Justicia federal defiende constitucionalidad de la ley Promesa
El Procurador General de Estados Unidos defendió anoche la constitucionalidad de la ley federal Promesa, señalando –entre otras cosas– que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es un organismo creado por el Congreso de los Estados Unidos, la figura que rige la gobernanza de los territorios estadounidenses.
En un memorando de derecho de unas 46 páginas, la abogada especial Jean Lin, así como la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez dijeron a la jueza Laura Taylor Swain que la ley federal que se aprobó de manera bipartita hace poco más de un año es constitucional porque no viola la separación de poderes en el gobierno federal y porque la JSF es una entidad territorial y sus integrantes no actúan como oficiales del gobierno de Estados Unidos.
“En última instancia, la relación entre la JSF y el gobierno federal se entiende mejor en términos del estatus de Puerto Rico como un territorio y la autoridad plenaria del Congreso sobre este bajo la cláusula territorial”, reza el memorando de Justicia federal.
Celebra la Junta
“Le damos la bienvenida a los argumentos legales del Procurador General de Estados Unidos en apoyo de Promesa y la constitucionalidad de la Junta”, indicó en declaraciones escritas, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.
“Promesa fue creada por el Congreso para darle a Puerto Rico las herramientas para enfrentar su insostenible situación financiera y establecer un camino hacia la recuperación económica. La devastación de los huracanes María e Irma hace más importante que nunca el tener un proceso ordenado para restablecer las finanzas de la isla, proveer supervisión y aumentar la confianza entre residentes y negocios mientras se mantiene un trato equitativo con los acreedores”, agregó Jaresko.
La controversia
La defensa del Departamento de Justicia federal a la constitucionalidad de Promesa es la respuesta del gobierno estadounidense a la demanda que el fondo de inversiones Aurelius Capital, tenedor de bonos del gobierno de Puerto Rico, radicó el pasado 7 de agosto. Entonces, Aurelius pidió a la corte federal desestimar el proceso de bancarrota que inició la JSF a nombre del gobierno puertorriqueño a través del Título III de Promesa.
Aurelius alega que tanto el plan fiscal aprobado por la JSF como el proceso de ajuste de deudas que busca Puerto Rico son nulos porque el organismo que controla las finanzas públicas de la isla es ilegítimo, pues el proceso que se utilizó para nombrar a sus integrantes es contrario a la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba