Sentencia de Tribunal Apelativo de 25 de Octubre de 2021, número de resolución KLCE202100695
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE202100695 |
| Tipo de recurso | KLCE |
| Fecha de Resolución | 25 de Octubre de 2021 |
| | | CERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina Civil Núm.: CA2020CV01969 Sobre: Cobro de Dinero y Ejecución de Gravámenes Mobiliarios |
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos
Reyes Berríos, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021.
Comparecen OTB Restaurants, LLC (OTB); Aussie Steaks, LLC (Aussie); Doozey Steaks, LLC (Doozey); Boomer Steaks, LLC (Boomer); Churrasquería de Brazil PR, Inc. (Churrasquería); Fontana Restaurant, Inc. (Fontana); La Piccola Fontana, Inc. (La Piccola); Meat Market Isla Verde, LLC (Meat Market); Prime Center, LLC (Prime Center); Prime Steak Restaurant Corporation (Prime Steak); WOW Restaurant, Inc. (WOW); Golden Foods, LLC (Golden); Francisco Rivera Beras, su esposa Carmen Janet Aponte Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y Edwin Torres Pacheco (en adelante, los peticionarios).
Nos solicitan que revisemos una Resolución dictada y notificada el 19 de marzo de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.
Mediante esta, dicho foro denegó la Solicitud de Descalificación de Representación Legal instada por los copeticionarios, OTB, Aussie, Doozey y Boomer, donde solicitaban la descalificación del Bufete Ferraiuoli, LLC, por ser abogados del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR).
Por las razones que expondremos a continuación, expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.
El 21 de septiembre de 2020, el BPPR, por conducto del Lcdo. Luis G.
Parilla Hernández del Bufete Ferraiuoli, LLC (Bufete Ferraiuoli, FLLC), presentó una Demanda de cobro de dinero y ejecución de gravámenes mobiliarios contra los peticionarios. Alegó ser el acreedor de las facilidades de crédito extendidas a favor de los peticionarios y que éstos dejaron de realizar los pagos que se acordaron en dos (2) contratos de préstamos y sus correspondientes pagarés, con vencimiento al 10 y 31 de agosto de 2019, respectivamente. Esto es, a más de un (1) año de haberse suscrito varias enmiendas para extender sus términos.[1]
Sostuvo que, para asegurar el cumplimiento puntual de sus obligaciones prestatarias, los peticionarios suscribieron contratos de prenda, contratos de cesión y gravámenes mobiliarios; así como múltiples garantías solidarias.[2] Aseveró que dichas facilidades de crédito estaban vencidas, líquidas y exigibles; y que los peticionarios incumplieron con sus obligaciones bajo las mismas. Por tal razón, el BPPR solicitó el pago de las sumas adeudadas; incluyendo, pero sin limitarse al principal adeudado; intereses, cargos por mora, costas, gastos y honorarios de abogado; y en ausencia de pago, solicitó que se ordenase la ejecución de la colateral de los préstamos garantizados.
Por su parte, el 27 de noviembre de 2020, los peticionarios interpusieron su Contestación a la Demanda, Reconvención y Demanda contra Terceros.[3] En síntesis, negaron la mayoría de las alegaciones de la Demanda. Afirmaron que BPPR actuó de mala fe y en incumplimiento con los acuerdos alcanzados entre ellos. No obstante, en el escrito no se hizo mención alguna con respecto a la representación sucesiva adversa vedada por el Canon 21 del Código de Ética Profesional.[4]
Ello, a pesar de que los peticionarios conocían de antemano que los abogados del Bufete Ferraiuoli les habían representado legalmente anteriormente.
Entretanto, el 7 de diciembre de 2020, el BPPR, por conducto de la Lcda. Mónica Ramos Benítez del Bufete Ferraiuoli, presentó una Moción para Unirse a la Representación Legal junto al licenciado Parilla Hernández. Al respecto, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden el 12 de diciembre de 2020, aceptando la unión de la licenciada Ramos Benítez como representante legal del BPPR.[5]
Asimismo, el 14 de diciembre de 2020, el BPPR por conducto de las Lcdas. María Eugenia Santori Aymat y Paulina Méndez Gordils del Bufete Santori, Aymat & Rivera, instaron una Moción para unirse a la representación legal del BPPR junto a los licenciados Parilla Hernández y Ramos Benítez.
Consecuentemente, el TPI dictó una Orden el 16 de diciembre de 2020, aceptando la representación legal de las licenciadas Santori Aymat y Méndez Gordils.[6]
Luego de varias instancias procesales, el 19 de enero de 2021, el BPPR, por conducto de las licenciadas Santori Aymat y Méndez Gordils, instó una Moción de Desestimación de la Reconvención y Demanda contra Tercero. Planteó
que tanto la Reconvención como la Demanda contra Tercero interpuestas por los peticionarios no exponían una reclamación que justificase la concesión de un remedio.
Posteriormente, el 26 de enero de 2021, el BPPR por conducto de los licenciados Parilla Hernández y Ramos Benítez, presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial en la cual aseguró que los peticionarios otorgaron los préstamos y garantías alegados en la Demanda; siendo, por tanto, los deudores de BPPR por las sumas reclamadas.
Por su parte, el 18 de febrero de 2021, OTB, Aussie, Doozey y Boomer incoaron una Solicitud de Descalificación de Representación Legal, alegando un conflicto de interés del Bufete Ferraiuoli. Argumentaron que dicho bufete, el cual representa al BPPR, incurrió en representación sucesiva adversa prohibida por el Canon 21 del Código de Ética Profesional.[7] Indicaron que, como parte del proceso de evaluación del caso, se percataron que el Bufete Ferraiuoli los había representado en varias gestiones como la obtención de permisos y licencias para la operación de sus actividades comerciales; así como en asuntos tributarios; por medio de los cuales tuvo acceso a información y documentos de índole financiera, operación corporativa y a secretos de negocios que pudiesen utilizarse en el presente pleito.[8] Expresaron que los abogados del Bufete Ferraiuoli que los representaron fueron los licenciados Ediberto López Rodríguez, Pedro Notario Toll, Hecmar Nevares y Oscar Rivera Díaz; de los cuales dos de estos continúan como abogados de dicho bufete.
El 5 de marzo de 2021, el BPPR presentó una Oposición a Solicitud de Descalificación de Representación Legal.[9] En esencia, alegó
que no había una relación sustancial entre la anterior representación de los peticionarios por el Bufete y la actual de BPPR, por lo cual, no se cumplía con el elemento medular de la representación sucesiva adversa.
En lo particular, señaló que (i) la anterior representación de los peticionarios conllevó la realización de gestiones puramente técnicas y limitadas a la obtención de permisos y licencias de uso comercial y ciertos asuntos contributivos, información que es inmaterial a la controversia del presente caso; (ii) que si Bufete Ferraiuoli tenía en sus manos información privilegiada y confidencial de los peticionarios, la misma había sido provista por el mismo BPPR ya que es información que los propios peticionarios debían remitirle regularmente a BPPR como parte de sus obligaciones de préstamo; (iii)
que las circunstancias particulares de del caso eliminaban cualquier apariencia de conflicto de intereses, tales como la diferencia de identidad entre los abogados de Bufete Ferraiuoli que representaron a los peticionarios y los que ahora representan a BPPR; la separación física de las oficinas de estos; los mecanismos de control de acceso a información implantados en Bufete Ferraiuoli existentes al momento de la anterior representación de los peticionarios, el tiempo transcurrido entre la anterior representación y la actual, así como la diferencia sustancial en la naturaleza y ámbito de ambas representaciones; y (iv) que el abogado de los peticionarios que ahora solicitaba la descalificación, participó activamente en negociaciones transaccionales con Bufete Ferraiuoli en representación de BPPR previo a la interposición de la demanda de epígrafe y que en ningún momento levantó la alegada existencia de un conflicto de intereses.
En cuanto a esto último, el BPPR indicó que la representación de Ferraiuoli comenzó en septiembre de 2019, fecha en que se comenzaron las fallidas negociaciones para reestructurar los préstamos objeto de la demanda.
Particularizó que los peticionarios advinieron en conocimiento de que Ferraiuoli representaba a BPPR desde al menos octubre de 2019; un (1) año y cinco (5)
meses antes de que presentaran su Moción de descalificación. Expresó que a pesar de las negociaciones para reestructurar los préstamos que se llevaron a cabo casi diariamente entre Ferraiuoli y el propio licenciado Marcos G. Morales Sbert, quien ahora solicitaba la descalificación, en ningún momento los codemandados levantaron bandera sobre una supuesta existencia de conflicto de intereses.
Atendidos ambos escritos presentados por las partes, el 19 de marzo de 2021, el TPI emitió una Resolución denegando la Solicitud de Descalificación de Representación Legal instada por los peticionarios.[10] En la misma, dicho foro determinó lo siguiente:
[L]a representación anterior de los Codemandados por FLLC, hace alrededor de cuatro (4) años, se limitó a gestiones relacionadas con la obtención de permisos y licencias y ciertos asuntos tributarios. El alcance de los servicios prestados por FLLC se limitó a la preparación de los documentos y formularios necesarios para transferir las licencias de licor de los negocios y renovar las mismas. Es decir, estos servicios que FLLC prestó, pueden catalogarse como técnicos, pues no involucraron litigio alguno. La información que surge de estos documentos no está relacionada al litigio que se dilucida en el caso de epígrafe. Esta información no es material ni pertinente para la causa de acción en cobro de dinero y ejecución de BPPR. No existe una...
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