A juicio por el fraude en Guaynabo
Por Nydia Bauzá
nydia.bauza@gfrmedia.com
Además, falló en contra de los policías municipales Gerardo Tapia Reyes, Cynthia Pagán Porrata, Luis E. Villegas García, Juan Enrique Correa Plata y el sargento César Beltrán Colón. El juez determinó causa contra todos los acusados en los cargos de apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y archivo de documentos o datos falsos.
Sin embargo, desestimó los cargos de perjurio porque "no se presentó prueba", con excepción de los casos de Miranda Gallardo, Villegas García y Beltrán Colón. El juicio quedó programado para el 27 de noviembre y el acto de lectura de acusación se pautó para el próximo 29 de octubre.
Una investigación de El Nuevo Día reveló numerosos casos de electores -entre ellos varios policías y empleados municipales de Guaynabo- que usaron direcciones falsas para poder participar en la primaria entre el entonces representante Ángel Pérez y el hoy legislador Antonio "Tony" Soto, quien fue apoyado por el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill.
Un informe de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) referido al Departamento de Justicia y avalado por todos los partidos políticos reveló la posible comisión de delitos. En la vista preliminar, que inició el pasado 9 de octubre y culminó anoche, declararon varios testigos, entre ellos, las empleadas de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) de Guaynabo, Dilia Vázquez Centeno, Diana Rodríguez y Carmen Rondón Romero. Las tres testigos declararon, a preguntas de los fiscales Lorraine Soto Pietri y Edmanuel Santiago Quiles, sobre las transferencias por cambio de dirección, precinto y unidad electoral que hicieron los imputados bajo juramento, entre el 29 y el 30 de enero de 2012, de cara a la primaria.
Vázquez Centeno declaró que después que Miranda Gallardo solicitó la transferencia, en marzo de 2012, un elector se presentó a la JIP y dijo que la imputada le había "tomado su dirección prestada".
La testigo dijo que refirió el asunto a la CEE.
Los abogados de defensa, Luis O. Rodríguez, Ana Quintero, Ernie Cabán y Alexis Acevedo, argumentaron que los acusados no fueron identificados en corte abierta, pero el juez dijo que "era suficiente el testimonio (de las empleadas de las JIP que hicieron las transferencias) para determinar causa probable".
Rodríguez, quien representó a tres de los imputados, dijo que la determinación de causa no era conforme a derecho y dejó entrever que someterá una solicitud de desestimación de los cargos a nivel del...
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