Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Abril de 2017, número de resolución KLAN201500802

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLAN201500802
Tipo de recursoApelación
Fecha de Resolución28 de Abril de 2017

LEXTA20170428-003 - El Pueblo De PR v. German Vazquez Colon

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

PANEL I

EL PUEBLO DE
PUERTO RICO
Apelado
v.
GERMAN
VÁZQUEZ COLÓN
Apelante
KLAN201500802
Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial de San Juan. Criminal Número: K AI2014G0002 Sobre: Art. 240 Código Penal 2012

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Jueza Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres.

Fraticelli Torres, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017.

El señor Germán Vázquez Colón apela de la sentencia dictada el 29 de abril de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que le impuso una pena de seis (6) años de reclusión, a ser cumplida bajo el régimen de sentencia suspendida. El foro apelado le impuso esa condena luego de que un jurado lo halló culpable del delito de sabotaje, tipificado en el artículo 240 del Código Penal de 2012.[1]

Luego de evaluar los méritos de la apelación, de considerar los argumentos de la Procuradora General de Puerto Rico, de examinar minuciosamente la prueba oral vertida en el juicio y las normas de derecho aplicables al delito, resolvemos revocar la sentencia apelada.

Reseñemos los antecedentes del caso, para luego exponer los fundamentos que sostienen esta decisión.

I.

Durante la mañana del 30 de julio de 2013, un grupo de transportistas del sector turístico celebró una manifestación en el Muelle 4 del puerto del Viejo San Juan, contra determinadas personas privadas que, a juicio de los manifestantes, perjudicaban su oficio como transportistas públicos. La compañía de transporte turístico que el crucero Disney Fantasy contrató, para llevar a sus pasajeros a distintos lugares de la isla, canceló las excursiones acordadas por causa de esa manifestación. Por tales hechos, “el Pueblo” le imputó al señor Vázquez Colón el delito de “sabotaje”, artículo 240 del Código Penal de 2012, por ser él el presidente de la unión de transportistas que organizó y participó de la manifestación.

El señor Vázquez Colón apela de la sentencia y le imputa al foro sentenciador varios errores:

(1) Denegar la solicitud del apelante para que se declarase inconstitucional el artículo 240 del Código Penal de 2012, conocido como sabotaje de servicios esenciales, ya que en el ordenamiento jurídico no existe una definición legal de lo que constituyen "servicios esenciales", por lo que el ciudadano común y corriente no tiene manera de conocer las circunstancias específicas en la que se aplicaría la restricción.

Al no existir definición sobre este elemento esencial del delito, se trata de una disposición que adolece de amplitud excesiva y vaguedad ya que se presta para una aplicación arbitraria o discriminatoria dirigida a coartar o limitar el derecho fundamental a la libre expresión, lo que vulnera el principio de legalidad. (2) Juzgar al apelante a base de un pliego acusatorio insuficiente en el cargo por alegada violación al artículo 240 del Código Penal de 2012 que no imputa delito toda vez que en el mismo está ausente la alegación del elemento de que la conducta imputada interrumpió la presentación de servicios públicos o privados esenciales. Tratándose de un elemento esencial del delito y no habiendo el Ministerio Público enmendado la acusación procedía la desestimación del cargo. De ahí que el Tribunal de Instancia cometiera error al negarse a efectuar el arresto del fallo y denegar la moción de reconsideración presentada por el apelante a tales efectos para desestimar el cargo. (3) Denegar la absolución perentoria del apelante, fundada en que la prueba de cargo no estableció los elementos de los delitos imputados ni el de coautoría, ya que la prueba del Ministerio Público lo único que estableció fue la mera presencia del apelante en el lugar de los hechos lo que no es suficiente para sostener una convicción por los delitos imputados. (4) Incumplir el Ministerio Público con la carga probatoria constitucionalmente establecida ya que no probó la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable ni rebatió la presunción de inocencia.

Por ser medular en la defensa presentada a su favor, analicemos el primer error señalado por el apelante.

II.

- A -

El artículo 240 del Código Penal de 2012, aplicable al caso, tipificaba el delito de sabotaje de servicios esenciales del modo siguiente:

Toda persona que intencionalmente destruya, dañe, vandalice, altere o interrumpa el funcionamiento de las instalaciones o equipos del servicio de agua, gas, electricidad, teléfono, telecomunicaciones, sistemas o redes de computadoras o cualquier otra propiedad destinada a proveer servicios públicos o privados esenciales, incluyendo el de transportación y comunicación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

Cuando la comisión de este delito resulte en impedir que una persona solicite o reciba ayuda para su vida, salud o integridad física, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

33 L.P.R.A. sec. 5323, antes de enmendarse por la Ley Núm. 246-2014.

Según la profesora Dora Nevares Muñiz, el sabotaje consiste en el acto de interrumpir, afectar o impedir la prestación de los servicios públicos o privados esenciales, entre ellos, los servicios indicados en el artículo citado. El delito se consuma tan pronto se causa el daño a las instalaciones o al equipo o sistema y

se interrumpe o altera de alguna forma el funcionamiento de estos. Dora Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico de 2012 Comentado 340-341 (Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc. 2012), (en adelante, Código Penal… 2012). Añade que “[s]e trata de un delito que protege la propiedad pública o privada destinada a prestar servicios esenciales a la comunidad, así como también la paz pública por cuanto el sabotaje a estos servicios tiene el efecto de alterar la convivencia tranquila en la sociedad. La víctima no es un individuo, ni una empresa en particular, sino todo el pueblo.” Id.[2]

No se define en el artículo aludido ni por la doctrina lo que es un servicio esencial. Pero, tal parece que debe ocurrir un acto intencional previo, que provoque la interrupción del servicio esencial, para que se configure el tipo delictual. Es esa la connotación que emana de la denominación dada al delito: sabotaje.

Por ello, plantea el apelante:

No obstante, la disposición citada ni el Código Penal proveen una definición legal de lo que constituyen "servicios esenciales". De ahí que el ciudadano común y corriente no tiene manera de conocer las circunstancias específicas en la que se aplicaría la restricción lo que vulnera el principio de legalidad. Además, al no existir definición sobre este elemento esencial del delito, se trata de una disposición que adolece de amplitud excesiva y vaguedad ya que se presta para una aplicación arbitraria o discriminatoria dirigida a coartar o limitar el derecho fundamental a la libre expresión, como ocurrió en nuestro caso.

Alegato del apelante, pág. 15.

Es norma reiterada que un tribunal tiene que hacer lo posible por evitar dictámenes precipitados en cuestiones constitucionales y, sobre todo, debe decidir esas cuestiones únicamente cuando no pueda disponer de otra manera del caso ante su consideración. Milán v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 619 (1981); Dominguez Maldonado v. E.L.A., 137 D.P.R. 954, 964 n 4 (1995). Es decir, en nuestra jurisdicción los planteamientos constitucionales no pueden abordarse cuando un caso pueda resolverse (1) mediante un análisis estatutario válido; (2) en armonía con los criterios de las partes y en consonancia con los mejores fines de la justicia; (3) al existir una interpretación razonable de la legislación que permita soslayar la cuestión constitucional presentada y; (4) porque la controversia puede quedar resuelta definitivamente por otros fundamentos. Rosario v. Toyota, 166 D.P.R. 1, 9-10 (2005).

El principio de hermenéutica constitucional exige a los tribunales que al analizar las leyes se esfuercen por lograr una interpretación “congruente y compatible con el mantenimiento de la constitucionalidad”. P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R.

631, 642 (1982); Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 126 D.P.R. 653, 661 (1990).

Después de todo, es deber del tribunal “interpretar las leyes en el contorno de la situación social y económica vigente, para resolver controversias humanas de profundas implicaciones personales para los afectados y para la comunidad en general. Con tal propósito, se debe evitar un resultado ‘absurdo o irrazonable’ al aclarar el texto de una ley conforme a la intención legislativa”. Pacheco v. Vargas Alcaide, 120 D.P.R. 404, 410 (1988);Cónsono con lo anterior, también ha expresado el Tribunal Supremo que, “aunque los estatutos penales deben ser interpretados restrictivamente, una interpretación restrictiva no puede ser contraria a una evidente intención legislativa”. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 548 (1999).

No hay duda de que la claridad y precisión de la ley de naturaleza penal es condición indispensable para su validez. La prohibición de leyes con defectos de vaguedad es parte del principio de legalidad y responde al precepto imperativo de que las leyes deben dar aviso adecuado de las consecuencias penales de determinada conducta. Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229, 239-240 (1988); Pueblo v.

Hernández Colón, 118 D.P.R. 891, 901 (1987).

En lo que atañe a este caso, la declaración de nulidad de una ley por razón de vaguedad puede darse por cualquiera de tres fundamentos: (1) que la ley no dé a una persona de inteligencia promedio una advertencia adecuada sobre cuál es la conducta proscrita o prohibida; (2) que la ley propicie su aplicación arbitraria y discriminada; y (3) que la ley interfiera con derechos constitucionales fundamentales. Véase, O.E.G. v. Cordero Santiago...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR