Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Abril de 2015, número de resolución KLAN201500405
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201500405 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2015 |
| | | APELACI�N procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce N�m. Caso: JPE2012-0548 Sobre: Despido injustificado; Ley N�m. 2 |
Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ram�rez, el Juez Berm�dez Torres, el Juez Flores Garc�a y el Juez S�nchez Ramos.
Per Curiam
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2015.
El 23 de julio de 2012, la parte apelante del presente recurso de apelaci�n, el se�or Oscar Silva Col�n present� una querella en la que alegaba haber sido despedido injustificadamente por su patrono, la parte apelada Medical Card System, Inc. La querella fue promovida y tramitada por la Ley N�m. 2 del 17 de octubre de 1961, seg�n enmendada, 32 LPRA 3118 et. seq. No surge de los procedimientos, la sentencia o los autos que los procedimientos hubiesen sido convertidos de unos sumarios a unos ordinarios.
El 12 de febrero de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emiti� una sentencia declarando No Ha Lugar la querella promovida por la parte apelante. La Sentencia fue notificada el 26 de febrero en el formulario OAT-704 de notificaci�n de sentencias.
El 24 de marzo de 2015, el apelante present� un recurso de apelaci�n cuestionando la sentencia.
El 6 de abril de 2015, la parte apelada promovi� una moci�n solicitando la desestimaci�n del recurso promovido por la parte apelante. En la misma, sostuvo que el recurso de apelaci�n hab�a sido presentado fuera del t�rmino de 10 d�as que establece la Ley N�m. 2, supra. Por su parte, la parte apelante adujo que la notificaci�n de la sentencia result�
insuficiente por omitir una advertencia sobre el t�rmino que la parte apelante contaba para apelar la sentencia.
Examinadas las mociones y deliberados sus m�ritos por el panel de jueces, estamos en posici�n de adjudicarlas.
Seg�n se conoce, la Ley N�m. 2, supra, provee un procedimiento expedito para la tramitaci�n de las reclamaciones de un empleado contra su patrono por �cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de compensaci�n por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por compensaci�n en caso de que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa justificada�. 32 LPRA sec. 3118. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 503�504 (2003).
La intenci�n legislativa de este procedimiento excepcional es propiciar la celeridad en la adjudicaci�n de estos casos, garantizando al obrero la vindicaci�n pronta de sus derechos y la certidumbre de su situaci�n econ�mica y laboral. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494 (2003); R�os v. Industrial Optic, 155 D.P.R. 1 (2001); Mar�n v.
Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499, 510 (1997); Mercado Cintr�n v. Zeta Comm. Inc., 135 D.P.R. 737, 742 (1994); Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660, 665 (1987); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 D.P.R. 458, 460 (1986); D�az v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975).
El procedimiento sumario se distingue por: (1) t�rminos cortos para la contestaci�n de la querella presentada por el obrero o el empleado; (2) criterios para la concesi�n de una sola pr�rroga para contestar la querella; (3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono querellado; (4) el procedimiento para presentar defensas y objeciones; (5) criterios para la aplicaci�n de las Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitaci�n espec�fica sobre el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una prohibici�n espec�fica de demandas o reconvenciones contra el obrero o empleado querellante; (8) la facultad del Tribunal para dictar sentencia en rebeld�a cuando el patrono querellado no cumpla con los t�rminos provistos para contestar la querella, y (9) los mecanismos para la revisi�n y ejecuci�n de la sentencia y el embargo preventivo. Rivera v. Insular Wire Products, Corp., 140 D.P.R. 912, a la p�gs. 923�924.
En torno al proceso para recurrir de las determinaciones finales de los tribunales de primera instancia, mediante la Ley N�m. 133�2014 se estableci� un t�rmino de 10 d�as para apelar una sentencia bajo el procedimiento sumario.1
Cualquiera de las partes que se considere perjudicada por la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia podr� interponer recurso de apelaci�n ante el Tribunal de Apelaciones, en el t�rmino jurisdiccional de diez (10) d�as, computados a partir de la notificaci�n de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Id.
El Tribunal Supremo ha exigido la rigurosa observancia de los t�rminos y el procedimiento establecido mediante la Ley 2, supra, en aras de evitar que las partes desvirt�en su car�cter sumario.2
Un t�rmino jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable. Es por ello que los t�rminos jurisdiccionales no pueden acortarse, como tampoco son susceptibles de extenderse. Torres v.
Toledo, 152 D.P.R. 843, 851 (2000).
Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la jurisdicci�n que nos autoriza...
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