Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Agosto de 2013, número de resolución KLAN201300253

LEXTA20130828-029 Rivera Dilan v. Doral Mortgage

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGION JUDICIAL DE SAN JUAN Y GUAYAMA

PANEL IV

MADELINE RIVERA DILÁN, CONSUELO DE JESÚS, JOSÉ MÉNDEZ NOA, IVELISSE FLORES COLÓN, OLGA E. COLÓN MEJÍAS, FRANCISCO NAVARRO SILVA, ANTONIO GELY MAURAS, ANTONIO CRUZ DÍAZ, SONIA I. RIVERA RIVERA, SUSANA MÉNDEZ DELGADO, EDWIN MARTÍNEZ, HERMILIANO MORALES RODRÍGUEZ, CRUZ DÍAZ MONTAÑEZ, MARÍA S. CINTRÓN LÓPEZ, LUIS O. FIGUEROA MORALES, LILIVETTE PABÓN BÁEZ, JEAN C. MERCADO, JOSÉ M. TORRES, CELIA RUIZ TORRES, CYNTHIA MORALES WESTERBAND, AURISTELA HERNÁNDEZ PLANADEBAL, ANTONIO HUERTAS CLAUDIO, EDNA RAMOS MORALES, LUIS DANIEL ROSA MORALES, YOBIRIS RAMOS WESTERBAND, JOHANNA CRUZ MORALES, JAIME RAFAEL HERNÁNDEZ CABÁN, FLORA MARÍA AYALA SILVA, WILFREDO ViLLODAS MELÉNDEZ, DARÍO JORGE BERMÚDEZ, CÁNDIDA TORRES MALAVÉ, JAIME PÉREZ FLORES, JAFIA VÉLEZ FONSECA, ELBA BLONDET SANTIAGO, PETER RENTAS LÓPEZ, WANDA DÍAZ RIVERA Y ANGÉLICA ÁLVAREZ RIVERA Apelantes v. DORAL MORTGAGE, DORAL FINANCIAL BANK, HF MORTGAGE BANKERS, BANCO HIPOTECARIO ABC, CARLOS M. BARENS PÉREZ, por sí y como representante de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta con su esposa FULANA DE TAL, M.C.C. DEVELOPERS CORP., AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PUERTO RICO, CORPORACIÓN ABC, FIADORES ABC, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS ABC, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS DEF, JOHN DOE Y JAMES DOE Apelados

KLAN201300253

APELACIÓN Procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Patillas CIVIL NÚM.: G3CI2009-00151 SOBRE: Dolo Contractual, Dolo Precontractual, Incumplimiento de Contrato, Violación a la Doctrina de los Actos Propios, Violación a la Ley Federal Truth in Lending Act, Daños y Perjuicios, Violación a la Ley de Instituciones Hipotecarias, Alter Ego

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Jueza Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres

Ramos Torres, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2013.

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones Madeline Rivera Dilán, Consuelo de Jesús de Jesús, José Méndez Noa, Hermiliano Morales Rodríguez, Ivelise Flores Colón, Olga E.

Colón Mejías, Francisco Navarro Silva, Antonio Gely Mauras, Antonio Cruz Díaz, Sonia I. Rivera Rivera, Susana Méndez Delgado, Cruz Díaz, Edwin Martínez, María S. Cintrón López, Lilivette Pabón Báez, Jean C. Mercado, José M. Torres, Celia Ruiz Torres, Yobiris Ramos Westerband, Cynthia A. Morales Westerband, Auristela Hernández PlanadeBall, Antonio Huertas Claudio, Edna Y. Ramos Morales, Luis Daniel Rosa Morales, Johanna Cruz Morales, Jaime Rafael Hernández Cabán, Luis O. Figueroa Morales, Jafia Vélez Fonseca, Cándida Torres Malavé, Flor María Ayala Silva, Wilfredo Villodas Meléndez, Darío Jorge Bermúdez, Jaime Pérez Flores, Elba Blondet Santiago, Peter Rentas López, Angélica Álvarez Rivera, Wanda I. Díaz Rivera (los apelantes) y nos solicitan que revisemos una sentencia emitida el 29 de enero de 2013 por la Sala Superior de Patillas del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante dicho dictamen el TPI desestimó con perjuicio la causa de acción instada por los apelantes y los condenó al pago de $5,000.00 en concepto de honorarios de abogado.

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la sentencia apelada.

I.

El 12 de agosto de 2009 los apelantes presentaron una demanda de dolo contractual, dolo precontractual, incumplimiento de contrato, violación a la doctrina de actos propios, violación a la ley federal “Truth In Lending Act”

daños y perjuicios y violación a la Ley de Instituciones Hipotecarias contra Doral Mortgage, Doral Financial Bank y HF Mortgage Bankers (los apelados). En la misma adujeron que para el mes de noviembre de 2005 uno de los apelados les concedió a cada uno de ellos un préstamo hipotecario para el financiamiento de sus residencias en la urbanización Valles de Patillas en el Municipio de Patillas. Sostuvieron que los apelados tenían pleno conocimiento de que las viviendas financiadas estaban situadas en una zona inundable, por lo que debieron informarles en los documentos de divulgación de los préstamos sobre la necesidad de la adquisición de una póliza de seguro contra las inundaciones.

Adujeron que también le tenían que informar sobre el costo de la mencionada póliza en el desglose de cargos por financiamiento, según dispuesto en la ley federal “Truth In Lending Act” (TILA) y el Reglamento Z, 12 C.F.R. 226.1 et seq.

Señalaron que con dichas actuaciones los apelados incurrieron en dolo contractual y precontractual y, además, violentaron la Ley de Instituciones Financieras. Así pues, solicitaron resarcimiento de daños bajo la ley TILA por una cantidad no menor de $350,000.00 por cada uno y resarcimiento en daños al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, ascendente a $75,000.00 por cada uno.

Por su parte, el 18 de octubre de 2009 los apelados presentaron su contestación a la demanda y negaron las alegaciones esenciales de la misma. Levantaron como defensa que la reclamación de los apelantes había prescrito parcial o totalmente.

El 20 de mayo de 2010 los apelantes instaron la primera demanda enmendada a los fines de incluir como demandados al señor Carlos M. Barens (desarrollador del proyecto residencial), M.C.C. Developers, Corp. (compañía desarrolladora) y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV). El 18 de junio de 2010 los apelados presentaron su contestación a la primera demanda enmendada.

Luego de varios incidentes procesales, el 30 de diciembre de 2010 los apelantes presentaron una “Moción Solicitando Sentencia Sumaria Interlocutoria, Sentencia Parcial o Resolución Interlocutoria”, en la cual solicitaron que el tribunal dictara sentencia sumaria y decretara la nulidad de tres (3) contratos¹ suscritos entre los apelados y Madeline Rivera Dilán, Consuelo De Jesús, José Méndez Noa, Ivelise Flores Colón, Olga E. Colón Mejías, Francisco Navarro Silva, Antonio Gely Maurás, Antonio Cruz Díaz, Sonia I. Rivera, Susana Méndez y Edwin Martínez los cuales fueron objeto de revisión por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financiera (OCIF). Arguyeron que la OCIF emitió una resolución el 20 de mayo de 2009, en la cual determinó que dichos acuerdos estaban en violación de la Sección 226.4(d)(2)(ii) del Reglamento Z y de los Artículos 10(B) y 11 del Reglamento Núm. 5722 de 21 noviembre de 1997 conocido como “Para Disponer sobre las Tasas de Interés y otros Cargos que podrán Cobrarse o Exigirse en determinadas Clases de Préstamos u Obligaciones” (Reglamento Núm. 5722).²

El 4 de febrero de 2011 el TPI dictó sentencia y desestimó la reclamación de daños y perjuicios entablada con la AFV. Así las cosas, el 22 de febrero de 2011 los apelados instaron un escrito en oposición a la solicitud de sentencia sumaria, en la que solicitaron que se dictara sentencia sumaria a su favor.

Sostuvieron que, aceptando como cierto lo determinado por la OCIF, la causa de acción de los apelantes había prescrito a tenor con la ley TILA, ya que el cierre hipotecario ocurrió hace más de un (1) año. Añadieron que a los apelantes que instaron la querella ante el OCIF, también les venció el término prescriptivo ya que el TPI es el foro con jurisdicción primaria

exclusiva para dirimir reclamaciones bajo la ley TILA. El 25 de mayo de 2011 los apelantes sometieron una “Moción en Oposición a que Se Dicte Sentencia de Forma Sumaria a Favor del Demandado”. En la misma alegaron que la reclamación al amparo de la ley TILA no había prescrito, que la misma no ocupa el campo en cuanto a la teoría cognoscitiva de los daños y que no existe contradicción entre la aludida doctrina y el estatuto federal. También plantearon que la presentación de la querella ante la OCIF interrumpió el término prescriptivo y el mismo quedó paralizado hasta que la referida agencia emitió su determinación final.

Aseveraron que el foro primario no es el foro con jurisdicción primaria exclusiva para atender los casos bajo la ley TILA.

El 4 de agosto de 2011 el foro de instancia desestimó las causas de acción en contra del señor Carlos M. Barens Pérez y de M.C.C. Developers, Corp.

Por otro lado, el 6 de marzo de 2012 los apelantes solicitaron enmendar la demanda por segunda ocasión con el propósito de incluir una causa de acción de nulidad de contrato en lo que respecta a los acuerdos que la OCIF dictaminó que estaban en violación al Reglamento Z y el Reglamento Núm. 5722.

El 26 de marzo los...