Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Mayo de 2016, número de resolución KLRA201501389

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLRA201501389
Tipo de recursoRecursos de revisión administrativa
Fecha de Resolución31 de Mayo de 2016

LEXTA20160531-0125-

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

PANEL IV

DAISY CAMPOS JUARBE
Recurrente
v.
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS Recurrido
KLRA201501389
Revisión Administrativa procedente de la Comisión Apelativa del Servicio Público Caso Núm.: 2015-06-3747 2015CA001752 Sobre: Retribución-Trienio

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016.

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado el 14 de diciembre de 2015, comparece Daisy Campos Juarbe (en adelante, la recurrente). Nos solicita que revoquemos una Resolución emitida y notificada el 16 de noviembre de 2015, por la Comisión Apelativa del Servicio Público (en adelante, la CASP). A través del dictamen recurrido, la CASP tuvo por no radicada la Apelación instada por la recurrente, tras concluir que esta no corrigió una deficiencia notificada por dicho organismo administrativo dentro del término de cinco (5) días laborables, según dispuesto en el Artículo II, Secciones 2.1(d) y (e) del Reglamento Núm. 7313 de 7 de marzo de 2007, Reglamento Procesal de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (en adelante, Reglamento Núm. 7313) de la CASP.

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se confirma la determinación recurrida.

I.

Según surge del expediente ante nuestra consideración, la recurrente laboró en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos desde el 16 de febrero de 1994, y al presente ocupa un puesto gerencial de carrera como Especialista en Seguridad y Salud IV, en la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico del Departamento.

Por vez primera, mediante misiva del 8 de noviembre de 2013, la recurrente solicitó que se le otorgara un aumento de cinco por ciento (5%) por años de servicio, al amparo de la Sección 12.6 del Artículo 5 de la Ley 184-2004. El 24 de junio de 2014, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos le remitió una carta a la recurrente en la cual rechazó su solicitud de aumento de sueldo.

Explicó el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que el aumento por años de servicios constituía un aumento en beneficios económicos y que estos, en virtud del Artículo 11 (a) y (b)(i) de la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 66-2014, habían sido suspendidos. En dicha carta, no consta una advertencia el derecho de la recurrente a presentar apelación administrativa. Del expediente de autos no surge que la recurrente apelara esta determinación.

Transcurridos aproximadamente siete (7) meses, el 11 de febrero de 2015, la recurrente le remitió una segunda misiva al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en la que solicitó nuevamente que se le adjudicara y pagara de manera retroactiva, el aumento de sueldo correspondiente a sus años de servicios satisfactorios. Se amparó en la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 184-2004, y el Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos del Servicio de Carrera del Departamento. En la aludida carta, la recurrente admitió que anteriormente ya había solicitado el aumento de sueldo mediante cartas de 8 de noviembre de 2013 y de 1 de abril de 2014, lo cual el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ya había denegado por vía de la misiva de 24 de junio de 2014.

El 16 de marzo de 2015, Nilma Maldonado Colón, Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos del Departamento, nuevamente respondió mediante carta y denegó la solicitud de la recurrente, al amparo del Artículo 11 (a) y (b)(i) de la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 66-2014. Esta carta tampoco le advirtió a la recurrente sobre su derecho a presentar apelación administrativa. En esta ocasión, al estar en desacuerdo con la decisión del Departamento, la recurrente presentó un recurso de Apelación ante la CASP, el 5 de junio de 2015, cuya copia le fue notificada al Departamento el 12 de junio de 2015.

El 15 de junio de 2015, notificada al siguiente día, la CASP emitió una Notificación de Incumplimiento con Requisitos en Solicitud de Apelación, en la que le ordenó a la recurrente, en el plazo de cinco (5) días laborables, proveer copia del documento que evidenciara sus alegaciones y la fecha en que fue notificada de la decisión apelada.

Con posterioridad, el 18 de junio de 2015, la recurrente presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual explicó que en el cuerpo de su Apelación ya había informado lo que ahora le requería la CASP y que había anejado copia de la decisión apelada. Añadió que en la decisión apelada, no se le advirtió sobre los términos de su derecho a apelar.

El 1 de julio de 2015, notificada el 7 de julio de 2015, la CASP emitió una Notificación Final de Deficiencia y Devolución de Apelación por Incumplimiento, por medio de la cual dio por no radicada la Apelación, en vista de que la recurrente no cumplió con la Notificación de Incumplimiento con Requisitos en Solicitud de Apelación. En la referida determinación, la CASP informó a la recurrente que podía solicitar revisión a la Comisión en Pleno.

Oportunamente, el 10 de julio de 2015, la recurrente presentó ante la CASP una Moción Solicitando Revisión de Devolución de Apelación, en Solicitud de Remedios y Sobre Otros Extremos. En dicho escrito, aclaró que solo se le devolvió la Apelación original y solicitó se reconsiderara y se ordenara la continuación de los procedimientos.

Así las cosas, el 16 de noviembre de 2015, notificada en la misma fecha, la Comisión en Pleno dictó la Resolución aquí recurrida, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Revisión de Devolución de Apelación, en Solicitud de Remedios y Sobre Otros Extremos. Indicó el foro administrativo que la recurrente no había corregido la deficiencia notificada dentro del término provisto, por lo cual se tenía por no radicado su recurso de apelación.

En desacuerdo con la determinación de la CASP, la recurrente presentó el recurso de revisión administrativa de epígrafe el 14 de diciembre de 2015 y le imputó los siguientes errores al foro administrativo:

Erró la Comisión en Pleno al declarar “NO HA LUGAR” la “Moción Solicitando Revisión de Devolución de Apelación, en Solicitud de Remedios y sobre Otros Extremos”, y determinar que procedía devolver la Apelación y dar la misma por no presentada por alegadamente la parte Apelante-Recurrente no haber corregido la deficiencia notificada en la Notificación de Incumplimiento dentro del término de cinco (5) días laborables dispuesto en el Artículo II, Secciones 2.1(d) y (e) del Reglamento Procesal.

Erró la Comisión en Pleno al declarar “NO HA LUGAR” la “Moción Solicitando Revisión de Devolución de Apelación, en Solicitud de Remedios y Sobre Otros Extremos”, y determinar que procedía devolver la Apelación y no aplicar la doctrina de incuria a los hechos pertinentes al caso de epígrafe, así violando el debido proceso de ley que constitucionalmente cobija a la Apelante-Recurrente.

El 5 de febrero de 2016, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos presentó una copia certificada del expediente administrativo del caso. Asimismo, el 24 de febrero de 2016, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por conducto de la Procuradora General, instó su Escrito en Cumplimiento de Resolución, en el cual se opuso al petitorio de la recurrente. El 4 de marzo de 2016, la recurrente presentó un escrito de réplica.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia que atendemos.

II.

A.

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por gozar las mismas de una presunción de validez, dada la experiencia que se les atribuye a estas. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011). La anterior normativa se fundamenta en que son los organismos administrativos los que poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley se le han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009).

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido reiteradamente que, como norma general, los tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que las sostenga. Al realizar dicha determinación, los tribunales deben utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra. A su vez, la evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonada podría entender adecuada para sostener una conclusión. Torres Santiago...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba