Incertidumbre en casos de Educación Especial

RESUMEN

La reestructuración de la deuda de Puerto Rico ha lanzado una sombra de incertidumbre sobre cientos -sino miles- de casos que se discuten actualmente en los tribunales como parte de los reclamos para que los niños y jóvenes matriculados en la corriente de Educación Especial reciban los servicios que necesitan.

 
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La reestructuración de la deuda de Puerto Rico ha lanzado una sombra de incertidumbre sobre cientos -sino miles- de casos que se discuten actualmente en los tribunales como parte de los reclamos para que los niños y jóvenes matriculados en la corriente de Educación Especial reciban los servicios que necesitan.

En mayo pasado, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó ante el tribunal la petición para reestructurar la deuda al amparo del Título III de la Ley federal Promesa, todos los casos que se habían presentado contra el gobierno y que involucraban una reclamación monetaria quedaron paralizados. Así quedó constatado en una moción que presentó el Departamento de Justicia tanto en los foros estatales como judiciales.

Desde entonces, jueces en los tribunales estatales han interpretado de diferentes maneras el alcance de esta paralización. Algunos han establecido que el estatuto federal impide que se vean en su fondo unas demandas, mientras que otros han concluido que la Ley Promesa no incide en las demandas presentadas por violaciones a la Ley federal para la Educación de Individuos con Impedimentos (IDEA, por sus siglas en inglés) o a la Ley 51 de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, detalló el abogado José E. Torres Valentín, quien representa a varias familias de niños de Educación Especial.

“No hay uniformidad sobre los casos de Educación Especial. Hay jueces de (tribunales de) primera instancia que han entidad que Promesa no paraliza los casos, pero hay casos en los que sí. Todo depende del juez”, sostuvo Torres Valentín.

La Ley federal Promesa, en sus secciones 7 y 304(h), establece que nada de lo que ordena el estatuto debe entenderse como autorización para incumplir con otras leyes federales, destacó Torres Valentín, por lo cual aseguró que la mayoría de los reclamos de Educación Especial no debieron ser paralizados.

Aunque reconoce la falta de uniformidad para atender los casos, el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos Parés, aseguró que los servicios a estudiantes no se han perjudicado. Este aseguró que, independientemente...

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