Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Agosto de 2011, número de resolución KLCE201100592
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201100592 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 31 de Agosto de 2011 |
LEXTA20110831-057 Vega Torres v. Vega Torres
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
| JOSÉ MANUEL VEGA TORRES EX PARTE Peticionario JOSEFINA MARIA VEGA TORRES, ISABEL GLADYS VEGA E IRIS VEGA TORRES Parte Recurrida | KLCE201100592 | Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce CASO NÚM.: JJV2007-1073 (603) SOBRE: Carta Testamentaria |
Panel integrado por su presidente, el Juez López Feliciano, y el Juez Hernández Serrano y la Jueza
Birriel Cardona.
López Feliciano, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico a 31 de agosto de 2011.
El peticionario José M.
Vega Torres solicita que revoquemos una resolución dictada por la Sala Superior de Ponce del Tribunal de Primera Instancia (TPI), ordenándole al Albacea Testamentario enmendar el Informe de Inventario de los bienes de doña Fundadora Longina Torres Barriera para incluir la propiedad objeto de la controversia, su precio de venta y su valor real para el año 2004.
Los hechos e incidentes esenciales y pertinentes para disponer de este recurso son los siguientes:
El 21 de enero de 1989 doña Fundadora Longina Torres Barriera (señora Torres Barriera), también conocida como doña Luz María Torres Barriera, otorgó testamento abierto ante notario público. Según consta en dicho testamento estuvo casada en primeras y únicas nupcias con Don Manuel Vega Rodríguez y de quien estaba divorciada. El matrimonio procreó ocho hijos, de nombres: Ramón Luis, Iris, Isabel, José Manuel (el peticionario), María, Josefina, Gladys y Telesforo, todos de apellidos Vega Torres, quienes estaban vivos al momento del otorgamiento y a quienes instituyó como sus únicos y universales herederos, en partes iguales.
La testadora expresó ser dueña en pleno dominio de una parcela y residencia que ubica en la Calle Millonario del Barrio El Tuque de Ponce. Además, consignó tener una cuenta de ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan XXIII. Designó al peticionario como su albacea testamentario, para que ocurrido su fallecimiento practicara las diligencias necesarias hasta la completa terminación de la testamentaría.
El 31 de agosto de 2004 la señora Torres Barriera, mediante la escritura de compraventa número 118, otorgada ante el notario Gamalier
Pagán Marín, vendió a los esposos José Manuel Vega Torres, el peticionario, y a doña Gladys
Martínez Seda por el precio de $40,000.00 la siguiente propiedad:
RUSTICA: Parcela marcada con el número trescientos veintidós (322) del plano de parcelación de la Comunidad Rural Canas, del Barrio Canas del término municipal de Ponce, Puerto Rico, con una cabida de mil siete punto cuatrocientos nueve metros cuadrados (1.007.409 m\c), equivalentes a cero punto doscientos cincuenta y seis diezmilésimas
de cuerda (0.0256 cdas.) En lindes por el NORTE con la parcela número trescientos veinticuatro (324), por el
Esta propiedad había sido adquirida por la señora Torres Barriera mediante escritura pública sobre Rectificación y Compraventa de Nuda
Propiedad, otorgada ante notario público en San Juan, Puerto Rico, el 24 de noviembre de 2003.
El 3 de agosto de 2007 el TPI dictó sentencia designando al peticionario como albacea testamentario del caudal hereditario de su madre, la señora Torres Barriera, según fue la voluntad de ésta manifestada en el testamento abierto otorgado en 1989. El 2 de marzo de 2009 dicho foro concedió 10 días al peticionario para notificar a todas las partes con interés el inventario de todos los bienes de la causante existentes y sujetos a partición.
El 18 de marzo de 2009 la parte recurrida, compuesta por Josefina
María, Isabel Gladys e Iris Vega Torres, objetó el inventario debido a que el peticionario no incluyó el valor real del bien inmueble que compró a la causante escasamente un mes antes de ésta morir. Según dicha parte, el precio de $40,000.00 pagado por la propiedad era menor que el justo valor que ésta tenía en el mercado al momento del negocio jurídico.
Plantearon que la diferencia en dichas cantidades constituyó una donación y, por tanto, debía considerarse como un anticipo de la cuota hereditaria a un heredero forzoso, salvo que la causante hubiera dispensado de colacionar.1
En este caso la causante no expresó que la propiedad en controversia estaba dispensada de ser colacionada.
El 6 de agosto de 2009 el TPI ordenó la tasación de la propiedad a la fecha de la compraventa. El 14 de abril de 2010 la parte recurrida objetó la tasación de la propiedad efectuada por el tasador Benedicto Bonilla, debido a que fue determinada a base de su valor para el año 2009. Dicha parte anunció que presentaría como perito de impugnación al tasador Salvador Márquez, quien rindió su informe el 7 de junio de 2010.
El 13 de septiembre de 2010, el TPI celebró una vista en la que escuchó el testimonio de ambos tasadores, así como del peticionario. La parte recurrida también presentó como evidencia documental fotografías de la residencia y un Informe de valorización de la propiedad.
El 25 de mayo de 2011 el TPI dictó la resolución recurrida. Surge de la misma que el señor Bonilla adjudicó a la propiedad un valor en el mercado de $45,000.00. No obstante esa tasación correspondía al año 2009 y no a la fecha de la compraventa en el año 2004. Además adjudicó a la propiedad una depreciación física acelerada de un treinta por ciento, basada en el estado de deterioro del techo que la imposibilitaba para el albergar personas. Sin embargo, reconoció que tal estado y la depreciación de la propiedad fueron ocasionados por el abandono y falta de mantenimiento en que el peticionario mantuvo la propiedad desde el año 2004.
Del testimonio del peticionario el TPI concluyó que para el año 2004, en el que falleció la señora Torres Barriera, la propiedad en controversia estaba en condiciones habitables. Éste declaró que compró el inmueble a su señora madre, quien según acordaron, habitaría la propiedad hasta su muerte. Este hecho ocurrió en el año 2004. El peticionario aceptó que desde el fallecimiento había tenido el control de la propiedad, a la cual no le había dado mantenimiento.
El tasador Salvador Márquez declaró que para el año 2004, la propiedad en controversia tenía un valor en el mercado de $65,000.00.
Su tasación estuvo basada en el precio de venta en el 2004, a base de otros inmuebles cercanos y en el costo de construcción de propiedades similares para el mismo año. Atestó que se comunicó con el Lcdo. Félix Negrón, quién en el 2004 preparó un acta sobre el inmueble, para conocer cuál era el estado del inmueble a esa fecha. A lo que éste le informó que estaba en condiciones normales, lo que pudo corroborar por las fotos que el licenciado Negrón había tomado de la propiedad. También tomó en consideración las expresiones que le hizo el peticionario, de que no le daba mantenimiento a la propiedad y que estaba abandonada debido a que era objeto de un pleito judicial.
El TPI descartó totalmente el informe de tasación redactado por el tasador Benedicto Bonilla e hizo acopió del informe de tasación redactado por el tasador Salvador Márquez, a base del cual concluyó que estaba sostenido por datos pertinentes a una tasación justa en el mercado de propiedades. En consecuencia, ordenó al peticionario a enmendar el Informe del Inventario del caudal, para incluir la descripción de la propiedad que adquirió de la causante en el año 2004, el precio de venta pagado y el valor real para esa fecha, el cual era de $65,000.00. Realizadas las enmiendas, el peticionario debía entonces redactar el informe final de sus gestiones, el cual debería notificar a todas las partes. Aprobado el mismo, quedaría relevado de sus funciones y a petición de parte con interés, se realizaría entonces la partición conforme a la ley y al derecho de cada uno de los herederos.
II.
Inconforme, con el dictamen, la parte peticionaria acudió ante nos mediante el presente recurso de certiorari en el que alega que:
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al adjudicar sobre la legitimidad de un negocio jurídico careciendo de jurisdicción sobre una parte indispensable.
Erró el Honorable Tribunal...
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