Irá a subasta El Vocero
miguel díaz román
miguel.diaz@gfrmedia.com
Landrau notificó su decisión durante la primera reunión con los acreedores del diario, a la que El Nuevo Día tuvo acceso en la etapa inicial, pero debido a una determinación de la síndico se le impidió a este diario estar presente en una segunda etapa, cuando se desalojó el salón de audiencias para que pudieran participar otros acreedores. Posteriormente una reportera de El Vocero sí fue admitida en sala.
La información sobre la inminente subasta fue confirmada por la licenciada María M. Figueroa Morgade, representante del Municipio de San Juan, y por el abogado Rafael González, representante de la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra). Ambos estuvieron presentes cuando la síndico hizo el anuncio. González sostuvo que Landrau establecerá la fecha de la subasta en noviembre, las condiciones para los posibles licitadores y el precio inicial.
Otros abogados que asistieron a la reunión indicaron que probablemente la subasta se celebre antes del 30 de noviembre, cuando se cumplirían los 45 días que concedió la jueza Mildred Cabán Flores, a pedido de CIN, para mantener el periódico en marcha hasta que se decida su liquidación.
El anuncio de la subasta se da como resultado de las insistentes preguntas efectuadas por una nutrida representación de exempleados del diario, quienes mostraban abiertamente su insatisfacción por la manera como habían sido despedidos y por el impago de sus salarios.
Incluso, los exempleados cuestionaron que fueron citados como acreedores a pesar de que no trabajaban para CIN, sino para empresas afiliadas. Esto sacó a relucir, nuevamente, la existencia de las empresas afiliadas, que no figuran en los documentos de quiebra presentados en el Tribunal. Estas empresas son News Distributors, Multi-Media Enterprise, Multi-Media Management, Multi-Service Company, La Prensa Libre de PR y Prime Printing.
Una investigación de este diario encontró que estas empresas "satélite", creadas en 2009 por Miller y Miguel Roca, recibieron más de $20 millones en incentivos laborales del gobierno, mientras que las corporaciones lograron evadir la prohibición que impide que las empresas que arrastran deudas con el Estado reciban fondos públicos.
Landrau solicitó información sobre la ubicación de las empresas, sus responsabilidades y sus activos. Tanto Miller como José Muñoz, director de finanzas, se comprometieron a presentar toda la documentación solicitada.
Por su parte, el...
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