Sentencia de Tribunal Apelativo de 27 de Marzo de 2014, número de resolución KLCE201400320

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLCE201400320
Tipo de recursoRecursos de certiorari
Fecha de Resolución27 de Marzo de 2014

LEXTA20140327-020 Pueblo de PR v. Álamo Capeles

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS Y UTUADO

PANEL IX

EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Peticionario
V.
JOSÉ A. ÁLAMO CAPELES
Recurrido
KLCE201400320
CERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas Caso Núm.: ESVP20130272 al 0276 Sobre: ART. 130 (A) CP 2012 5 Casos

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez Gómez Córdova y la Jueza Vicenty Nazario.

Vicenty Nazario, Jueza Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico a 27 de marzo de 2014.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la Oficina de la Procuradora General en representación del Pueblo de Puerto Rico, en adelante el peticionario o el Ministerio Público, mediante recurso de certiorari, y nos solicita que revisemos y revoquemos una Resolución emitida el 11 de febrero de 2014 por la Sala Superior de Caguas del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante el aludido dictamen el TPI determinó en vista preliminar en alzada, que no existía causa probable para juicio.

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se expide el auto de certiorari solicitado, se revoca la Resolución recurrida, y se devuelve al foro primario para que se celebre la vista preliminar en alzada otra vez ante otro magistrado.

I.

Según surgen del expediente ante nuestra consideración, los hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes para disponer del recurso son los siguientes:

El 12 de septiembre de 2013 el Ministerio Público presentó cinco (5) denuncias contra el recurrido por haber infringido los Artículos 130(a) del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A.51911.

Las referidas denuncias imputan al Sr. Álamo Capeles haber sostenido en cinco distintas ocasiones, relaciones sexuales con una menor de 12 años de edad mediante una penetración sexual vaginal. El 16 de septiembre de 2013 el TPI determinó causa para arresto por el delito imputado de agresión sexual.2

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración el 20 de noviembre de 2013, se celebró la vista preliminar a tenor con la regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A Ap. II, habiéndose determinado por el foro primario no causa para juicio.3 Subsiguientemente, el 11 de febrero de 2014 se celebró la vista preliminar en alzada a tenor con la regla 24(c) de Procedimiento Criminal, supra. Durante dicha vista, el Ministerio Público presentó como prueba de cargo el testimonio de la víctima G.R.C.

Entendemos que para la controversia que atendemos, no es necesario detallar los pormenores del testimonio de la víctima, excepto que la menor de 12 años admitió que ya había sostenido relaciones sexuales con otra persona con anterioridad a estos hechos.4 Indicó además, que el recurrido no la obligó a tener relaciones sexuales y que estaba segura que él era quién la había embarazado5.

El Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía causa para juicio.6 La distinguida magistrada que presidió la vista realizó las siguientes manifestaciones, las cuales transcribimos ad verbatim:

La probabilidad, verdad, de que una persona sea sometida a juicio por un delito de esta naturaleza que, ciertamente, en la etapa en que estamos, por supuesto, que es de probabilidades, y que se someta a un juicio plenario por la naturaleza de los delitos…[sic], constituye, verdad una gran injusticia.

El bien jurídico que se pretende proteger es la minoridad. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que un adulto no se aproveche de la inocencia que representa el ser un menor de edad que, ciertamente por eso es que no aplica lo del consentimiento. Los menores no pueden consentir. Es que no se aproveche, verdad, de la inocencia de un niño para cometer un acto delictivo.

Entonces tenemos en este caso, como el derecho hay que aplicarlo…[sic] de manera…..[sic] que hay que tener todos los elementos de juicio además de lo que dice la ley, lo que es el derecho positivo, lo que es en justicia.

Tenemos una persona cuyo bien jurídico que la ley quiere proteger ya lo había perdido, verdad, por así decir, por otra persona adulta que no… por las razones que sea, no fue procesado. Esto, no se puede escoger, verdad a quién vamos a procesar cuando se trata de una menor que ha tenido relaciones sexuales con más de un adulto y que el adulto que se está procesando, precisamente, ni siquiera es el primero que se aprovechó de la inocencia de esa niña que lamentablemente….verdad…..no tiene.

Se mantiene la determinación de No Causa. Pueden retirarse. (Énfasis Suplido)

Inconforme con el aludido dictamen, el 14 de marzo de 2014 el Ministerio Público acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari. En esencia, lo que solicita es que se revise un patente error de derecho y un lamentable fracaso de la justicia, ya que el dictamen es totalmente contrario a derecho al considerar en su determinación el hecho de que no era la primera experiencia sexual de la víctima menor de edad y por lo tanto el recurrido no era el primer agresor.

Mediante Resolución del 18 de marzo de 2014 ordenamos al foro primario que remitiera en 24 horas, la grabación de los procedimientos de la vista preliminar en alzada.

Además, el 20 de marzo de 2014 emitimos una orden de mostrar causa al recurrido para que en un término de 5 días expresara razones por la cual no debiéramos revocar el dictamen recurrido. Expirado el término concedido, el recurrido no ha comparecido.

II.

Procede examinar la normativa que debemos considerar para disponer de este recurso.

A. Vista Preliminar

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, estableció el mecanismo de la vista preliminar, el cual está diseñado para evitar que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un procedimiento criminal por un delito grave. Es un procedimiento de creación estatutaria, cuyo objetivo es determinar si hay causa probable para expedir una acusación. Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho objetivo solo requiere que se establezca a nivel de probabilidad que se ha cometido un delito y que es probable que el imputado sea quien lo cometió. Ello se diferencia del objetivo del juicio en su fondo, el cual es determinar si han quedado establecidos más allá de duda razonable todos los elementos del delito y la conexión del acusado con éstos.

Lo que se busca en la vista preliminar, es evitar que se someta a un ciudadano al rigor de un proceso criminal por un delito grave, si no existe evidencia que así lo justifique. Pueblo v. García Saldaña, 151 D.P.R. 783, 788 (2000); Pueblo v.

Ortiz, Rodríguez, 149 D.P.R. 363, 374 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 665 (1985). Se trata de "un procedimiento preliminar al juicio que se celebra ante un magistrado para que se determine si el delito imputado en la denuncia ha sido cometido y si hay causa probable para creer que la persona así denunciada lo cometió". Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R.

37, 41 (1989). Aunque el peso de la prueba recae sobre el Ministerio Público, no requiere que sea tan convincente como para sostener una convicción.

Pueblo v. Pillot Rentas, 169 D.P.R. 746 (2006), Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 664. Es decir, basta con que el Ministerio Público presente prueba que tienda a establecer la existencia de todos los elementos de un delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, pues tal determinación no establece la culpabilidad o inocencia del acusado, ya que no representa una adjudicación final del caso. Pueblo v. Pillot Rentas, supra; Pueblo en interés del menor GRS, 149 D.P.R. 1 (1999); Pueblo v. González Pagán, 120 D.P.R. 684, 688 (1988); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, págs. 663-664. Su función no es establecer la culpabilidad o inocencia del acusado, sino averiguar si en efecto el Estado tiene adecuada justificación para continuar con un proceso judicial. En esta etapa, la prueba no tiene que evidenciar más allá de duda razonable la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra.

Como corolario de esta visión, el Ministerio Fiscal no está en la obligación de presentar toda la evidencia que posea en contra del acusado. Pueblo v. López Pumarejo, 113 D.P.R.

349 (1982). Solamente se requiere presentar aquella prueba constitutiva del quantum necesario para establecer que existe causa probable sobre todos los elementos del delito y su conexión con el imputado. Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972). Por ende, aunque el peso de la prueba sobre causa probable incumbe al fiscal, ésta no tendrá que ser de tal manera convincente como para sostener una convicción. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 DPR 279 (1974). Aun así, tiene que estar sostenida por prueba admisible, que establezca prima facie, un caso contra el imputado. Martínez Cortés v.

Tribunal Superior, 98 D.P.R. 652 (1970).

Por la naturaleza de la vista preliminar, la evaluación del magistrado sobre la credibilidad de los testigos, está supeditada al quantum de la prueba requerida en esta etapa procesal. Si de la prueba presentada no surge la probabilidad de que se haya cometido el delito o de que el acusado probablemente lo cometió, será su deber exonerarlo y ordenar su libertad. Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241 (1969). El quantum de prueba requerido para la determinación de causa probable también ha sido elaborado en la jurisprudencia interpretativa de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(p), cuando se discuten los criterios para dejar sin efecto la determinación de causa probable para acusar.

El Tribunal Supremo ha señalado que el elemento a considerarse es si existe o no ausencia total de prueba que tienda a demostrar que se ha cometido el delito imputado o que el acusado lo cometió. Pueblo v. Rivera Rivera, 141 D.P.R. 121, 131 (1996); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685, 692 (1994); Pueblo v...

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