Sentencia de Tribunal Apelativo de 26 de Febrero de 2016, número de resolución KLCE201500557

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLCE201500557
Tipo de recursoRecursos de certiorari
Fecha de Resolución26 de Febrero de 2016

LEXTA20160226-009 Pueblo de PR v. Hernández Rubio

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-GUAYAMA

PANEL VII

EL PUEBLO DE PUERTO RICO
Peticionario v.
MARGARITA HERNÁNDEZ RUBIO
Recurrida
KLCE201500557
Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce Caso Núm. JVI2014G0001 J1TR201300874 J1TR201300875 Sobre: Art. 96 C.P., Art5. 7.02, 5.07 Ley 22

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2016.

The point of the Fourth Amendment, which often is not grasped by zealous officers, is not that it denies law enforcement the support of the usual inferences which reasonable men draw from evidence. Its protection consists in requiring that those inferences be drawn by a neutral and detached magistrate instead of being judged by the officer engaged in the often competitive enterprise of ferreting out crime.

1 Thus, “[w]e cannot […] excuse the absence of a search warrant without a showing by those who seek exemption from the constitutional mandate that the exigencies of the situation made that course imperative”.2

I.

Por hechos ocurridos el 18 de agosto de 2013, el Ministerio Público presentó sendas denuncias contra la señora Margarita Hernández Rubio. Le imputó un cargo de homicidio negligente en su modalidad grave, por conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.3 Incluyó infracciones a los artículos 7.02 y 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.4 Celebrada la vista preliminar, el Tribunal de Primera Instancia determinó causa para acusar.

Presentada la correspondiente Acusación, la Defensa solicitó se suprimiera el Informe Toxicológico. Se basó en que fue producto del análisis de unas muestras de sangre extraídas a la Acusada sin su anuencia, ni existiendo previa orden judicial.5 Al oponerse, el Ministerio Fiscal arguyó que la Acusada consintió al registro y que a la luz de la totalidad de las circunstancias, los agentes podían prescindir válidamente de obtener una orden judicial para tomar la muestra de sangre.

Celebrada la vista evidenciaria, el Foro a quo denegó la solicitud de supresión de evidencia. En su Resolución concluyó que la señora Hernández Rubio consintió válidamente al registro y que además, las circunstancias particulares del caso fueron del tipo apremiante o “situación de emergencia” que permitieron a los agentes interventores realizar el registro sin una orden judicial emitida previamente.

En desacuerdo, la señora Hernández Rubio recurrió ante este Tribunal mediante un recurso de Certiorari --KLCE201400929--. El 10 de julio de 2014 un Panel hermano denegó su expedición. Igual resultado obtuvo la señora Hernández Rubio al recurrir al Tribunal Supremo --CC-14-611--.

Así las cosas, el 9 de abril de 2015, en medio de la celebración del Juicio en su fondo por tribunal de derecho, la Defensa reprodujo en corte abierta su petición de que se suprimiera el Informe Toxicológico de las muestras de sangres extraídas a la señora Hernández Rubio.

A pesar de que el Ministerio Público objetó se re-dirimiera la controversia adjudicada en la vista de supresión previa, el Foro recurrido examinó los fundamentos originalmente expuestos en la vista de supresión, y junto a nuevos argumentos esgrimidos durante el Juicio,6 determinó que el Estado no rebatió la presunción de invalidez del registro efectuado sin orden judicial.7 Concluyó que el consentimiento prestado por la Sra. Hernández Rubio no fue real ni voluntario, debido a la desorientación o confusión en la que esta se encontraba al momento de consentir. Intimó además que las advertencias que le hizo el oficial de la Policía a los efectos de que negarse a la extracción de la muestra de su sangre constituía obstrucción a la justicia viciaron su consentimiento. Añadió que el Estado no logró establecer que la condición física de la Acusada era una condición imperiosa e inaplazable que la colocaba en una situación de peligro inminente, como circunstancia apremiante que permitiera obviar la obtención de una orden de registro.

Inconforme, el 30 de abril de 2015, la Procuradora General recurrió ante nos.8 Arguye que la señora Hernández Rubio consintió válidamente al registro. En la disyuntiva, señala que existieron circunstancias apremiantes que eximieron al Estado de tener que obtener una orden de registro. Con la comparecencia de las partes,9 los autos originales, las grabaciones de los procedimientos y el Derecho aplicable, procedemos a resolver.

II.

A.

Antes de entrar en los méritos, conviene definir nuestro marco legal al revisar la adjudicación por el Tribunal de Primera Instancia, de una moción de supresión de evidencia, previa vista evidenciaría. Se trata de una determinación mixta, de hecho y derecho, por lo que el estándar de revisión es uno híbrido. En aquellas cuestiones calificadas como estrictamente de derecho, el estándar aplicable es de novo, bajo el cual no debemos ninguna deferencia al foro primario. En cambio, de tratarse de determinaciones de hechos, el juzgador de primera instancia nos merece gran respeto y deferencia y solo intervendremos de haber mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba.10 En los casos en los que el Tribunal de Primera Instancia no expusiere las determinaciones de hechos, como suele ocurrir en asuntos de lo criminal, procede evaluar la prueba desde la perspectiva más favorable para la determinación recurrida. Iniciamos nuestra tarea, exponiendo aquella prueba vertida ante el Foro recurrido a los fines de adjudicar la supresión de evidencia solicitada.11

B.

El 18 de agosto de 2013, alrededor de las 2:00 de la madrugada, los agentes Ramón Oliveras Tirado y John Fernández Ayala se dirigieron a investigar una llamada recibida en el Cuartel, que se advertía de una persona conduciendo en contra del tránsito. Al aproximarse al lugar notaron que el tránsito se detenía y que en dirección contraria, no transcurrían vehículos. Al llegar observaron un vehículo en llamas, las cuales infructuosamente intentaron sofocar con un extinguidor. Según revelaron, pidieron a una grúa que había llegado al área que moviera el vehículo debido a que el incendio era producto de un aceite derramado. Extinguido el incendio, el agente Oliveras Tirado se comunicó al Cuartel para que enviaran maquinaria para cortar hierros y así poder sacar a una persona que se encontraba pillada en el interior de uno de los automóviles. También llamó a la ambulancia, bomberos y equipos de rescate.

Mientras el agente Olivares Tirado asistía a la persona pillada en el interior de uno de los autos, el agente Fernández Ayala se enfocó en atender a la conductora del otro vehículo. Le preguntó a la dama cómo se sentía y qué había sucedió. La dama, que se encontraba sola dentro del auto que conducía, le indicó que no sabía qué había sucedido y que se sentía bien. Según el Agente, el aliento de la mujer expelía un fuerte olor a alcohol. Cuando el grupo de emergencias médicas llegó al lugar, el agente Fernández Ayala se dirigió al otro vehículo dentro del cual había una persona pillada y se puso a la disposición del agente Oliveras Tirado. Este le indicó que estuviera “tranquilo, el carro ya no se va a incendiar”. Entonces, el agente Fernández Ayala regresó donde se encontraba la dama involucrada en el accidente. En esos momentos, personal de emergencias médicas desmontaban del vehículo a la mujer, quien al intentar pararse no se pudo sostener y se fue para atrás. El personal de emergencias médicas la colocó en una camilla y la trasladaron a la ambulancia.

El Agente entonces se dirigió a la ambulancia y le preguntó a la dama si tenía algún número de teléfono, tarjeta o identificación que quisiera ofrecer para poder contactar a algún familiar ya que en ese momento se desconocía su nombre. La dama le respondió “no”, “nah”.

Inmediatamente la transportaron al Hospital Metropolitano de Yauco. Después que se llevaron a la dama en ambulancia, el personal de emergencias tardó solo un poco más en sacar a la otra persona accidentada que se encontraba pillada en el otro vehículo y posteriormente, la transportaron al Hospital La Concepción de San Germán. El agente Oliveras Tirado procedió a tomar las medidas de la escena con las que posteriormente preparó un croquis. De acuerdo al agente Fernández Ayala, el traslado de la dama ocurrió a minutos de su llegada.12

Luego que la dama fue trasladada al Hospital, el agente Fernández Ayala retornó al vehículo que ella conducía en busca de alguna identificación que le permitiera contactar a alguna persona relacionada ella. Al hacerlo, encontró una botella que aparentaba ser vino. Tanto el agente Oliveras Tirado como Fernández Ayala aseguraron haberse enterado que la dama involucrada en el accidente se llamaba Margarita Hernández Rubio, una vez el agente Geraldo Bonilla Maldonado --investigador de la escena--, recopiló los datos. A pesar de que del Informe de Análisis Toxicológico se desprende que fue precisamente el agente Bonilla Maldonado la persona que ordenó la obtención de las muestras de sangre de la Sra. Hernández Rubio, el Ministerio Público no lo sentó a testificar. Optó por ponerlo a la disposición de la Defensa.

Por su parte, el agente Julio Ayala Rivera no estuvo disponible para el Juicio y las partes aceptaron utilizar la transcripción de su testimonio en la vista preliminar. El Tribunal de Primera Instancia resumió sus declaraciones en la vista preliminar como sigue:

Que el 18 de agosto de 2013, tomó servicio a las 4:00am […] indicó que al comenzar su turno recibió instrucciones de tomar un envase de sangre y acudir al Hospital Metropolitano, a tomar una prueba de sangre a la [Señora Hernández Rubio], en referencia al accidente ocurrido en la carretera número dos que se estaba investigando.

Declaró que...

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