Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Octubre de 2016, número de resolución KLAN201600744
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201600744 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2016 |
| | | Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Sobre: Despido Injustificado Caso Núm.: K PE2014-0405 |
Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.
Rodríguez Casillas, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016.
Comparece ante nos Restaurants Operators, Inc. H/N/C Longhorn, Inc. (apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 28 de abril de 2016 y notificada el 2 de mayo de 2016. Por medio de dicha Sentencia se declaró ha lugar la demanda por despido injustificado que presentó la Sra.
Xiomara Morales García (Sra. García o apelada) en contra de la parte apelante.
El 18 de julio de 2016, la Sra. Morales García presentó su alegato en oposición y de esta forma quedó perfeccionado el recurso.
Considerados los escritos de las partes, así como los documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se confirma la Sentencia apelada.
Los hechos pertinentes al recurso de epígrafe se resumen a continuación.
El 13 de febrero de 2014 la Sra. Morales García presentó la demanda que originó el presente pleito. En síntesis, alegó que luego de laborar ininterrumpidamente por alrededor de 10 años para la parte apelante mediante contrato y sin tiempo determinado de vencimiento, fue despedida el 8 de octubre de 2013 sin mediar justa causa y sin ser indemnizada conforme lo establece nuestro ordenamiento. Indicó, que al momento del despido ocupaba el puesto de mesera y devengaba un salario bruto anual no menor de $21,710.52. Ante ello, solicitó que se le concediera su reclamo y se le condenara a la parte apelante al pago de una indemnización por despido injustificado no menor de $17,777.83.1
El 10 de abril de 2014 la parte apelante presentó su Contestación a la Demanda. Alegó que el despido de la Sra. Morales García fue justificado, pues ésta había incumplido en varias ocasiones con las normas y políticas de conducta establecidas por la parte apelante como patrono. Asimismo, argumentó que a la Sra. Morales García se le entregó copia del Manual del Empleado, el cual establecía las normas que debía seguir, por lo cual adujo que ésta tenía conocimiento de que la conducta imputada era contraria a lo estipulado en el referido manual. También, indicó que la apelada fue suspendida de empleo y sueldo, luego de un incidente en el que ésta falsificó la firma de un cliente en un recibo de tarjeta de crédito, con el fin de evitar ser amonestada. Alegó que la Sra. Morales García aceptó que reimprimió un recibo y falsificó la firma de un cliente, acción contraria a las normas establecidas y que justificaban su despido.
Luego de varias incidencias procesales, se celebró el juicio en su fondo los días 14 y 15 de enero de 2016. Surge del expediente que la prueba estipulada por las partes fue: (1) el Manual del Empleado de Restaurants Operators; (2) el documento que acredita el recibo del referido manual por parte de la Sra. Morales García; (3) la carta de terminación de empleo del 8 de octubre de 2013, con su correspondiente acuse de recibo.
Además, durante el juicio ofrecieron testimonio por la parte apelante, la Sra. Ada Reyes, Gerente de Recursos Humanos de la parte apelante; el Sr.
Fernando Salazar Gómez, Gerente de Longhorn Steakhouse en Carolina; el Sr.
Jesús Rivera Vicente, Gerente de Longhorn Steakhouse en Carolina; Pedro Morales, Director de Operaciones de Longhorn Steakhouse y el Sr. José Nieves Pagán, Gerente General de Longhorn Steakhouse en Carolina. Por la parte apelada solo se presentó el testimonio de ésta.
Así las cosas, el 28 de abril de 2016 el TPI dictó la Sentencia objeto del presente recurso de apelación. El TPI formuló varias determinaciones de hechos de las que destacan las siguientes:
· No está en controversia que la falsificación de la firma no fue para robar dinero, sino que para, alegadamente, evitar una amonestación. (Énfasis en el original)
· El Sr. Salazar testificó que se le notificó que el despido de la demandante ocurrió por la alteración en la firma de una tarjeta de crédito.
De igual manera, destacó que conforme a los testimonios de la parte apelante el desempeño de la Sra. Morales García era uno promedio. Asimismo, recalcó que conforme a la prueba desfilada las razones por las que la apelada fue amonestada anteriormente no tenían que ver con alteración de recibos y que otros empleados incurrían en estas con regularidad. Así pues, determinó que conforme a la prueba presentada y al estado de derecho aplicable, el despido de la Sra. Morales García fue injustificado. Ante ello, ordenó a la parte apelante a satisfacer a la Sra. Morales García la cantidad de $11,252.69 por concepto de mesada. Como parte de su análisis, el TPI señaló lo siguiente:
Durante el juicio en su fondo, se presentó el testimonio del Sr. José Nieves, quién relató que confrontó a la Sra. Morales con dos (2) recibos, uno con la firma del cliente y otro reimpreso con una firma diferente. Según alegó el Sr. Nieves, la Sra. Morales aceptó haber falsificado la firma… Luego de la alegada admisión, se comunicó con Recursos Humanos y les informó sobre el incidente.
Esto resultó en la suspensión de la Sra. Morales y, luego de una investigación, al despido de la Sra. Morales. Sin embargo, adelantamos que no hubo prueba alguna por parte del patrono de que la Sra. Morales, en efecto, hubiera falsificado la firma del cliente en el recibo duplicado. Además, dicho testimonio del Sr. Nieves no nos mereció credibilidad.
Inconforme, la parte apelante acude ante nos mediante el presente recurso de apelación. En síntesis, señala que el TPI erró al determinar que no demostraron la existencia de justa causa para el despido de la apelada.
-II-
En segundo orden, examinemos a continuación el derecho aplicable al caso de autos.
A. Ley Núm. 80 sobre Despido Injustificado
La Ley Núm. 80-1976, conocida como la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa (Ley Núm. 80),2 fue creada con el propósito de proteger al empleado de actuaciones arbitrarias del patrono e imponer un remedio económico que desalentara la práctica de despedir empleados sin justa causa para ello.3
Es por ello que el Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, que un empleado que (1) esté contratado sin tiempo determinado; (2) reciba una remuneración, y (3) sea despedido de su cargo sin que haya mediado justa causa, tienen derecho al pago de una indemnización por parte de su patrono, además del sueldo devengado, lo que se conoce comúnmente como la mesada.4
Por otro lado, el Art. 11 (a) la Ley Núm. 80,5 establece una presunción de que el despido fue injustificado, por lo cual recaerá sobre el patrono demostrar, por preponderancia de la prueba, que el despido fue justificado.6Ahora bien, esta presunción no opera de forma automática. Para activar esa presunción, el trabajador debe demostrar los siguientes hechos básicos: (1) que era un empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo; (2) que trabajaba mediante remuneración alguna; (3) que fue contratado sin tiempo determinado, y (4) que fue despedido.7De manera que, una vez el empleado pruebe los hechos básicos que sustentan una presunción de despido injustificado, logra invertir el peso de la prueba sobre el patrono demandado, quien sólo puede derrotarla por prueba amplia y vigorosa.8
Por otro lado, si bien es cierto que la Ley Núm. 80 no define con exactitud lo que constituye un despido justificado, el Art. 2 del mencionado estatuto establece, una lista no taxativa de las circunstancias que constituyen justa causa para el despido de un empleado.9
Las instancias que enumera el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, incluyen causales tanto imputables al empleado,10 como aquellas de índole empresarial que están relacionadas con aspectos económicos vinculados a la administración de una empresa.11
En el caso que de que se relacione a la ordenada marcha y normal funcionamiento de una empresa la razón del despido no puede ser una que quede en libre arbitrio o capricho del patrono.12
Así pues, una vez el empleado demuestra los hechos base para su reclamación, se activa la presunción de que el despido fue injustificado y con ello se revierte el peso de la prueba al patrono.13
De esta forma, el patrono viene obligado a demostrar los hechos que dieron origen al despido y que ante dichos hechos fue justificada su acción y quedar así eximido del pago de la mesada.14
B. Deferencia a la apreciación de la prueba y las determinaciones emitidas por los tribunales de instancia.
La apreciación de la prueba realizada por el TPI debe ser objeto de...
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