Sentencia de Tribunal Apelativo de 3 de Noviembre de 2015, número de resolución KLAN201500531
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201500531 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 3 de Noviembre de 2015 |
| NILL ESCOBAR MÉNDEZ; ZULMA I. GARCÍA LOPERENA; Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES compuesta por ambos | | Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla Civil Núm. A DP2013-0070 (601) Sobre: Discrimen en el empleo por razón de condición de salud; y despido injustificado al amparo de la Ley núm. 80 Daños y Perjuicios |
Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. El Juez Brau Ramírez no interviene.
Sánchez Ramos, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2015.
La Universidad Interamericana de Puerto Rico (“la Universidad” o “el Patrono”), comparece ante nosotros mediante recurso de apelación y nos solicita que revisemos una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, mediante la cual dicho foro, luego del correspondiente juicio, declaró con lugar una reclamación por despido injustificado presentada por el Sr. Nill Escobar Méndez (el “Empleado” o “Profesor”).
Por los fundamentos que se discuten a continuación, concluimos que: (i) a pesar de trabajar bajo contrato, el Profesor demostró ser acreedor a la protección de las leyes laborales pertinentes; (ii) la Universidad no demostró que fuera claramente errónea la determinación del foro apelado de que el despido fue injustificado; y (iii) para conceder honorarios en exceso del 15%
establecido por ley, era necesaria una solicitud fundamentada y bajo juramento de la representación legal del Empleado. Por tanto, se confirma la sentencia apelada, salvo aquélla parte relacionada con los honorarios concedidos por el foro apelado.
El Empleado comenzó a trabajar como Instructor de Computadoras en la Universidad, bajo un contrato temporero otorgado para el período del 22 de enero de 2003 al 30 de junio de 2003. Dicho contrato fue renovado el 19 de junio de 2003, para cubrir el período del 1 de agosto de 2003 al 31 de julio de 2004. Asimismo, desde el 1 de agosto de 2004, hasta el 31 de julio de 2006 el Empleado continuó trabajando bajo contratos de carácter temporero que se renovaban anualmente.
Luego, el 20 de junio de 2006, el Empleado firmó un contrato de carácter probatorio para el período del 1 de agosto de 2006 al 31 de julio de 2007.
El Empleado continuó sus labores en la Universidad bajo contratos de carácter probatorio, renovados anualmente, por el período del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2011. El sueldo que devengó el Empleado durante el período del último contrato fue de $3,355.00 mensuales. Además, la Universidad le hacía descuentos de su sueldo para el plan médico familiar, seguro social, medicare, y las contribuciones sobre ingreso.
El 8 de junio de 2011, la Universidad notificó al Empleado que, efectivo al 1 de agosto de 2012, no renovaría su contrato. La Universidad expresó que la “decisión fue tomada en gran medida por lo que se ha evidenciado como un servicio inadecuado a la Universidad Interamericana y la falta de apoyo a los procesos académicos del Recinto”.1
Inconforme con dicha determinación, el 15 de junio de 2011, el Empleado solicitó reconsideración ante el Rector de la Universidad (recinto de Aguadilla), pero éste confirmó la decisión recurrida mediante carta del 17 de junio de 2011. Así las cosas, el 1 de septiembre de 2011, el Empleado apeló la determinación ante el Comité de Apelaciones de la Universidad. Sin embargo, la apelación fue denegada el 7 de diciembre de 2011, por falta de jurisdicción debido a que fue presentada fuera de término.
El 6 de agosto de 2012, el Empleado acudió ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y presentó una querella contra la Universidad por alegado discrimen.
Posteriormente, el 12 de junio de 2013, el Empleado presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), reclamando daños y perjuicios ante la denegatoria de la Universidad de renovarle su contrato como Instructor de Computadoras. El Empleado alegó que la Universidad discriminó contra él por su condición de salud, acto prohibido bajo la Ley de Prohibición de Discrimen contra Impedidos, Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, 1 LPRA sec. 501 et seq (“Ley 44”). En la alternativa, solicitó el remedio de mesada que dispone la Ley de Indemnización por Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 et seq (“Ley 80”).
El 27 de septiembre de 2013, la Universidad solicitó que se dictara sentencia sumaria. Sostuvo que la reclamación de discrimen estaba prescrita y que la reclamación por despido injustificado no procedía debido a que el Empleado trabajaba por contrato.
Luego de varios trámites procesales, el 5 de febrero de 2014 el TPI dictó sentencia sumaria parcial desestimando, por prescripción, la causa de acción de discrimen bajo la Ley 44, supra. Además, concedió un término de 15 días a las partes para que se expresaran sobre la aplicación de la Ley 80 en el contexto de un profesor universitario.
La Universidad compareció y alegó que la doctrina prevaleciente dispone que las controversias que emanan de la relación de empleo del personal docente universitario se adjudican bajo la teoría general de las obligaciones y contratos. Por lo...
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