Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Febrero de 2017, número de resolución KLAN201601280

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLAN201601280
Tipo de recursoApelación
Fecha de Resolución28 de Febrero de 2017

LEXTA20170228-021 - Dennis Lynn Ritch v. Luis Miranda Cruz

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA-ARECIBO

PANEL XI

DENNIS LYNN RITCH, CAROL CRUMPLER, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta
Apelados-Demandantes
v.
LUIS MIRANDA CRUZ, CARLOS RAMIREZ SANCHEZ y RAMON ACEVEDO SALTARES
Apelantes-Demandados
Demandantes contra Terceros
v.
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES
Tercero Demandado
KLAN201601280
Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla Civil núm.: AAC2010-0054 Sobre: Reivindicación

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.

Rivera Torres, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.

Comparece ante este tribunal apelativo los señores Luis Miranda Cruz, Carlos Ramírez Sánchez y Ramón Acevedo Saltares (en adelante los apelantes) mediante un escrito de Apelación presentado el 12 de septiembre de 2016. En dicho escrito los apelantes nos solicitan que revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante el TPI) el 8 de agosto de 2016, archivada en autos el 15 del mismo mes y año. Mediante dicha Sentencia, el TPI declaró Con Lugar la demanda presentada por el Sr. Dennis L. Ritch, su esposa la Sra. Carol Crumpler y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante los apelados).

Por las razones que expondremos a continuación, se confirma la Sentencia apelada.

I.

El presente caso se originó el 2 de marzo de 2006 a consecuencia de una demanda de injunction presentada por los apelantes contra los apelados. En la misma los apelantes alegaron que los apelados, de forma ilegal y temeraria, colocaron muros de concreto sobre una franja de terreno, la cual alegan ellos tenían derecho a utilizar. Alegaron, además, que la mencionada franja de terreno constituye una servidumbre de paso desde tiempo inmemorial y que el referido terreno se encuentra ubicado en una zona marítimo-terrestre.

Luego de analizar la evidencia presentada durante el juicio, el TPI declaró No Ha Lugar a la demanda de injunction por entender que los apelados nunca habían perdido la posesión real de su propiedad. El foro de instancia determinó que los apelados eran los titulares poseedores del inmueble reclamado como camino por los apelantes. También resolvió que la faja de terreno en cuestión no se había constituido como una servidumbre de paso desde tiempo inmemorial y que la misma no ubica en una zona marítimo-terrestre.

Inconforme con dicho dictamen, los apelantes acudieron en alzada al Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó en todos sus extremos dicha sentencia. No conforme con dicho dictamen, acudieron al Tribunal Supremo mediante un recurso de certiorari, el cual fue acogido y resuelto el 18 de septiembre de 2009, Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951 (2009).

El máximo foro concluyó que la acción ejercitada y litigada por los apelantes era una de interdicto posesorio.[1] En las acciones de interdicto posesorio solamente se discute el hecho de la posesión y no el derecho o titularidad sobre el inmueble. “Por eso, la discreción del juez sentenciador en estos casos está pautada por el propio recurso de interdicto posesorio, debiendo limitarse a resolver única y exclusivamente el hecho de la posesión.”[2] El Tribunal Supremo claramente resaltó que “[e]l alcance de nuestro dictamen se limita a resolver que los peticionarios tienen derecho a ser protegidos en el uso y posesión de tal inmueble. Una cosa es la adquisición del derecho de servidumbre de paso y otra muy distinta es la protección posesoria del paso de la alegada servidumbre. Por eso, para adjudicar el derecho de servidumbre, la acción correspondiente no es la de interdicto posesorio sino que debe acudirse a la vía ordinaria y celebrarse un juicio plenario.” Id.

Así las cosas, el 13 de noviembre de 2009 los apelados presentaron la demanda de reivindicación que nos ocupa. En dicha demanda alegaron ser dueños en pleno dominio de una finca radicada en el Barrio Puntas y Río Grande de Rincón compuesta de 6,019.6732 metros cuadrados. Dicha finca se formó de la agrupación de una finca de 4,241.3332 y otra de 1,778.34. Alegaron que los apelantes han hecho uso de la finca de 1,778.34 como un alegado camino sobre el cual el Tribunal Supremo les concedió el derecho de posesión.

Arguyeron que no existe una servidumbre de tiempo inmemorial.

Luego de haber presentado la contestación a la demanda, el 10 de febrero de 2010 los apelantes presentaron una Demanda contra Terceros en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante el Estado). En la misma solicitaron que se ordenara al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (el DRNA) a realizar un deslinde. El Estado presentó su contestación a la demanda en la cual aceptó que el DRNA tiene el deber ministerial de llevar a cabo el proceso de deslinde de la zona marítimo-terrestre. A esos efectos, el TPI dictó Resolución paralizando los procedimientos hasta tanto el DRNA realizara el correspondiente deslinde.

El 9 de diciembre de 2014 el Estado compareció mediante una moción para informar que el DRNA había realizado el deslinde en cuestión.

El 22 de mayo de 2015 los apelados presentaron una Moción Solicitando Sentencia Sumaria. En la misma alegaron que no existe controversia en cuanto al hecho de que los apelados son dueños de ambas fincas agrupadas, por lo que procede reivindicar su posesión y uso exclusivo.[3] Los apelantes presentaron su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria indicando que existe controversia en cuanto a la ubicación del camino. Indicaron, además, en su moción que “lo que está en controversia en este caso es si el camino descrito por Luis Miranda le pertenece a los demandantes para ellos poder reivindicarlo.”[4] El camino, según descrito por Luis Miranda, transcurre desde el Faro hasta la Carretera núm. 413 en el Barrio Puntas de Rincón hasta el Barrio Hoya Grande, el cual está asfaltado con una extensión de dos kilómetros y medio. Según indicaron los apelantes en su moción, dicho camino está inscrito a favor del Municipio de Rincón en el Libro núm. 1 Folio núm. 60 de Caminos Municipales del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

El 2 de febrero de 2016 el Estado presentó un escrito titulado Posición del Estado Libre Asociado ante Moción de Sentencia Sumaria de la Parte Demandante en la cual reitera que el área objeto del deslinde no está comprendida en la zona marítimo- terrestre, sino contigua a la zona. Indicó, además, que la única responsabilidad del dueño de dicho predio es dejar expedita una vía general de seis (6) metros de ancho contigua a la línea de mayor pleamar, y reserva de veinte (20) metros para la servidumbre de salvamento donde está comprendida la servidumbre de los seis (6) metros.

Posteriormente, el 2 de marzo de 2016 el TPI, en el Barrio Puntas de Rincón, celebró una vista ocular sobre los terrenos en controversia. Completada la misma, el foro de instancia manifestó que, conforme a lo observado y a las mociones anejadas al expediente, resolvería. Además, indicó que de necesitar algún documento o alguna gestión adicional, le notificaría a los abogados y de igual manera notificaría si tuviera que conceder un señalamiento.[5]

El 8 de agosto de 2016 el TPI dictó la Sentencia apelada. En la misma consignó diecisiete (17) Determinaciones de Hechos de las cuales destacamos las siguientes:

· Que la propiedad de los apelados colinda con la zona marítimo-terrestre sin invadirla.[6]

· El inmueble en controversia no tiene cargas, gravámenes o servidumbres, ni colinda con camino público alguno.[7]

· Existe un camino llamado “El Faro”. Sin embargo de la Certificación presentada por el apelante no se puede concluir que dicho camino pasa por la propiedad de los apelados.[8]

· No surge una descripción específica del camino que lo ponga en el área donde el apelante alega que está.[9]

· El 2 de marzo de 2016 el Tribunal celebró una vista ocular donde tuvo la oportunidad de recorrer con detenimiento el área en controversia. Las observaciones del Tribunal dan al traste con la descripción que da el apelante Luis Miranda Cruz. De las observaciones no surge un ápice de evidencia para sostener la teoría de que esa área esté o haya estado asfaltada. El Tribunal no pudo observar ni asfalto, ni residuos de asfalto de ninguna clase en el lugar. [10]

· No existe ningún signo aparente de que en el área en controversia exista o haya existido un camino de uso diario y regular, como el que describe el apelante.[11]

· El alegado camino no posee una entrada definida desde la carretera sino que simplemente se penetra en un área boscosa que no posee ningún indicio de ser un camino de uso diario.[12]

· Una vez internados en la alegada ruta, el tribunal pudo observar un área boscosa, llena de vegetación donde la naturaleza ha operado de manera irrestricta por al menos un tiempo sustancial. El área está en completo estado natural y no existe evidencia alguna de la existencia de un camino en esa área.[13]

· Las observaciones del Tribunal durante la vista ocular desmienten y tornan inverosímil la descripción del apelante sobre el alegado camino público en el área en controversia.[14]

Una vez consignadas las Determinaciones de Hechos y conforme al derecho aplicable, el TPI declaróHA LUGAR a la Demanda y ordenó la reivindicación de la colindancia con la zona marítimo-terrestre a la posesión exclusiva de los apelados. Además, realizó la salvedad de que los apelados debían mantener expedita una vía general de seis (6) metros de anchura contigua al límite interior terrestre de la zona marítimo-terrestre para el uso exclusivo de los funcionarios públicos en cumplimiento con la servidumbre legal de vigilancia y salvamento...

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