Incierto el futuro de las demandas contra la JSF

El ambiente que se respira en la esfera federal no pinta favorecedor para ninguna de las demandas presentadas por los poderes gubernamentales en contra de los nombramientos y el alcance que tiene la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).Justo cuando la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes se sumó a las demandas contra la JSF, el excandidato popular a comisionado residente en WashingtonD.C., Rafael Cox Alomar, planteó que en los tribunales federales parece haber consenso en que la cláusula territorial le concede al Congreso estadounidense poderes absolutos sobre la isla."El ambiente es completamente distinto, y es un ambiente en donde se le ha dado demasiada fortaleza a la teoría de que el Congreso detecta poderes plenarios, poderes que son básicamente ilimitados. En otras palabras, se ha reafirmado el carácter colonial de la relación", opinó Cox Alomar.A modo de ejemplo, mencionó la determinación en el caso de Sánchez Valle. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que el Estado Libre Asociado no tiene soberanía propia para fines de la cláusula constitucional federal sobre la doble exposición en casos criminales."En el ambiente actual, hacer un planteamiento de que Promesa es inconstitucional o que la Junta no tiene poder para hacer equis, ye o zeta… o que el Congreso no puede meterse a legislar en asuntos internos sin el consentimiento de los puertorriqueños, no creo que vaya a tener mucho éxito", sostuvo.Indicó que el panorama sugiere que la agenda del 1952 quedó inconclusa. "Lo que hace falta es pensar un nuevo modelo anclado sobre la soberanía de Puerto Rico", subrayó.la tercera demandaLa delegación del PPD en la Cámara radicó ayer una demanda ante el Tribunal Federal mediante la cual cuestionan la constitucionalidad de la creación de la JSF, así como la alegada usurpación de poderes al gobierno de la isla.El otro argumento incluido en el pleito es la supuesta "coacción" de la JSF a la Asamblea Legislativa para modificar la política pública sujeto a la derogación de derechos de los trabajadores.Se trata del tercer caso radicado luego que la Junta no certificó el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa ante el incumplimiento del acuerdo alcanzado con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que incluía derogar la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) como exigencia para -entre otras cosas- mantener el bono de Navidad de los empleados públicos.La semana pasada...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR