Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Marzo de 2019, número de resolución KLCE201900205

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLCE201900205
Tipo de recursoRecursos de certiorari
Fecha de Resolución21 de Marzo de 2019

LEXTA20190321-008 - Carmen Ana Santiago Bruno v. Ismael Gonzalez Vega

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

CARMEN ANA SANTIAGO BRUNO
Peticionario
v.
ISMAEL GONZÁLEZ VEGA Y OTROS
Recurrido
KLCE201900205
Recurso de certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón Caso Núm. BY2018CV00359 Por: Partición de Herencia

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera Marchand y el Juez Adames Soto.

Rivera Marchand, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2019.

Comparece ante nosotros la Sra. Carmen Ana Santiago Bruno (señora Santiago Bruno o peticionaria) y nos solicita la revocación de la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (foro primario o TPI) el 30 de enero de 2019.[1] En su resolución, el foro primario paralizó el caso de epígrafe hasta tanto se lleve a cabo el procedimiento de declaración de incapaz de la señora Santiago Bruno. Veamos.

I.

La señora Santiago Bruno presentó Demanda sobre partición de herencia en contra de Ismael, Rosaura y Javier, todos de apellido González Vega (recurridos).[2] Expuso que contrajo matrimonio con el Sr. Ismael González Hernández (señor González) en 1984, con quien permaneció casada hasta llegado el fallecimiento del señor González el 4 de marzo de 2018.

Argumentó que es heredera del señor González, junto a los recurridos, y no interesa continuar en una indivisión en la comunidad hereditaria. Explicó que, junto a su esposo, adquirió bienes muebles e inmuebles en Puerto Rico y en Estados Unidos durante su matrimonio, por lo que es acreedora del cincuenta por ciento de participación sobre los mismos, más la cuota viudal usufructuaria que en ley le corresponda.

Luego de varios trámites procesales y contestada la demanda, la representación legal de la señora Santiago Bruno, el Lcdo. Moisés Abreu Cordero, solicitó el nombramiento de un defensor judicial para su representada.[3]

El licenciado advirtió que la hija de la peticionaria le había comunicado que la señora Santiago Bruno estaba mostrando un deterioro en la memoria. Así las cosas, la Sra. María Malavé Santiago (señora Malavé), hija de la peticionaria, hizo los trámites pertinentes con el doctor de la señora Santiago Bruno, el Dr.

Luis A. Paz Reyes, y obtuvo una certificación médica que afirma que la peticionaria sufre de la condición de Alzheimer’s Progresivo por lo que no está apta para tomar decisiones por sí misma.[4] En consecuencia, solicitó que se nombrara a la señora Malavé como defensora judicial de la peticionaria. De igual forma, presentó una moción solicitando que se nombrara un administrador para uno de los inmuebles propiedad de la sociedad legal de gananciales que existió entre la peticionaria y el señor González, el Colmado y Panadería González, Inc. Respecto al negocio, la peticionaria explicó que desde la muerte del señor González, una de las recurridas, Rosaura, ha secuestrado las operaciones del negocio y la ha excluido de las operaciones del mismo. Por tales razones, solicitó al TPI que nombrara un administrador para las operaciones del negocio y emitiera una orden para que Rosaura rindiera cuentas sobre su gestión administrativa del negocio desde el 3 de marzo de 2018.

Los recurridos presentaron su oposición al nombramiento de un administrador para el negocio. Alegaron que se debía atender la solicitud del nombramiento de un defensor judicial. No obstante, sobre la gestión de nombrar un administrador para el negocio, replicaron que, para ello, debía cumplirse con la Ley de Corporaciones, pues quienes estaban administrando lo hacían con una autorización escrita del señor González antes de su fallecimiento y son a su vez, herederos del cincuenta por ciento de las acciones del negocio.[5]

El foro primario celebró una vista de Conferencia Sobre el Estado de los Procedimientos para discutir los asuntos referentes a la designación de un defensor judicial, la solicitud del nombramiento de un administrador para el negocio y objeciones al descubrimiento de prueba. Luego de escuchar a las representaciones legales de todas las partes, como adelantamos, el foro primario paralizó el caso hasta tanto se lleve a cabo el procedimiento de declaración de incapacidad de la peticionaria.[6]

Insatisfecha, la señora Santiago Bruno acudió ante nosotros y le imputó al foro primario la comisión de dos errores, a saber:

Primer Error: El Tribunal de Primera Instancia cometió error al negarse a nombrar un defensor judicial a la peticionaria Carmen Ana Santiago Bruno, a pesar de haberse acreditado que padecía de la enfermedad de Alzheimer y/o demencia y, por ende, no era consciente de los procedimientos ante el foro de instancia. Esta negativa vulneró el derecho al debido proceso de ley.

Segundo Error: Incidió el foro de instancia al ordenar la paralización de los procedimientos en el caso de partición de comunidad hereditaria hasta tanto se promoviese un proceso de incapacidad de la peticionaria Carmen Ana Santiago Bruno y se nombrase un tutor.

En su recurso, la peticionaria cuestionó que el foro primario no le haya nombrado un defensor judicial a pesar de que existía base razonable de que está mentalmente incapacitada.

El 21 de febrero de 2019, emitimos una Resolución ordenándole a los recurridos a exponer su posición dentro de un término...

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