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Justifican la privatización de los muelles turísticos

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Vincent

La negociación entre el gobierno de Puerto Rico y el proponente preferido para reparar, expandir, mantener y operar nueve muelles marítimos en la Bahía de San Juan continua a puerta cerrada y cobijada bajo la Ley de Alianzas Público-Privadas.Sin embargo, los directores ejecutivos de la Autoridad de Puertos y de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Joel Pizá y Fermín Fontanés, respectivamente, aseguraron ayer que el ganador del contrato de casi 30 años - que esperan anunciar en un mes- deberá respetar las tarifas y los acuerdos preferenciales que el gobierno sostiene con las líneas de crucero."Es bien importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que las tarifas van a estar en manos de la Autoridad de Puertos. Las tarifas no las va a controlar el concesionario. El control de las tarifas lo mantiene el gobierno de Puerto Rico", afirmó Pizá, quien no negó cambios a las tarifas, pero sí indicó que cualquier incremento deberá ser anunciado con al menos un año de anticipación.Asimismo, Fontanés explicó que "los contratos preferenciales que discutimos al principio se mantienen tal y como están. Las líneas de crucero que tienen derechos preferenciales hasta el 2037, su modelo de negocio sigue siendo el mismo, no cambia. Seguimos nosotros pagando lo que debemos y dándole los beneficios preferenciales (acordados)".Y aunque Pizá afirmó que el estimado de inversión de casi $250 millones para reparar los muelles turísticos 1, 3, 4, y el Panamericano 1 y 2 -que siguen en operación-, así como los $75 millones para los muelles 11 al 14 -que quedaron en desuso hace casi diez años-, no son punto de contienda, ya que aún no sabe cuánto podrá ingresar Puertos por otorgar exclusividad a uno de los proponentes y recibir una tajada de sus ganancias anuales.Esas otras dos fuentes de ingreso, puntualizó el director ejecutivo de Puertos mientras recorría el decrépito muelle 12 junto a El Nuevo Día, son esenciales para conocer cuánto dinero puede destinar a amortiguar la deuda de más de $250 millones que sostiene la autoridad, sin trastocar la operación del muelle de Ponce, el aeropuerto regional de Mayagüez, entre...

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