Legisladores retan acuerdo con la Junta
Las diferencias entre las ramas Ejecutiva y el Legislativa surgieron ayer en el primer día de vistas públicas para discutir la posible derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976).
La importancia de la Ley 80 en el marco de los derechos laborales, la falta de poderes que tiene la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para derogar o aprobar estatutos, la ausencia de datos que prueben los efectos positivos de recientes cambios a leyes laborales y la insistencia del gobierno en evitar un encontronazo en los tribunales con el ente a cargo de las finanzas de la isla salieron a flote en las vistas de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.
La Comisión de Gobierno evalúa el proyecto de la Cámara 1634 para eliminar la Ley 80, como lo exige la JSF, y el proyecto del Senado 1011, que aunque también también el estatuto, lo hace de manera prospectiva.
Cinco miembros de la Rama Ejecutiva abogaron por la aprobación del proyecto de la Cámara porque, según dijeron, se ajusta al acuerdo alcanzado entre el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y los miembros de la JSF. La JSF y el gobernador acordaron derogar la Ley 80 a cambio de más dinero en el presupuesto y de proteger, solo por los cinco años de vigencia del plan fiscal el bono de Navidad y las licencias mínimas pagadas de vacaciones y enfermedad.
Los deponentes argumentaron que no derogar la Ley 80 crearía un ambiente de “incertidumbre” en la isla. Además, insistieron en que “lo preferible en estos momentos” era evitar un pleito legal con la JSF.
En medio de la vista pública y contestando un pedido de la Comisión, la JSF envió una carta dejando claro qué no aprobaría si no se cumple con el acuerdo pactado con el primer ejecutivo. La misiva tuvo el efecto de aumentar la discusión.
De inmediato, saltó la falta de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. El gobernador recalcó que el carácter prospectivo de la derogación era irrelevante, puesto que negoció con la JSF derogar la Ley 80 a partir de enero próximo. “Este acuerdo es de beneficio para el pueblo”, dijo en una actividad en la que entregó $1 millón a cada municipio producto de un fondo creado para la recuperación tras el azote del huracán María.
Reconoció que la JSF no tiene poder para derogar o aprobar leyes, pero dejó claro que su intención no es acudir a los tribunales. “Me he leído Promesa de arriba pa’ abajo, de abajo pa’ arriba y hacia los lados en múltiples ocasiones. Me conozco esa ley a la perfección...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba