Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Marzo de 2012, número de resolución KLAN201101480

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLAN201101480
Tipo de recursoApelación
Fecha de Resolución30 de Marzo de 2012

LEXTA20120330-16 Nido v. Policía del ELA de PR

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

PANEL IV

RAFAEL J. NIDO, INC. Apelante V. POLICÍA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO; ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (ASG); ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE JUSTICIA Apelados KLAN201101480 Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan CASO NÚM. K CD2010-0646 Sobre: EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres

Fraticelli Torres, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 30 de marzo de 2012.

La apelante Rafael J. Nido, Inc. nos solicita que revoquemos la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que denegó su solicitud de sentencia sumaria y desestimó la causa de acción que presentó contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ejecutar una sentencia en cobro de dinero.

Luego de evaluar los méritos de recurso y de considerar los argumentos del Procurador General de Puerto Rico, resolvemos confirmar la sentencia apelada. Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen esta decisión.

I

El 12 de julio de 2006 la corporación Rafael J. Nido, Inc. (Nido) presentó una demanda de cobro de dinero en contra de los demandados Richard F. Lee Foundation Inc. y Richard F. Lee III.1

Adujo que los demandados le adeudaban $35,914 por la instalación de una verja alrededor del Cuartel de la Policía de Cupey y la instalación de vallas de seguridad en el Cuartel de Cupey Bajo, realizadas en septiembre de 2005. Luego de los trámites procesales de rigor, ambas partes sometieron al Tribunal de Primera Instancia una estipulación en la que los demandados se allanaron a que se declarara con lugar la demanda y se les condenara a pagar $36,064 a Nido, más intereses a razón de 9% computados anualmente desde el 12 de julio de 2006.

Las partes también acordaron y solicitaron que la sentencia fuese, final, firme e inapelable desde la firma de la estipulación.2

El Tribunal de Primera Instancia acogió la estipulación de las partes y el 18 de diciembre de 2006 dictó una “Sentencia de Archivo por Estipulación”, en la que incorporó al dictamen todos los términos de la estipulación y decretó el archivo definitivo del caso. La parte demandada incumplió con lo estipulado, por lo que Nido solicitó la ejecución de la sentencia. El Tribunal de Primera Instancia dictó la orden solicitada y emitió el mandamiento de ejecución el 6 de septiembre de 2007.

Ante la inhabilidad de ejecutar la sentencia de cobro de dinero debido a que desconocía el paradero de la parte demandada, el 8 de junio de 2010 Nido presentó una demanda de cobro de dinero en contra del Estado Libre Asociado (ELA), la Policía de Puerto Rico y la Administración de Servicios Generales (ASG), para reclamarles el precio que no fue satisfecho por Richard F. Lee Foundation, Inc. y Richard F. Lee III, los subcontratistas que tuvieron a su cargo la construcción de las verjas. Como estos no cumplieron la sentencia estipulada y desconocían su paradero, Nido decidió reclamar al ELA los $43,768.48 que aquellos le adeudaban, al amparo del Artículo 1489 del Código Civil, 32 L.P.R.A. sec. 4130, porque el Estado es el dueño de la obra en la que invirtieron su trabajo y materiales. Además, también reclamaron al ELA por ser deudor solidario de la deuda y por enriquecimiento injusto.

En resumen, Nido adujo en su demanda que mediante una Resolución Conjunta se le asignaron a la Policía $351,240 para mejoras al cuartel de Cupey, en las que se incluyeron las verjas, y que la ASG sería la administradora del proyecto para el ELA, como dueño de la obra; que Nido fue subcontratada por Richard F. Lee Foundation, Inc. y Richard F. Lee III para la construcción de la verja del cuartel de Cupey, lo que resultó en beneficio del ELA; que los subcontratistas no le pagaron el costo de la construcción de la verja, por lo que se les demandó y recayó sentencia en su contra; por tal razón el ELA, como dueño del proyecto, está obligado a pagar la reclamación hecha en la demanda; y la ASG, como administradora de los fondos con que se pagaría la construcción de la verja, está obligada a expedir la correspondiente certificación para que se le pague lo que se le adeuda.

El ELA contestó la demanda y alegó que no existía contrato alguno entre las partes del caso ni con otras partes para la construcción de la verja en controversia y que ni la sentencia dictada en el caso Civil Núm. KICD2006-2044 ni la estipulación realizada por Nido y Richard Lee Foundation vinculaban al ELA, por no haber sido parte en el pleito.

Nido cursó al ELA un requerimiento de admisiones y autenticidad de documentos en el que le sometió varios escritos y documentos, de los que supuestamente surgía la legitimidad de su reclamación,3 y le solicitó al ELA y a la Policía que admitieran haberlos recibido, así como la certeza de ciertos hechos. El ELA no contestó el requerimiento de admisiones, por lo que Nido solicitó oportunamente que se diera por admitido todo su contenido. El Tribunal de Primera Instancia emitió una orden a esos efectos el 5 de enero de 2011.

Posteriormente, el 17 de febrero de 2011 Nido presentó una “Urgente Solicitud de Sentencia Sumaria”, para que el Tribunal de Primera Instancia dictara la sentencia a su favor a base del requerimiento de admisiones, ya que no existía controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho esencial, por lo que procedía dictar la sentencia como cuestión de derecho.4

El Tribunal de Primera Instancia ordenó a la parte demandada a expresarse.

El ELA se opuso a la solicitud de sentencia sumaria y argumentó que existen hechos esenciales que están en controversia. Por ejemplo, sostuvo que nunca ha existido un contrato entre el ELA y Richard F. Lee Foundation, Inc., alegada subcontratista, para la construcción de una verja de alambre eslabonado en el Cuartel de la Policía de Cupey; que la sentencia en el caso KICD2006-2044 únicamente obliga a esa Fundación, quien estipuló y se allanó a la reclamación de Nido en aquel pleito; que el ELA no formó parte de aquel caso por lo que esa sentencia no lo obliga; y que el señor Luis Orlando Rivera Torres, quien fue autorizado por la Richard F. Lee Foundation, Inc. a firmar la estipulación con Nido, informó al ELA de su interés en declarar que el único obligado a pagar la deuda a Nido es la Fundación que él representó en la estipulación. El ELA también argumentó que había que cuestionarse por qué el ELA no formó parte del pleito KICD2006-2044, si desde ese momento se conocía que el cuartel de la Polícía de Cupey es una estructura del gobierno central. Asimismo, el ELA argumentó que no procedía que se dictara sentencia sumaria a favor de Nido porque tampoco existía un contrato u obligación con este para la construcción de la referida verja.

Más aún, el ELA arguyó que todos los comprobantes y la Resolución Conjunta de fondos aprobados para la construcción y mejoras del Cuartel de Cupey no autorizan la construcción de una verja de alambre eslabonado, como alega Nido. Por lo dicho, sostuvo que existe controversia sobre si esos fondos estaban destinados al pago de la construcción de la mencionada verja.5

El Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia parcial el 15 de septiembre de 2011 en la que desestimó la causa de acción presentada contra el ELA para el cobro de la sentencia por estipulación dictada en el caso Civil Núm. KICD2006-2044.

Resolvió que esa responsabilidad debía determinarse en un pleito separado. En cuanto a la causa de acción al amparo del Artículo 1489 del Código Civil, declaró no ha lugar la sentencia sumaria, debido a que existen controversias de hechos esenciales sobre esa reclamación.

Inconforme con ese dictamen, Nido apeló ante nos de esa sentencia y plantea que el Tribunal de Primera Instancia cometió tres errores al: (1) abusar de su discreción y desestimar la solicitud de sentencia sumaria de la apelante, al concluir que quedaban controversias pendientes en cuanto a la acción al amparo del Artículo 1489 del Código Civil; (2) al hacer letra muerta las Reglas 23.1, 33 y 47 de Procedimiento Civil, después del Tribunal de Primera Instancia haber admitido el Requerimiento de Admisiones y de Autenticidad de Documentos y el ELA no haber reconsiderado o apelado esa decisión; y (3) al condicionar la reclamación de la apelante a la existencia de un contrato que al Tribunal de Primera Instancia le consta que no existe.

El Procurador General compareció en representación de la parte apelada.

Consideremos cada señalamiento por separado.

II

- A -

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R.

308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R.

881, 911 (1994); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010).

El promovente debe presentar una moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1.Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 609 (Pubs. J.T.S. 2000). La controversia sobre los hechos materiales o esenciales que generan el...

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