Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Mayo de 2019, número de resolución KLCE201900284

Emisor:Tribunal Apelativo
Número de resolución:KLCE201900284
Tipo de recurso:Recursos de certiorari
Fecha de Resolución:31 de Mayo de 2019
 
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LEXTA20190531-049 - Autoridad De Carreteras v. Sucn. De Luis Alberto Mercado Jimenez Y Otros Parte Con Interes Adrian Mercado Jimenez

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel VII

autoridad de carreteras Y transportación de puerto rico
Peticionaria
v. SUCN. DE LUIS ALBERTO MERCADO JIMÉNEZ y OTROS
Parte con Interés
ADRIÁN MERCADO JIMÉNEZ, TERESA VIZCARRONDO TORO y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES ENTRE ELLOS COMPUESTA
Recurridos
KLCE201900284
cons. con
KLAN201900334
Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan Caso Núm.: K EF2011-0240 Sobre: Expropiación Forzosa

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Adames Soto

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2019.

En respuesta a la Moción solicitando consolidación bajo regla 80.1 del reglamento del tribunal de apelaciones, se consolidan los recursos de epígrafe presentados por la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT o apelado) y por el Sr. Adrián Mercado Jiménez, la Sra. Teresa Vizcarrondo Toro y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (apelantes), respectivamente, por cuestionar las determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 23 de enero de 2019, notificadas el 30 del mismo mes y año.[1]

I. Resumen del tracto procesal

El 25 de agosto de 2011, ACT instó un procedimiento de expropiación forzosa en contra de varias partes con interés, entre estos, los apelantes, para adquirir varias parcelas.[2] En lo que concierne a los apelantes, estos son dueños del 25% de las parcelas 021-01 y 021-04, dos de las parcelas objeto de expropiación.[3]

Luego de varios incidentes procesales, sobre el monto correspondiente de la justa compensación, el 13 de julio de 2017, ACT presentó un Aviso de paralización de los procedimientos por virtud de la presentación de la petición de quiebra presentada por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA, quedándose el caso paralizado en virtud de la ley federal Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48 USC sec. 2101 et seq. (Ley PROMESA).

El 8 de agosto de 2017, el TPI emitió una Sentencia administrativa mediante la cual ordenó la paralización de los procedimientos hasta tanto cualquiera de las partes certificara que se había levantado la paralización, ya sea por la conclusión del procedimiento de quiebras o mediante una solicitud a esos efectos de acuerdo con la Sección 362 (b) del Código Federal de Quiebras.

Posteriormente, ACT y los apelantes llegaron a un acuerdo transaccional por una suma de $16,448.00 como justo valor de la propiedad expropiada. Luego de informar dicho acuerdo transaccional al tribunal federal, el 29 de mayo de 2018, la Jueza a cargo expresó que no iba a hacer ninguna determinación con respecto al mismo[4], sin embargo, indicó que se levantaba la paralización de manera parcialcon respecto a los apelantes para que se resolviera cualquier controversia concerniente al pago.[5]

Después, el 26 de junio de 2018, las partes sometieron al TPI una Estipulación transaccional, en la cual acordaron la suma de $26,141.32[6]

como justo valor del 25% de las parcelas 021-01 y 021-04 expropiadas en el 2011.[7]

Por lo anterior, los apelantes solicitaron al foro primario el retiro de $26,141.32 consignados en el tribunal por concepto de la justa compensación. En contestación a la Solicitud de retiro de fondos, y luego de varios incidentes procesales, el 27 de junio de 2018, el TPI emitió una Orden indicando que, con respecto a la Estipulación transaccional presentada por las partes, el caso continuaba paralizado.[8]

Tras haber instado una Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar, los apelantes comparecieron ante un panel hermano del Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari, KLCE201801384, imputándole al foro primario que erró al denegar el retiro de fondos, a pesar de haberse presentado la orden del tribunal federal sobre el levantamiento parcial de la paralización y la Estipulación transaccional entre las partes.

ACT compareció en apoyo a lo solicitado. El 13 de noviembre de 2018, el panel hermano expidió el recurso solicitado, revocó la orden recurrida, y devolvió el caso al foro primario para que dictara sentencia parcial a base del acuerdo transaccional y ordenara el retiro de fondos. Expresó lo siguiente:

[R]esulta claro que, si bien el caso de epígrafe se paralizó bajo PROMESA, en virtud de la estipulación transaccional entre la Autoridad de Carreteras y los peticionarios, la Hon. Juez Taylor Swain -a cargo de los procesos- levantó la paralización. Si bien dicha Orden no abarcó la totalidad del pleito, tiene el alcance de permitir que se dicte Sentencia Final respecto a los peticionarios, pues lo único pendiente respecto a ellos es determinar la suma a recibir por concepto de justa compensación, cantidad que ya las partes acordaron como parte de la estipulación aludida, la cual fue aceptada por el tribunal federal.

…

Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el auto solicitado, y REVOCAMOS la Resolución recurrida. Regresamos el caso al foro primario para que dicte Sentencia Parcial a base del acuerdo transaccional entre los peticionarios y la AC, y ordene el retiro de los fondos, según lo dispuesto en la estipulación aludida, en virtud de la cual se levantó la paralización del caso respecto a los peticionarios.

Por consiguiente, el 9 enero de 2019, el mandato fue remitido al TPI.[9]

Devuelto el caso al TPI, el 22 de enero de 2019, los apelantes presentaron una Moción enmendada solicitando se ordene la expedición de cheque por la suma $26,141.32 a su favor de acuerdo con la Estipulación transaccional y según avalado por el foro apelativo.[10]

En respuesta, el 23 de enero de 2019, notificadas el 30 del mismo mes y año, el TPI emitió una Sentencia administrativa parcial, una Sentencia parcial y una Resolución decretando la suma de $126,567.00 como justa compensación a pagarse por la propiedad expropiada de las parcelas 021-01 y 021-04 de acuerdo con el informe de valoración rendido por el tasador de ACT[11]

y ordenó la emisión de un cheque a favor de los apelantes por la suma de $10,948.00[12] en pago total de su interés en las parcelas 021-01 y 021-04, entre otras determinaciones.[13]

Inconformes, el 14de febrero de...

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