Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Septiembre de 2014, número de resolución KLRA201400533

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLRA201400533
Tipo de recursoRecursos de revisión administrativa
Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2014

LEXTA20140930-138 Rivera Rosa v. Municipio de Carolina

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGION JUDICIAL DE SAN JUAN

PANEL I

EX PM CARLOS A. RIVERA ROSA
Recurrido
v.
MUNICIPIO DE CAROLINA
Recurrente
KLRA201400533
Revisión judicial procedente de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) CASO NÚM.: 09PM-162 SOBRE: Destitución

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres

Fraticelli Torres, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2014.

El Municipio Autónomo de Carolina nos solicita que revoquemos la resolución emitida el 15 de abril de 2014 por la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), que modificó la medida disciplinaria de destitución impuesta por el Alcalde al policía municipal recurrido, el señor Carlos Rivera Rosa, por una de suspensión de empleo y sueldo por noventa (90) días.

Luego de evaluar los méritos del recurso, de considerar los argumentos del recurrido y de examinar la transcripción de la vista formal celebrada ante la CIPA, resolvemos revocar la resolución recurrida y restituir la medida de la destitución.

Veamos los antecedentes fácticos y procesales, así como las normas de derecho que sirven como fundamentos de esta determinación.

I

El recurrente Carlos Rivera Rosa (señor Rivera) se desempeñaba como policía municipal en el Municipio Autónomo de Carolina. El 9 de mayo de 2008 el alcalde Hon. José C. Aponte Dalmau le envió una carta al señor Rivera en la que le informó su intención de destituirlo por violar el Artículo 6, Sección 2, incisos 6 y 7, y el Artículo 13, Sección 2(B), sobre Faltas Graves, específicamente las descritas en los incisos 2, 38, 52 y 70 del Reglamento de la Policía Municipal, aprobado por la Ordenanza 08, Serie 200-2001-05, de 31 de julio de 2000.1

El 17 de septiembre de 2008 se celebró la vista administrativa informal, a la que el señor Rivera compareció por derecho propio. El oficial examinador, licenciado José E. Rivera Llantín, rindió el informe correspondiente en el que concluyó que el señor Rivera aceptó todas las faltas cometidas pero solicitó la modificación de la medida disciplinaria a una de suspensión de empleo y sueldo por el término de noventa días. Recomendó al alcalde que mantuviese su intención de imponer como medida disciplinaria la destitución,2 pues el agente aceptó la comisión de las faltas imputadas.

El alcalde Aponte Dalmau acogió la recomendación del oficial examinador y el 8 de diciembre de 2008 notificó al señor Rivera su destitución del puesto que ocupaba como miembro del Cuerpo de la Policía Municipal, efectiva al recibo de la comunicación. En esa misiva se le apercibió al recurrente de su derecho a apelar ante la CIPA y el término para así hacerlo.

El señor Rivera apeló de esa determinación ante la CIPA. Planteó en la apelación que era un empleado de carrera, que se le expulsó de su puesto y que esa decisión se tomó de forma arbitraria y contrario a derecho. Solicitó que se dejara sin efecto la medida de la destitución y que se le pagaran todos los salarios y haberes dejados de devengar desde su expulsión sumaria.

El Municipio contestó la apelación y presentó sus defensas afirmativas ante la CIPA.3

Luego presentó una moción de desestimación y de disposición sumaria4 en la que argumentó que en la vista administrativa el recurrente aceptó que había incurrido en todas las faltas imputadas, por lo que no había controversia sobre esos hechos.5 De igual forma, planteó que el señor Rivera no alegó en su apelación que no hubiese incurrido en las faltas imputadas, sino que la determinación del Municipio fue arbitraria y caprichosa, aunque tampoco presentó fundamentos que sostuvieran tal planteamiento.6

Luego de examinar la apelación, la solicitud de desestimación del Municipio y la oposición presentada por el señor Rivera, la CIPA desestimó sumariamente la apelación en una resolución emitida el 24 de enero de 2012. Determinó que el señor Rivera solo alegó en la apelación que la determinación del alcalde fue arbitraria y contraria a derecho, pero no argumentó por qué; que el Municipio solicitó la desestimación sumaria del caso porque el recurrente aceptó los hechos imputados; y que el recurrente se opuso a la desestimación sumaria del caso, pero no acompañó junto a su oposición declaración jurada alguna en la que negara su aceptación de las faltas imputadas en la vista administrativa informal.7

Luego de la CIPA hacer referencia a la norma de que las admisiones de las partes facilitan la tramitación de los casos, pues relevan a la parte que la obtuvo de tener que probar ese hecho, concluyó que no le cabía la menor duda de que el señor Rivera violó las disposiciones del Reglamento de la Policía Municipal de Carolina y que admitió los hechos; que no existía controversia real de hechos ni de derecho; que no iba a intervenir con la discreción que tiene el alcalde de imponer la medida de destitución al recurrente; y que procedía la desestimación de la apelación conforme al Artículo 26 del Reglamento 7952.

Oportunamente, el señor Rivera solicitó la reconsideración de ese dictamen por los mismos argumentos expuestos en su oposición a la solicitud de desestimación o resolución sumaria presentada por el Municipio. La CIPA declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración del recurrente mediante resolución emitida el 14 de marzo de 2012. Inconforme, el señor Rivera acudió ante nos mediante un recurso de revisión judicial en el que planteó como único error que la CIPA incidió al determinar que no existía controversia de hechos que debían dirimirse en una vista.

Evaluado el recurso, este foro revisor revocó la resolución recurrida. Como cuestión de derecho, resolvió que el señor Rivera, como todo empleado público de carrera, tenía derecho a una vista formal en la cual pudiera, no solo cuestionar la veracidad de los actos que se le imputaron, sino la adecuación y razonabilidad de la drástica sanción de destitución que se le impuso. Por esta razón, devolvimos el caso a la CIPA para la celebración de la vista evidenciaria.

La CIPA recibió nuestro mandato y señaló la celebración de la vista evidenciaria para el 21 de enero de 2014. Compareció el señor Rivera representado por su abogado, así como el Municipio. Testificaron en la vista el señor Rivera y, por el Municipio, el Lcdo. Jesús Zambrana, Director del Departamento de Asuntos Internos, el Sr. Wilberto Moczó Marrero (sic), el Lcdo.

José Rivera Llantín y el Agente Wilmer Méndez. En la vista se admitió como prueba por estipulación tanto la grabación como la transcripción de la vista administrativa celebrada ante el Lcdo. Rivera Llantín. Además, se estipuló la autenticidad de un documento que contenía el resumen de todas las querellas previas presentadas por el Municipio contra el señor Rivera con las respectivas medidas disciplinarias impuestas en cada ocasión.

Aquilatada la prueba presentada y admitida en la vista, el 15 de abril de 2014 la CIPA dictó una nueva resolución en la que modificó la destitución del aquí recurrido a una suspensión de empleo y sueldo por noventa (90) días. El foro a quo entendió que las faltas cometidas por el señor Rivera Rosa eran solo reprobables y que no ameritaban el ser destituido.

Específicamente, la CIPA concluyó:

Las faltas cometidas por el apelante son solo reprobables. Dejar de entregar un equipo al momento de comenzar a cumplir una medida disciplinaria no constituye una conducta desordenada o de tal gravedad como para justificar su destitución. La conducta del apelante es solo reprobable, por lo que el Municipio Autónomo de Carolina no presentó la prueba clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas, necesaria para confirmar la destitución en el caso de marras. […] (Citas omitidas.)

(Subrayado nuestro.)

Oportunamente el Municipio de Carolina presentó una moción de reconsideración en la que alegó que la CIPA había incidido al modificar la medida disciplinaria impuesta por el alcalde. El Municipio basó su moción en que el apelante no presentó prueba alguna sobre los hechos en controversia, por el contrario, estipuló que había admitido que incurrió en las faltas que le imputaban.

También adujo el Municipio que quedó claro en la vista ante la CIPA que la declaración jurada que prestó el señor Rivera, para unirla a su moción de reconsideración, era inconsistente con lo admitido en la vista informal. Añadió que el apelante solo dio como excusa para su comportamiento los problemas personales que tuvo al terminar la relación con su compañera y mudarse a la casa de su señora madre. Además, el Municipio destacó que el record de medidas disciplinarias que tenía el apelante demostraba que el alcalde aplicó la disciplina progresiva que justificaba la destitución.

La CIPA declaró no ha lugar la moción de reconsideración del Municipio y añadió que solo podía adjudicar los hechos en controversia ante sí y que no podía tomar en cuenta hechos ya adjudicados por la autoridad nominadora y por los cuales ya le impuso otras medidas disciplinarias al apelante.

De esta resolución recurre ante nos el Municipio de Carolina mediante el presente recurso de revisión judicial en el que señala que la CIPA cometió dos errores: (1) no requerirle al recurrido que probara su caso mediante la presentación de evidencia, según lo requerido en la sentencia de 30 de agosto de 2012 de este Tribunal de Apelaciones, y (2) no tomar en consideración en su determinación el expediente previo de amonestaciones y suspensiones que tenía el aquí recurrido en el Municipio de Carolina, el cual apunta inexonerablemente que la destitución era procedente.

Analicemos el derecho aplicable a estos dos planteamientos.

II

-

A -

La Ley de la Policía Municipal, Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, autoriza a cualquier municipio a establecer un cuerpo de vigilancia y protección...

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