Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Diciembre de 2019, número de resolución KLRA201900259

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLRA201900259
Tipo de recursoRecursos de revisión administrativa
Fecha de Resolución30 de Diciembre de 2019

LEXTA20191230-020-

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

JENNIFER M. QUIROS
Recurrida
Vs.
VÍCTOR PÉREZ ZAPATA, INC. H/N/C AGUADILLA MOTORS; MAPFRE PUERTO RICO; RELIABLE FINANCIAL SERVICES, INC.
Recurrente
KLRA201900259
REVISIÓN JUDICIAL Procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor, Oficina Regional de San Juan Querella Número: SAN-2018-0002648 Sobre: Compraventa de Vehículo de Motor

Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez Nazario, el Juez Candelaria Rosa, y el Juez Cancio Bigas.

Cancio Bigas, Juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2019.

Comparece Víctor Pérez Zapata, Inc. H/N/C Aguadilla Motors (en adelante, Aguadilla Motors o recurrente) y nos solicita revocar la Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, DACo) el 11 de marzo de 2019 y notificada al día siguiente.

Por los fundamentos que expresamos a continuación, confirmamos el dictamen recurrido.

I.

El 13 de mayo de 2017, la señora Jennifer M.

Quirós Cruz (en adelante, señora Quirós Cruz o querellante) le compró un vehículo usado marca Mazda CX-7 color gris del año 2011 al dealer de autos Aguadilla Motors. El vehículo fue financiado mediante contrato de compraventa con precio aplazado con la entidad financiera Reliable Financial Services, Inc. El 23 de julio de 2018, la señora Quirós Cruz presentó una Querella1 ante el DACo contra Aguadilla Motors, Mapfre Praico Insurance Company, (en adelante, Mapfre) y Reliable Services, Inc., solicitando la devolución de todo el dinero pagado por el vehículo. Alegó que no había podido inscribir el vehículo a nombre suyo porque existía un gravamen sobre el mismo que no se lo permitía.

El 6 de diciembre de 2018, se celebró la vista administrativa, durante la cual brindó testimonio la señora Quirós Cruz y su esposo. El DACo emitió una Resolución2 mediante la cual ordenó la nulidad del contrato de compraventa suscrito entre las partes, por vicios en el consentimiento mediante dolo. Al así proceder, hizo una serie de determinaciones de hechos, de las cuales resaltamos las siguientes:

[…]

4. Al momento de la compraventa no se le informó a la Parte Querellante que el vehículo objeto de esta querella tenía un embargo preventivo y de haberlo sabido el querellante no lo hubiese comprado.

5. En el mes de junio de 2018, la Parte Querellante gestionó con Reliable Financial Services su licencia para poder comprar el marbete de su vehículo pues le urgía vender el mismo ya que necesitaba margen prestatario para comprar su casa. La institución financiera le orientó para que llamara al dealer.

6. A raíz de la orientación de Reliable Financial Services a la Parte Querellante, esta acudió a reclamar la licencia con Víctor Pérez Zapata Inc. h/n/c Aguadilla Motors, sus oficiales le dijeron que no tenían documentación del auto y que tardaría el proceso.

[…]3

El DACo determinó que el dolo recaía sobre la estructura básica de la cosa vendida, y que declarada la nulidad del contrato, las partes debían restituirse las contraprestaciones con sus frutos e intereses.4

Inconforme, el recurrente presentó un Recurso de Revisión ante nosotros el 2 de mayo de 2019, donde formula el siguiente señalamiento de error:

Erró el Honorable Departamento de Asuntos del Consumidor en no aplicar el Artículo 59 de la Ley de Transacciones Comerciales y la Jurisprudencia según solicitado por las partes Coquerelladas.

El 17 de junio de 2019, compareció el DACo mediante la presentación de su Alegato. Contando con los escritos de las partes, la transcripción de la prueba oral, y el expediente administrativo, estamos en posición de resolver.

II.

A. Teoría General del Contrato

El Artículo 1042 de nuestro Código Civil dispone que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. 31 LPRA sec. 2992. De este modo en nuestro ordenamiento se reconocen los contratos como fuente de obligaciones. El Código Civil dispone que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor de los mismos”. 31 LPRA sec. 2994. Ello significa que...

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