Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Agosto de 2012, número de resolución KLCE201200535

Panel integrado por su presidente el Juez Cabán García, la Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Medina Monteserín.

Cabán García, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2012.

En contra del Recurrido Wilfredo Martínez Maldonado se presentaron denuncias por infracción al Art. 204 del Código Penal (Escalamiento Agravado) y Tentativa Art. 4D de la Ley 105 (Apropiación Ilegal de Materiales de Cobre)¹ por hechos ocurridos el 24 de octubre de 2011 en Barceloneta, Puerto Rico. Pautada la vista preliminar para el 8 de noviembre de 2011 ante el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, el Recurrido renunció por escrito a su celebración, lo que conllevó que se determinara causa probable por los delitos imputados. Una vez radicadas las acusaciones el Recurrido solicitó la modificación de su fianza, pues se encontraba sumariado desde su arresto. Celebrada la correspondiente vista el tribunal la autorizó el 2 de diciembre de 2011, sujetó a que el Recurrido ingresara para tratamiento en un Hogar Crea.

Luego de diversos trámites procesales sobre el descubrimiento de prueba, el juicio fue pautado para el 3 de febrero de 2012. Ese día el Recurrido renunció a su derecho a juicio por jurado y presentó una moción sobre alegación pre-acordada. Según el documento, que solo aparece suscrito por el Recurrido y su abogado, el Recurrido haría alegación de culpabilidad por los delitos imputados y sería referido “a evaluación para beneficio de la Regla 247.1”. De conformidad con la minuta de 3 de febrero de 2012, el TPI aceptó la alegación de culpabilidad, pero dejó en suspenso el fallo, refiriendo al Recurrido para evaluación e informe pre-sentencia.

El 20 de marzo de 2012 se celebró la vista de pronunciamiento de sentencia. Ese día el TPI recibió el informe pre-sentencia del Recurrido, el cual era favorable para el beneficio al cual fue referido. No obstante, el Ministerio Público expresó su oposición a que se le concediera los beneficios del Programa T.A.S.C., en referencia al desvío que contempla la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal. La posición del M.P. se fundamentó en que la apropiación ilegal de materiales de cobre tipificada en el Art. 4D de la Ley 105 está excluida de los beneficios del Programa de los Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas (“Drug Court”), y que esa política pública también debía prevalecer en los casos de T.A.S.C., a pesar de ser otro programa distinto. A pesar de la oposición del M.P. el tribunal emitió Resolución al amparo de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, manteniendo el fallo en suspenso y ordenando al Recurrido mantenerse bajo el tratamiento que le indicara su oficial probatorio. Disponiendo además, que la libertad a prueba impuesta sería por un término de tres (3) años.

Ante la inconformidad del M.P.

con la decisión del TPI, presentó el recurso de certiorari donde cuestiona la determinación de dicho foro de conceder al Recurrido el beneficio de un desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal sin haber mediado la anuencia del M.P., en inobservancia del texto de la referida regla. Además, de que la actuación del TPI era contraria a la Ley de Sentencia Suspendida que excluía el delito de escalamiento agravado. El Recurrido, por su parte, mediante escrito en oposición plantea que él cualificaba para los beneficios del Programa T.A.S.C., que el M.P. no podía negarse arbitrariamente a la concesión del beneficio y que en última instancia el tribunal era el que tenía la autoridad final.

A los fines de la consideración del recurso ordenamos la transcripción de las vistas del 3 de febrero y 20 de marzo ante el TPI y la presentación del Protocolo del Programa T.A.S.C. y elevación de los autos originales. Con lo anterior y los argumentos de las partes procedemos a resolver.

El Art. VI Sec. 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que será parte de su política pública el propender, dentro de los recursos disponibles, el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social. En armonía con dicha política pública se ha mantenido vigente desde hace varias décadas la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1027 y ss. Mediante esta legislación se le permite a un convicto la oportunidad de cumplir su sentencia o parte de esta fuera de las instituciones carcelarias, siempre que observe buena conducta y cumpla las condiciones impuestas por el tribunal. Pueblo v. Zayas Rodriguez, 147 D.P.R. 530, 535-536 (1999). Se ha reconocido que este tipo de legislación promueve un interés dual. Por un lado mitiga las consecuencias de la imposición de la pena al convicto, pues evita su reclusión. Por otro lado, promueve el interés social en la prevención y corrección del crimen, minimiza los costos sociales y económicos de la reclusión, a la vez que propicia que el convicto se convierta en un miembro útil de la sociedad. Ibid.

Ante el eventual reconocimiento de que parte de la actividad delictiva respondía al problema de adicción a sustancias controladas, se desarrollaron otros programas de rehabilitación cuando el principal motivo del ofensor al delinquir responde a su condición adictiva. Así es que en la década de 1970 surgió el Programa T.A.S.C. (Treatment Alternatives to Street Crimes) como una alternativa de desvío judicial para personas que su actividad delictiva estuviera relacionada o vinculada a su necesidad de uso de sustancias controladas.² En Puerto Rico dicho programa fue incorporado a las Reglas de Procedimiento Criminal mediante la Ley Núm. 3 de 10 de febrero de 1976, que añadió la Regla 247.1 y a la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) le fue delegada su desarrollo e implantación.

El desvío establecido por la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal no fue la única alternativa establecida legislativamente. La Ley de Sustancias Contraladas en su Art. 404(b)(1) también establece una probatoria especial para tratamiento y rehabilitación, donde tampoco se hace un pronunciamiento de culpabilidad. 24 L.P.R.A. sec. 2404(b)(1). Medidas similares se han incorporado en otras leyes con miras a lograr el objetivo de rehabilitación y evitar la reincidencia en conductas antisociales y delictivas. Véase, Art. 3.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 L.P.R.A. sec. 636.

Estas alternativas de rehabilitación sirvieron luego como base para el establecimiento del Programa de Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas conocido también como “Drug Court” o “Cortes de Drogas”. El programa de Cortes de Drogas también busca la rehabilitación y la reducción de la incidencia criminal relacionada al abuso de sustancias controladas. El énfasis del programa es mediante una supervisión judicial amplia e intensa, operando en coordinación con otros componentes del sistema de justicia criminal que permite los servicios de apoyo necesarios. Véase, Guía Uniforme para la Operación del Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas, Noviembre 2011. Este programa es parte de una nueva corriente filosófica jurídica conocida como justicia terapéutica. Se ha indicado que este nuevo enfoque refleja un reconocimiento de que “…el método tradicional de justicia criminal de encarcelamiento o probatoria no ha demostrado ser efectivo para disminuir la incidencia criminal con las drogas…” Dra. Ana M. López Beltrán, Transformación del Sistema Penal y sus Implicaciones Éticas: El Modelo Jurídico Terapéutico y las Cortes de Drogas.

Aunque el Programa de Cortes de Drogas en...