Intensifican el control fiscal

La intervención de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre los gastos de la Legislatura y la Rama Judicial marca la intención del organismo federal de gerenciar una buena parte de las operaciones gubernamentales, llevando al máximo los poderes que le otorgó la Ley Promesa, coincidieron expertos en procesos de quiebra y abogados.Las más recientes decisiones de la Junta, que exigen incluso la rendición de informes de gastos a las ramas del gobierno puertorriqueño, apuntan a que el ente federal en la isla comienza a tomar un rumbo similar al de algunos organismos que supervisaron las finanzas de diversas jurisdicciones estadounidenses, según algunos entrevistados.Por ejemplo, una enmienda a la ley que estableció la junta que controló las finanzas de Washington D.C. permitía que el organismo fiscal pudiera despedir jefes de agencias y nombrar a funcionarios, según un informe del Brookings Institution.Estas facultades administrativas llevaban a que la junta en la capital federal fuera vista más como de "control" que de supervisión."Los poderes de la junta en Detroit eran distintos, ya que no era una junta ‘federal’ nombrada por el Congreso, sino por el gobierno local. En el caso de D.C. (que sí era federal), la junta tenía poderes más amplios que en Puerto Rico y era una verdadera junta de ‘control’. El ‘poder de control’ de la Junta en Puerto Rico viene por sus poderes amplios y exclusivos para certificar y supervisar presupuesto y planes fiscales", indicó el exjuez de quiebras Gerardo Carlo.Esos poderes presupuestarios, sin embargo, sirven para apalancar la voluntad del organismo creado por la Ley Promesa, explicó, por su parte, el abogado experto en quiebras Rolando Emmanuelli."Solicitar esa información a la luz de los poderes que tienen es importante al momento de decretar ajustes de política pública", señaló Emmanuelli."No hay duda de que este nivel de solicitud específica sobre el funcionamiento y la gerencia de la Asamblea Legislativa es una microgerencia. En la medida en que los gastos de la Asamblea Legislativa tienen un impacto presupuestario, la Junta tiene el poder de entrar a este nivel de detalle", dijo el experto en Derecho Constitucional Carlos E. Ramos González.Específicamente, la JSF les solicita a ambos poderes gubernamentales informes de liquidez, balances en cuentas bancarias, información sobre la asistencia de los empleados y los...

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