURIAM)
Deber de Diligencia y Competencia.
Hechos: El Lcdo. Juan Carlos Ríos Pérez fue admitido al ejercicio de la
abogacía el 15 de enero de 1987 y a la notaría el 6 de julio de 1995. El 12 de junio
de 2008, el Procurador General presentó ante el Tribunal Supremo una querella
contra este. Se le imputó haber aceptado la representación legal del Ing. Kevin
Llanés Santos (quejoso) y desatender por completo el caso para el cual fue
contratado. El Procurador General presentó querella contra el Lcdo. Ríos Pérez por
violaciones a los Cánones 12, 18, 19 y 20 de Ética Profesional. El 30 de septiembre
de 2009, la Comisionada Especial determinó: “El 26 de octubre de 1999, el Lcdo.
Ríos Pérez suscribió un contrato de servicios legales con el quejoso. El día en que
se suscribió el contrato, el quejoso pagó $2,500 por concepto de honorarios de
abogado adelantados. Los honorarios de abogado eran para atender un caso ante
el TPI. En ese caso, el quejoso fue demandado por incumplimiento contractual, y
daños y perjuicios.
Luego de varios pormenores, el TPI señaló vista para el 29 de agosto de 2002.
El Lcdo. Ríos Pérez no compareció a esa vista y la parte demandada contra tercero
(HF Mortgage) informó que no se le habían contestado sus interrogatorios y que
el quejoso no había comparecido a la toma de deposición. El foro primario fijó
vista y advirtió que de no comparecer el ahora quejoso, se le anotaría la rebeldía,
se eliminarían sus alegaciones y se le impondrían sanciones adicionales. A esa
vista compareció el Lcdo. Ríos Pérez y se señaló otra audiencia para el 31 de
marzo de 2003. A esa última vista, el Lcdo. Ríos Pérez no compareció.
El 17 de febrero de 2005, el Lcdo. Ríos Pérez compareció a la vista señalada y
renunció a la representación legal. El TPI permitió la nueva representación legal
del quejoso. El quejoso pagó la totalidad de los honorarios pactados con el Lcdo.
Ríos Pérez y los de su nueva representación legal para el mismo caso.
Decisión del Tribunal Supremo: Suspende del ejercicio de la abogacía por seis
meses a Juan Carlos Ríos Pérez, por haber violado los Cánones 12, 18, 19 y 20 de
Ética Profesional.
Fundamentos legales: El Código de Ética Profesional establece las normas
mínimas de conducta que deben seguir los abogados. El Canon 12 le impone a todo
letrado el deber de tramitar las causas de forma responsable, con puntualidad y
diligencia. La función de un abogado dentro del sistema de justicia le obliga a
desempeñarse con la mayor diligencia, responsabilidad e integridad. Parte del
deber que impone el Canon 12 es que la conducta de un abogado no entorpezca la
resolución de un caso. Las incomparecencias injustificadas del abogado a las vistas
señaladas por el tribunal y las actuaciones que pongan en riesgo la acción de su
cliente, son violaciones patentes a dicho postulado ético. La falta de diligencia en
la tramitación de los casos y el incumplimiento con las órdenes del tribunal
constituyen un patrón de conducta.
El Canon 18 dispone que un abogado tiene que defender los derechos de su
cliente de forma diligente, desplegando en cada caso su más profundo saber y
actuando con responsabilidad. Incurre en violación de este Canon el abogado que
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