Sentencia de Tribunal Apelativo de 29 de Junio de 2012, número de resolución KLAN200901511

LEXTA20120629-034 Asociación Residentes de La Serranía

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

REGION JUDICIAL CAGUAS

PANEL ESPECIAL

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE LA SERRANÍA, INC. Demandantes-Apelados V. PEDRO J. VIVONI BEATY, ET ALS Demandados-Apelantes MORA DEVELOPMENT, CORP. Interventora

KLAN200901511

Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas Sobre: Cobro de Dinero Caso Civil Núm.: ECD2006-0921

Panel especial integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza Carlos Cabrera y el Juez Rodríguez Casillas.

Rodríguez Casillas, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2012.

El 29 de octubre de 2009 el señor Pedro J. Vivoni Beaty, y otros (en adelante la parte el apelante) comparecieron a este foro apelativo para solicitar la revocación de una sentencia emitida el 29 de septiembre de 2009 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.¹ Mediante el referido dictamen se declaró con lugar la segunda demanda enmendada sobre cobro de dinero presentada por la Asociación de Residentes de La Serranía, Inc. (en adelante Asociación de Residentes o apelados) contra la parte apelante. Además, se declaró con lugar la demanda de intervención presentada por Mora Development, Corp. (en adelante Mora Development). De igual modo, se declaró con lugar la moción de desistimiento parcial presentada por la Asociación de Residentes. Por último, se declaró no ha lugar la moción de desestimación contra la prueba presentada por la parte apelante.

La parte apelante alega, en síntesis, que los gastos correspondientes a guardias de seguridad son parte de los gastos de operación y administración de un sistema de control de acceso establecido ilegalmente, por lo que no son exigibles legalmente y deben deducirse de la cuota de mantenimiento que éstos adeudan a la Asociación de Residentes.

Por su parte, la Asociación de Residentes alega, en resumen, que el control de acceso establecido en la Urbanización La Serranía es legal y que los gastos atribuibles a los servicios de guardias de seguridad y mantenimiento de la caseta de los guardias no forman parte de éste. Añade que estas partidas son exigibles legalmente a la luz de la Escritura de Condiciones Restrictivas otorgada por el apelante al momento de la compraventa de una propiedad en dicha urbanización.

Conformado este panel especial el 1 de agosto de 2011 para la resolución de esta apelación y otros casos, hemos de examinados los alegatos de ambas partes y nos encontramos en posición de resolver.

-I-

Examinemos primeramente los hechos procesales que dan origen al presente recurso.

El 9 de mayo de 2006 la Asociación de Residentes de la Urbanización La Serranía en Caguas presentó una demanda en cobro de dinero contra Pedro J. Vivoni Beaty, su esposa; la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; y otros setenta (70) residentes de dicha urbanización.

En la demanda se reclamaba el pago de cuotas de mantenimiento, intereses, penalidades y honorarios de abogado que la Asociación de Residentes alegaba se le adeudaban hasta el 31 de marzo de 2006.²

La conferencia con antelación al juicio se llevó a cabo el 14 de mayo de 2008. En el Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados, la Asociación de Residentes alegó que al comprar una propiedad en la Urbanización el apelante se obligó a cumplir con los términos y condiciones de la Escritura sobre Condiciones Restrictivas que grava la misma y desde ese momento tenía la obligación de contribuir al pago de cuotas de mantenimiento, independientemente de si era el desarrollador o los titulares quienes administraban la Asociación de Residentes. También adujo que el Municipio Autónomo de Caguas (el Municipio) había aprobado debidamente el control de acceso de la Urbanización. Indicó que la doctrina de actos propios le impedía al apelante impugnar su obligación de contribuir a las cuotas de mantenimiento.

Ello, dado que el apelante le había pagado a la Asociación de Residentes cuotas de mantenimiento antes y después del traspaso de la administración, y no solicitaba, ni deseaba, la eliminación del control de acceso.

Por su parte, el apelante alegó en el informe que Mora Development, como desarrolladora de la urbanización, tenía la obligación de pagar todos los gastos de mantenimiento hasta que la administración de la Asociación de Residentes fuese traspasada a los titulares. Añadió que no tenía que pagar cuotas de mantenimiento porque el control de acceso era ilegal, y que la Asociación de Residentes era un alter ego de Mora Development, utilizado para cobrar ilegalmente cuotas de mantenimiento.

El 3 de junio de 2008, el apelante solicitó al foro primario la desestimación del caso, argumentando que Mora Development era parte indispensable. Alegaba que la Asociación de Residentes le había vendido las cuotas de mantenimiento a Mora Development mediante el contrato con el cual se traspasó la administración de dicha entidad.

En respuesta a lo anterior, la Asociación de Residentes alegó que el contrato de traspaso tenía el propósito de que Mora Development realizara las gestiones de cobro de las cuotas de mantenimiento adeudadas hasta el 31 de marzo de 2006, a nombre y para beneficio de la Asociación de Residentes. Esto, debido a que los libros de contabilidad habían estado a cargo de empleados de Mora Development.

Así las cosas, el foro primario ordenó la intervención de Mora Development y determinó que la Asociación de Residentes permaneciera en el pleito.

El 10 de junio de 2008, Mora Development presentó una demanda de intervención, donde alegó que las cuotas reclamadas en la demanda le pertenecían a la Asociación de Residentes. En la alternativa, solicitó que si el tribunal determinaba que se le habían cedido las cuotas, se condenara a la parte apelante a pagarle a Mora Development las cantidades en cuestión. El 22 de julio de 2008, la parte apelante presentó su contestación a la demanda de intervención de Mora Development y reconvino en su contra.

La vista en su fondo se celebró los días 29 y 30 de julio y 12 y 19 de agosto de 2008. La Asociación de Residentes y Mora Development presentaron como testigos a Carlos Silva Gil, Vice-presidente de Operaciones de Mora; José Merced Blanco, administrador de la Asociación de Residentes hasta el 31 de marzo de 2006; Eduardo Reyes, Presidente de la Asociación de Residentes; y Sandra Velázquez Rivera, Directora de la Oficina de Planificación del Municipio. Además, presentaron amplia prueba documental.

Terminado el desfile de prueba de la Asociación y de Mora Development, la parte apelante presentó una moción de desestimación contra la prueba bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil (Non Suit), a la que se opusieron verbalmente la Asociación de Residentes y Mora Development. El tribunal de instancia se negó a dictar sentencia, posponiendo la resolución de la moción hasta que se presentara toda la prueba de la parte apelante. En respuesta a esa determinación, la parte apelante no presentó prueba testifical ni documental y sometió su caso.

Luego, el 22 de septiembre de 2008, la Asociación de Residentes presentó su Moción de Desistimiento Parcial y Oposición a “Moción de Desestimación contra la Prueba”. En el referido documento se alegó que en la vista del 12 de agosto de 2008, la Asociación de Residentes había desistido con perjuicio de cobrar la partida atribuible a los gastos de mantenimiento del portón de entrada de la Urbanización. Por lo tanto, la Asociación de Residentes indicó que a las cuotas reclamadas se le debían reducir las cantidades atribuibles a dichos gastos. Añadió que, en vista de su desistimiento, se tornaba académica la controversia sobre la supuesta ilegalidad del control de acceso.

Evaluada y aquilatada la prueba presentada, el tribunal de instancia dictó sentencia el 29 de septiembre de 2009, notificada el 1 de octubre del mismo año. Mediante el referido dictamen, se declaró con lugar la Segunda Demanda Enmendada sobre cobro de dinero presentada por la Asociación de Residentes. Consecuentemente, se condenó a cada uno de los 71 codemandados a pagar las sumas por concepto de principal de cuotas de mantenimiento, intereses y penalidades computadas hasta el 31 de marzo de 2006; 33% de honorarios de abogado; intereses legales post sentencia; y $300.00 por honorarios de abogado por temeridad. El foro primario también declaró con lugar la Demanda de Intervención presentada por Mora Development, en cuanto a determinar que las cuotas de mantenimiento en controversia pertenecían a la Asociación de Residentes; declaró Ha Lugar la Moción sobre Desistimiento Parcial… presentada por la Asociación de Residentes;³

y declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación contra la Prueba… presentada por la parte apelante.

Inconforme, el apelante presentó el recurso de apelación que nos ocupa el 29 de octubre de 2009, donde le imputa al foro de instancia la comisión de los siguientes errores que a continuación transcribimos:

Primero

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver que los únicos gastos en la Urbanización que requieren un control de acceso aprobado PARA SER LEGALMENTE EXIGIBLES son los gastos correspondientes al mantenimiento del portón del control de acceso de la Urbanización (incluyendo el motor del portón)

EXCLUYENDO como gastos para la OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN del sistema de control de acceso, los correspondientes al guardia de seguridad que trabaja en la caseta de donde controla el abrir y cerrar los portones para dar acceso a personas una vez los identifica de acuerdo a las normas aprobadas en, (sic) 144 (sic) Asoc. Pro Control de Acceso Calle Maracaibo, Inc. v. Cardona DPR 1, p. 32 (1997) (Pág. 13 de la sentencia apelada).

Segundo

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver que la parte demandada al presentar una Moción de...