Legal poner cortapisas a la JSF
Aún si el próximo martes, el Senado aprobara el proyecto de ley enmendado por la Cámara de Representantes para derogar la Ley 80 de 1976 y así concretar el acuerdo que pactaron la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es posible que las partes terminen, de todas formas, en los tribunales.
Según una opinión de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, a la que tuvo acceso El Nuevo Día, la Asamblea Legislativa tiene la autoridad para establecer como condición que la Ley 80 quedará derogada siempre y cuando el organismo creado bajo la ley federal Promesa no altere diversos compromisos de asignaciones presupuestarias futuras por los próximos cinco años.
La opinión de Vázquez Garced emitida ayer se produjo luego de que Rosselló Nevares le pidiera su consejo. Específicamente, el mandatario pidió a la funcionaria analizar la enmienda que la Cámara de Representantes hizo al proyecto de administración que busca derogar la Ley 80. Derogar el estatuto que concede ciertas protecciones a un trabajador del sector privado despedido injustificadamente es uno de los requisitos establecidos por la JSF en el Plan Fiscal certificado el pasado 18 de abril.
La enmienda de la Cámara baja establece que el estatuto que servirá para dar muerte a la Ley 80 quedará sin efecto si el organismo federal “incumple” en cualquier momento con el pacto que suscribió con Rosselló Nevares y que contempla diversos aspectos.
Entre las condiciones que la JSF no podría cambiar según el proyecto que ahora regresa al Senado figura honrar las partidas de presupuesto acordadas con el mandatario como el fondo de $350 millones a los municipios, el dinero para el bono de Navidad de los empleados públicos hasta un fondo de becas de la Universidad de Puerto Rico y un fondo de $345 millones para inversiones en desarrollo económico.
Presupuesto intocable
Además, tomando en cuenta que el acuerdo que la JSF y Rosselló pactaron contempla que la Legislatura no vería cambios en su presupuesto, la nueva versión del proyecto para derogar la Ley 80, aseguraría que mientras la UPR, la Judicatura, el gobierno central y los municipios verían recortes significativos según el Plan Fiscal, la Legislatura continuaría con su presupuesto inalterado por los próximos cinco años.
“No encontramos impedimentos constitucionales a que se incorpore la cláusula de vigencia contenida en el P. del S. 1011, texto aprobado por la Cámara de Representantes al 14 de junio de 2018”...
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