Sentencia de Tribunal Apelativo de 27 de Junio de 2013, número de resolución KLAN201201363
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201201363 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 27 de Junio de 2013 |
| | | Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala de Bayamón Civil núm.: DCD2007-2999 ACCIÓN CIVIL COBRO DE DINERO |
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la Jueza Varona Méndez y la Juez Gómez Córdova.
Gómez Córdova, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2013.
Compareció ante nosotros CC1 Limited Partnership (CC1 o apelante) para solicitar que revisemos una sentencia notificada el 12 de junio de 2012 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (foro primario, apelado o Instancia), luego de presentada una oportuna moción de reconsideración de tal dictamen, así como determinaciones de hechos adicionales. Por los fundamentos que expondremos a continuación, se modifica la Sentencia apelada. Así modificada, se confirma.
Poseemos autoridad para entender en los méritos de las controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; en las Reglas 13-22 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13-22; y en la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2(a).
A continuación reseñaremos los hechos procesales y fácticos relevantes a los asuntos planteados en el caso del epígrafe, según surgen del extenso apéndice presentado junto al recurso.
El 15 de octubre 2007, Metal Building Construction, Inc. (MBCI o parte apelada) presentó una demanda contra CC1 en cobro de dinero1. En síntesis, alegó que en el mes de abril de 2005, las partes suscribieron un contrato en el que se estipuló que MBCI realizaría trabajos de corte, relleno y movimiento de tierra en un terreno propiedad de CC1, ubicado en el Municipio de Cayey, con el fin de preparar dicho terreno para la construcción de un estacionamiento y un almacén. Sostuvo que el precio acordado por estos servicios fue $664,800.00 y dicho trabajo sería completado en el plazo de ocho (8) meses.
Según la parte demandante, aquí apelada, al comienzo del contrato CC1 requirió unos cambios a los trabajos a ser realizados, por lo que el costo aumentó por la cantidad adicional de $61,500.00, para un total de $726,300.00. Alegó además que en el contrato se estipuló que, de existir material rocoso en el proyecto, podrían utilizarse explosivos, previa notificación a CC1, quien se encargaría de los costos adicionales. Añadió que, comenzada la obra de extracción de tierra, MBCI encontró material rocoso que le impidió continuar con los trabajos según pactados. Tras comunicarle la situación a CC1, MBCI propuso la utilización de explosivos para concluir el proyecto. Ante la negativa de CC1 al uso de explosivos, se procedió a utilizar equipo pesado y especializado para remover el material rocoso, cuyo costo fue de $391,274.10. Expuso MBCI que además tuvo que contratar operadores para manejar el equipo pesado, cuyos salarios ascendieron a $41,172.40. También indicó que contrató los servicios de ingenieros y agrimensores para ofrecer alternativas viables para terminar el proyecto, cuyo costo fue de $25,000. Alegó que el atraso en el proyecto es atribuible únicamente a CC1, quien supuestamente descartó alternativas viables propuestas para remover el material rocoso del terreno. Sostuvo MBCI que todo lo anterior elevó el costo de sus servicios a $1,183,746.50. Debido a que ya CC1 había pagado parte del costo de los servicios, MBCI reclamó la cantidad de $603,746.50, más $300,000 por el incumplimiento craso de contrato. Solicitó además honorarios de abogado por temeridad, costas y gastos.
El 26 de febrero de 2008 CC1 contestó la demanda y presentó una reconvención2. En su contestación a la demanda, CC1 aceptó únicamente que se suscribió un contrato en el 2005 para el corte y extracción de terreno en un predio en el Municipio de Cayey y que dicho contrato fue cancelado en el mes de agosto de 2006. Las demás alegaciones fueron negadas. Como defensas afirmativas, CC1 adujo que las cantidades reclamadas eran excesivas y no correspondían a los trabajos realizados, que MBCI incumplió con los términos del contrato y abandonó la obra y, que la contratación de ingenieros y agrimensores no fue autorizada por el dueño de la obra.
En su reconvención, CC1 sostuvo que el contrato suscrito estipulaba que, de requerirse extracción adicional en el terreno, MBCI se encargaría de los costos, pues anteriormente le había representado a CC1 que había inspeccionado el terreno completo y expuso las condiciones necesarias para realizar la extracción, que no incluía el uso de explosivos. Sostuvo que a pesar de ello, MBCI abandonó el proyecto y se negó a cumplir con los términos del contrato.
Indicó CC1 también que en el referido contrato se estipuló una cantidad diaria de $1,000.00 por atrasos en la obra, que al momento ascendía a $105,000. Además señaló que, ante la negativa de MBCI de culminar los trabajos, tuvo que contratar personal adicional, cuyo costo ascendió a $901,130.57. Aparte de estas cantidades, CC1 reclamó la suma de $1,000,000.00 en concepto de daños y pérdidas de ingreso, más honorarios de abogados, intereses, costas y gastos.
Posteriormente, CC1 enmendó su contestación a la demanda y su reconvención para incluir en sus defensas que al suscribir el contrato de corte y extracción de terreno MBCI incurrió en dolo incidental, por lo que no se encontraba en posición de exigir un remedio contra CC1. Añadió que debido a que el proyecto era uno por precio alzado, MBCI estaba impedida de exigir un aumento de precio.
En su reconvención enmendada, CC1 señaló que en vista del dolo incidental de MBCI, su demanda debía ser desestimada y la reconvención declarada con lugar.3 En respuesta, MBCI contestó la reconvención enmendada y negó la mayoría de las alegaciones presentadas. Como defensas afirmativas, sostuvo en esencia que los daños reclamados por CC1, si algunos, fueron causados por la propia reclamante y que quien incurrió en dolo fue CC1.
Luego de ulteriores trámites, se celebró el juicio en su fondo los días 19 al 22 de octubre de 2010; 7 al 9 marzo 2011; 1 de agosto de 2011; 31 de octubre de 2011; y los días 2 y 8 noviembre de 2011. Durante el juicio, MBCI presentó los siguientes testigos: el Sr. Jorge González Muñoz, presidente y dueño de Metal Building; el Sr. Roger Tovar, Chief Operating Officer de CC1; el Sr. Olvin Martínez; el Sr. Carlos Trigueros, ingeniero a cargo de la planta de CC1; y el Ing. José Criado, perito. Por su parte, CC1 presentó a los siguientes testigos: el Sr. Roger Tovar; el Sr. Carlos Trigueros; el Ing. Samuel Pérez; y el Ing.
Juan Díaz Belliard, este último como perito.
Aquilatada la prueba presentada, Instancia dictó sentencia el 8 de junio de 2012. Tras resumir el tracto procesal del caso, el foro apelado determinó que en el 2002 las partes suscribieron un contrato de corte y extracción de terreno en un predio perteneciente a CC1. Como parte de dicho contrato, las partes en esa ocasión estipularon que, de requerirse el uso de explosivos para realizar los trabajos, el dueño de la obra podía optar por contratar estos servicios aparte o enmendar sus términos con el contratista a los fines de incluir el uso de explosivos y pagar directamente por ellos. Determinó el foro primario que dicho contrato nunca se materializó por no contar CC1 con un lugar dónde disponer del material a ser extraído.
Determinó además que en el 2005 CC1 realizó un segundo estudio geotécnico4 el cual confirmó que el terreno tenía una tercera capa rocosa, la cual requeriría el uso de excavadora y martillos o, el uso de explosivos. Ese mismo año, CC1 y MBCI, a través de sus respectivos representantes, señores Tovar y González, reanudaron negociaciones y suscribieron un contrato. Igual que el contrato anterior, éste fue preparado por los abogados de CC1. Aunque el primer y el segundo contrato tenían objetivos similares de contratar servicios de corte, remoción y extracción del terreno, en el segundo se redujo la cantidad a ser extraída, el precio por metro cúbico y se pactó un plazo de ocho (8) meses para completar la obra con una penalidad de $1,000.00 por día de atraso. Instancia puntualizó que la última página del segundo contrato estaba en blanco, aunque iniciada. Según el testimonio del Sr. Jorge González, al otorgarse el contrato las partes se percataron de unos errores en la cantidad de material a removerse y el costo de ello, motivo por el cual quedó esa página, identificada como Exhíbit A, firmada para que CC1 la enmendara de acuerdo a los términos negociados.
El foro primario señaló en su dictamen que luego de que se removieran las dos capas de corteza terrestre del terreno, MBCI notificó que encontró una tercera capa rocosa cuya remoción requeriría equipo especial. Concluyó Instancia, fundamentándose en los testimonios, en las minutas de reuniones y certificaciones presentadas en evidencia, que CC1 aprobó la renta de equipo especializado para ello por la cantidad de $100,000.00. Así, MBCI gestionó la contratación de equipo especializado por la cantidad de $391,274.10 y la contratación de operaciones de esta maquinaria por la cantidad de $41,172.40.
De las determinaciones de hecho también surge que, desde el momento en que MBCI encontró la tercera capa rocosa en el terreno, le había notificado de esa situación a CC1 consistentemente y había informado que esto afectaría la terminación de los trabajos. El foro apelado no halló prueba que sustentara la alegación de CC1 en torno a que MBCI representó dolosamente que no habría necesidad para el uso de explosivos. Tampoco el...
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