Sentencia de Tribunal Apelativo de 22 de Octubre de 2019, número de resolución KLAN201900729

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLAN201900729
Tipo de recursoApelación
Fecha de Resolución22 de Octubre de 2019

LEXTA20191022-004 - Guillermo Emilio Martinez Rios v. Omayra Matamoros Rios

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

GUILLERMO EMILIO MARTÍNEZ RÍOS
Apelante
v.
OMAYRA MATAMOROS RÍOS
Apelada
KLAN201900729
Apelación
Procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón
Civil Núm.:
D DI2018-1473
Sobre:
DIVORCIO
(Ruptura Irreparable)

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2019.

Guillermo Emilio Martínez nos presenta un recurso de certiorari[1].

Recurre de una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), que declaró ha lugar una Moción Sobre Hogar Seguro instada por la señora Omayra Matamoros Ríos.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se EXPIDE el recurso de certiorari y se CONFIRMA la determinación recurrida.

I

En una Sentencia de divorcio por ruptura irreparable, el TPI concedió un término a las partes para que fijaran su posición en cuanto a la designación de la vivienda familiar como hogar seguro para los dos hijos menores de edad. A tono con tal orden, la señora Matamoros presentó una Moción Sobre Hogar Seguro. Solicitó que se designara como hogar seguro la propiedad que había sido -y actualmente es- el hogar de los menores, en particular, uno de ellos con necesidades especiales. Indicó que, el derecho a un hogar seguro de los hijos se extendía a propiedades, aunque fueran privativas, como la del señor Martínez.

El señor Martínez presentó una Moción Fijando Posición Sobre la Improcedencia de Hogar Seguro. Alegó: que la señora Matamoros tenía la capacidad para proveerle hogar a los menores; que él actualmente, y de manera provisional, cubría el 100% de gastos de los menores; y que él satisface $1,300 mensuales y le provee un plan médico. Arguyó, que la vivienda propuesta era un inmueble privativo suyo, y concederla como hogar seguro le “ataría las manos en la incertidumbre económica que se vive”. Sostuvo que posee parte de un inmueble que pertenece al caudal hereditario de su madre, y que -aunque está ocupado por una hija suya de su primer matrimonio- estaría disponible para hospedar a sus hijos y a su exesposa, y podría ser una alternativa como hogar seguro. Adujo que la señora Matamoros tenía una participación indivisa de una propiedad ubicada en Bayamón, en la cual reside su madre (antigua suegra), que es apta para ella y sus hijos. Alegó, además, que las partes acordaron en sus capitulaciones matrimoniales que se le entregaría, a la señora Matamoros, la suma de $10,000, para que ella pudiera establecerse en una nueva vivienda.

Sostuvo que esto constituía una renuncia expresa a la solicitud de hogar seguro. También arguyó, que el inmueble cuyo hogar seguro se solicita estaba bajo la protección del Título 13 del Tribunal de Quiebras y que su casa pertenecía al estate por lo cual no podía ser gravada sin el permiso expreso de la corte de quiebras.

La señora Matamoros replicó tal moción. Sostuvo: que el hecho de que se encontrara empleada no derrotaba el derecho de sus hijos de hogar seguro; y que la propiedad hereditaria del señor Martínez no era opción porque tenía una deuda contributiva y en ella residía una hija. Sobre la propiedad en la que ella tiene participación, alegó que no está apta para los menores, no posee aire acondicionado en las áreas comunes, es muy pequeña, la mitad se alquila, su madre reside en ella y existen otros herederos con participación en dicha propiedad. Arguyó también, que la quiebra del señor Martínez no afectaba el derecho de hogar seguro de los hijos. En cuanto al acuerdo nupcial, adujo que no afectaba a terceros, y que el derecho propietario no iba por encima de la política pública de protección a los menores de edad. Sostuvo que lo más conveniente para los menores era que no se alteraran sus condiciones de vida. Alegó que uno de sus hijos tenía autismo y había sufrido episodios de descontrol y violencia, mientras que el otro tenía ADD y asperger. Arguyó que los cambios drásticos en la vida de éstos podían afectarles gravemente.

El TPI, luego de considerar los escritos presentados por las partes, el expediente en su totalidad y el Derecho vigente, emitió una Resolución. En ella declaró Ha Lugar la Moción Sobre Hogar Seguro presentada por la señora Matamoros. Como consecuencia, estableció como hogar seguro de los menores la propiedad que había sido el hogar de estos.

No conforme con tal determinación, el señor Martínez aduce, en su recurso de certiorari, los siguientes señalamientos de error:

Cometió Grave Error el Tribunal de Primera Instancia al adjudicar la solicitud de hogar seguro tan solo con los criterios esbozados en una vista que se tornó argumentativa apartándose de ser una evidenciaría.

Incurrió en grave error de juicio el Tribunal de Primera Instancia al otorgar el Hogar seguro sin que se atendiera el carácter final de la solicitud de custodia compartida. La otorgada es de carácter provisional.

Erró el Tribunal de Primera instancia al considerara de manera categórica la solicitud de hogar seguro sin visualizar el bienestar de los menores de una manera integral, lo que constituye un menoscabo a la equidad.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no analizar la equidad de todos los factores lo que incluye la pensión alimentaria y otros beneficios adicionales, excluyendo alternativas tales como el ofrecimiento de otra propiedad ya sea mediante el usufruto de un inmueble de carácter hereditario o uno alquilado para fungir como Hogar Seguro.

Erró el Tribunal de primera instancia al decretar como Hogar Seguro la propiedad del demandante-recurrente obviando un contrato entre las partes o sea el acuerdo prenupcial realizado por estos, antes de contraer matrimonio conforme a la escritura de capitulaciones Matrimoniales otorgada por las partes, en la que las partes pactan que en caso de divorcio el demandante-recurrente habría de satisfacer un pago de diez mil dólares ($10,000.00) a la demandada-recurrida con propósito de que esta pudiera establecer su nueva vivienda. A la fecha del otorgamiento del instrumento existían lo menores y se tenía conocimiento de las condiciones de salud de estos.

Cometió Grave error el tribunal de Primera instancia al efectuar una determinación de hogar seguro de un inmueble que forma parte del patrimonio protegido (state) del Tribunal de Quiebras, sobre la cual pesa la protección de residencia principal otorgada dentro del proceso de quiebras.

Cometió Grave error el Tribunal de Primera instancia al efectuar una determinación de Hogar seguro a favor de la demandada recurrida cuando no están presentes los criterios que guían dicha concesión, entre otros el de necesidad de vivienda.

II

El Hogar Seguro en casos de menores de edad

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