Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Octubre de 2013, número de resolución KLRA201300576
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLRA201300576 |
| Tipo de recurso | Recursos de revisión administrativa |
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2013 |
| LUIS E. CALDERÓN RIVERA | | REVISIÓN ADMINISTRATIVA Querellas Núm. 2012-100-029 2012-100-030 Sobre: Beca de Transportación Educación Especial |
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa
Colom García, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2013.
El Departamento de Educación [Departamento] representado por la Oficina de la Procuradora General solicita la revisión y revocación de una resolución emitida y notificada el 31 de mayo de 2013 por la Juez Administrativa del Programa de Educación Especial del propio Departamento.
Por los fundamentos que exponemos se modifica y confirma la resolución recurrida.
Como bien señala el Departamento, los hechos no están en controversia. Los menores L. Calderón y A. Calderón son hermanos, están registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación por impedimentos múltiples y varias condiciones de salud. Ambos menores requieren una silla de ruedas para su movilidad y son totalmente dependientes de la asistencia de un adulto. Residen en la zona rural del Barrio Cedro de Carolina y asisten a la Escuela José Severo Quiñonez en la zona urbana del mismo municipio. La distancia entre su residencia y la escuela es de 13.20 millas por tramo, lo que toma un tiempo aproximado de una hora por tramo. Estos menores no pueden acudir por sí mismos a la escuela, tienen que ser asistidos por un adulto y transportarse en un vehículo especialmente adaptado. Dicho vehículo tiene que ser especialmente diseñado con aditamentos particulares como rampa, asientos protectores, tanque de oxígeno, aparte de contar con un adulto que pueda atender cualquier emergencia médica que surja en el camino, pues ninguno de los menores habla ni camina.
La madre de los menores solicitó que se le reembolse el costo de la transportación de los menores a través del mecanismo de beca de transportación.
En la reunión del Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial [COMPU] del 21 de diciembre de 2010 se determinó como suma razonable por concepto de beca de transportación la cantidad de $35.00 por niño por día lectivo durante el año escolar 2009-2010. El Departamento de Educación no se expresó y no es hasta el 21 de marzo de 2011 que propone pagar $0.90 por alumno, por día lectivo.
Ante tales circunstancias la madre de los menores presentó querella ante el Departamento de Educación, la Juez Administradora celebró vista y emitió la resolución aquí cuestionada. Determinó que en ausencia de reglamentación que regule específicamente ese servicio a la luz de las circunstancias especiales del caso, es una suma razonable la tarifa de $35.00 para ambos menores por cada día lectivo para los años escolares 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.
Inconforme con tal determinación el Departamento de Educación comparece ante nos pues entiende que incidió al foro administrativo al concluir que procede el pago de treinta y cinco dólares ($35.00) por ambos menores por cada día lectivo por concepto de beca de transportación cuando la reglamentación aplicable expresamente establece que las becas de transportación se calcularán utilizando únicamente las tarifas establecidas por la Comisión de Servicio Público, que en este caso es de noventa centavos ($.0.90) por cada día lectivo.
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170-1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., y su jurisprudencia interpretativa nos exigen examinar toda determinación administrativa con cierto grado de deferencia. Esta norma va unida a una presunción de legalidad y corrección que debe respetarse mientras no se pruebe convincentemente lo contrario. López Borges v. Administración de Corrección, 185 D.P.R. 603 (2012); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116 (2000); Assoc. Ins.
Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425 (1997). Tal deferencia se observa por el conocimiento especializado que las agencias administrativas poseen en las áreas que estas regulan, siempre y cuando sus decisiones finales estén basadas en evidencia sustancial que obre en la totalidad del expediente administrativo. 3 L.P.R.A. sec. 2175; Blassini et als. v. Depto. Rec.
Naturales, 176 D.P.R. 454 (2009); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R.
592 (2006); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005); Metropolitana S.E. v.
ARPE, 138 D.P.R. 200, 213 (1995); Gallardo v. Clavel, 131 D.P.R. 275, 290 (1992); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). En la...
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