Junta pide aval para los bancos

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que le permita seguir utilizando las cuentas bancarias que posee en la actualidad al asegurar que, de lo contrario, el gobierno podría experimentar “un daño irreparable” al verse impedido de proveer los servicios de salud, seguridad y bienestar a la población.

De acuerdo con la moción radicada la noche del miércoles, el ente federal que asumió el rol de deudor en nombre del gobierno puertorriqueño solicitó a la jueza Taylor Swain que, para despejar las dudas ante la protección del Título III, emita una orden que permita a los bancos transferir, aceptar depósitos o retiros sin que ello represente ninguna obligación para las instituciones depositarias.

“Tal orden minimizará la oportunidad para la confusión o malos entendidos y reducirá la necesidad para intervenciones futuras de la corte para atender asuntos relacionados”, reza la moción.

Según el recurso de la JSF, aunque bajo la ley federal PROMESA no aplican ciertas restricciones del código de bancarrota en las cuales se requiere autorización para utilizar los sistemas de efectivo de la entidad acogida a ese remedio, “los bancos podrían estar en duda” de si continuar efectuando transacciones para las agencias de gobierno.

Aunque parecido a un proceso de bancarrota, el Título III de PROMESA estará dirigido a sanear las finanzas del gobierno, permitiendo al estado, representado por la JSF, modificar sus obligaciones de deuda con todo tipo de acreedores.

El dinero en bancos privados. El año pasado, cuando el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) perdió la validación como entidad bancaria de la Reserva Federal, el Gobierno transfirió decenas de cuentas a Banco Popular y Citigroup.

Con la movida, el Gobierno comenzó a depositar los ingresos nuevos, pero también aquellos que el Fondo General reclamó de corporaciones públicas a raíz de la Ley de Moratoria. Tras la decisión, los asesores legales del grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales advirtieron a Banco Popular que tomarían acción si los llamados fondos sujetos a “claw back” no se usaban para pagar la deuda constitucional.

Ahora, según la JSF, los bancos dudarían en prestar sus servicios bancarios al Gobierno ante “la falta de familiaridad” con la ley federal PROMESA.

Señalada la...

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