Sentencia de Tribunal Apelativo de 24 de Junio de 2016, número de resolución KLCE201601015
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE201601015 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 24 de Junio de 2016 |
| | | CERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao Caso Núm. HSCR201200792 |
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016.
El peticionario se encuentra extinguiendo una pena que le fue impuesta por una conducta delictiva que precede al Código Penal de 2012. En específico, por asesinato, conforme establece el Artículo 106 del Código Penal de 2004. Según surge del expediente el peticionario hizo alegación de culpabilidad por este delito, y el Tribunal de Primera Instancia de Humacao (TPI) le impuso una pena total de 17 años de prisión.
En abril de 2016, el peticionario solicitó ante el TPI la reducción de su sentencia, a tenor con los enmendados Artículos 65 y 67 del Código Penal de 2012 relacionados con la consideración de circunstancias atenuantes y con la manera de fijar la pena.1
El foro de instancia denegó la petición bajo la siguiente razón: “No ha lugar, no fue solicitado al momento de dictarse sentencia.” Inconforme, el peticionario solicitó nuestra intervención vía certiorari. El argumento del peticionario es que el TPI no consideró circunstancias atenuantes, conforme las enmiendas a los Artículos 65 y 67 del Código Penal de 2012.
En palabras del Tribunal Supremo: “[e]l principio de favorabilidad establece que si una ley penal es aprobada con posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos, y sus efectos resultan en un tratamiento más favorable para un acusado, ésta debe aplicarse de forma retroactiva, de modo que el acusado disfrute de sus beneficios.” Pueblo v.
Hernández García, 186 DPR 661, 673 (2012).Dicho principio opera cuando el legislador hace una nueva valoración de la conducta punible, en el sentido de excluir o disminuir la necesidad de su represión penal. Pueblo v. González, 165 DPR 675, 685 (2005).
Ahora bien, dado que el principio de favorabilidad no es de rango constitucional, la aplicación retroactiva queda dentro de la prerrogativa del legislador. Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 673. Por ello, “el principio de favorabilidad corresponde a un acto de gracia...
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