Sentencia de Tribunal Apelativo de 17 de Marzo de 2000, número de resolución KLAN 00-00072
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN 00-00072 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 17 de Marzo de 2000 |
Inversiones Isleta Marina, Inc, Demandante-Apelada
Felipe Antonio Espinal Caraballo, Demandado-Apelante
Núm. KLAN2000-00072
Apelación
Procedente de Tribunal Superior de San Juan
Panel integrado por su presidenta, Jueza Fiol Matta, la Jueza Rodríguez de Oronoz y el Juez González Román
En San Juan Puerto Rico, a 17 de marzo de 2000.
El 21 de enero de 2000 el Sr.
Felipe Antonio Espinal Caraballo presentó una apelación solicitando se revocara una sentencia del Tribunal Superior de San Juan, fechada 7 de junio de 1999, que decretó su desahucio por falta de pago de los canones de arrendamiento convenidos con Inversiones Isleta Marina, Inc. (Isleta), como parte del contrato de arrendamiento de un local comercial de Isleta.
Isleta solicitó la desestimación del recurso, por falta de jurisdicción, en virtud de las disposiciones de la Ley de Desahucio. Específicamente, aduce que el señor Espinal Caraballo incumplió con el requisito de prestar fianza en apelación. El recurrente no se ha expresado en cuanto a esta alegación.
Dispone la referida ley, en su artículo 631, 32 LPRA 2832, como sigue:
No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no otorga fianza, por el monto que sea fijado por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al demandante y de las costas de la apelación; pudiendo el demandando, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza o consignar en secretaría el importe del precio de la deuda hasta la fecha de la sentencia. Código Enj. Civil, 1933, art. 631; Mayo 9, 1942, Núm. 170, p.
889, ef. 90 días después de mayo 9, 1942; Diciembre 4, 1998, Núm. 292, art. 1.
El requisito de la fianza es uno jurisdiccional que debe verificarse dentro del término estatutario para apelar, no pudiendo dicho término ser prorrogado. Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 85 (1961); Blanes v. Valdejulli, 73 D.P.R. 2 (1952); González v. López, 69 D.P.R. 944 (1949). Véase Bucaré
Management v. Arriaga García, 125 D.P.R. 153 (1990).
En el caso...
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