Insisten en propuesta de incentivos para la isla
La creación de zonas especiales de desarrollo económico en Puerto Rico se enfrenta a un Congreso que, por años, ha estado renuente a conceder alivios que parezcan salvavidas fiscales y cuyas últimas acciones parecen ignorar los problemas que atraviesa la isla.
Sin embargo, la intensificación de la precariedad económica, como secuela del devastador huracán María, por momentos parece abrir una pequeña ventana de oportunidad.
La semana pasada, esa apertura se manifestó con la aprobación de una enmienda en la Cámara de Representantes federal, que permitiría que Puerto Rico sea considerado como una “zona de oportunidad”, designación que permitiría que todo el capital que se genere en la isla, producto de inversiones en negocios e infraestructura, reciba una exención contributiva federal.
Se estima, no obstante, que el proyecto que asigna fondos federales para la recuperación de los desastres naturales, que contiene la enmienda, no será aprobado en el Senado, tal como se avaló en la Cámara de Representantes, lo que pone en riesgo la aprobación del crédito.
La suerte final de la iniciativa se sabrá en los primeros meses del próximo año, afirmó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón; y las acciones concretas más recientes del Congreso no dan muchas esperanzas.
Política de incentivos
Desde mediados del siglo XIX, la manufactura de Puerto Rico ha estado cimentada sobre una serie de incentivos contributivos federales y estatales, que proveen los suficientes márgenes de ganancias para que la producción sea atractiva para las empresas.
Desde el viernes, sin embargo, uno de los más grandes y últimos vestigios de este modelo económico, cuyos orígenes son atribuidos al empresario Teodoro Moscoso en la década de 1940, languidece luego que el presidente Donald Trump convirtiera en ley la reforma contributiva federal. Este nuevo estatuto impone un impuesto sobre los bienes intangibles producidos en el exterior por multinacionales estadounidenses. Para efectos contributivos, Puerto Rico es una jurisdicción extranjera. Es decir, el impuesto aplica a las multinacionales con producción en la isla.
La medida no incluyó provisiones especiales para la producción en Puerto Rico, a pesar de los intensos cabildeos hechos en Washington por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la comisionada residente, miembros del Partido Popular Democrático y la Asociación de Industriales, entre otros sectores.
Lo que sí dispone es la inclusión de Puerto...
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