Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Octubre de 2003, número de resolución KLCE20021430
Emisor | Tribunal Apelativo |
Número de resolución | KLCE20021430 |
Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2003 |
LEXTCA20031031-103 Montehiedra Managemente v.
Vilanova
MB MONTEHIEDRA MANAGEMENT CORP. COMO REPRESENTANTE Y A NOMBRE DE VORNADO MONTEHIEDRA ACQUISITION L.P. Recurridas | | Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan Civil Número: KPE2002-0182 Desahucio por Incumplimiento de Contrato; Cobro de Dinero |
Panel integrado por su presidente, el juez Gierbolini, y los jueces Cordero y Rodríguez Muñiz.
Rodríguez Muñiz, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2003.
El 30 de diciembre de 2002, los Sres. Ernesto y Mirta Vilanova y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta (en adelante, los peticionarios), presentaron ante nuestra consideración una petición de certiorari.
Solicitaron la revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, el TPI), el 26 de noviembre de 2002, archivada en autos copia de su notificación el 12 de diciembre del mismo año.
A continuación exponemos brevemente el trasfondo fáctico
y procesal del caso.
El 25 de enero de 2002, MB Montehiedra Corp. (en adelante, Montehiedra), presentó, a nombre y en representación de Vornado Montehiedra
Acquisition L.P.1, una demanda sobre desahucio sumario por incumplimiento de contrato en contra de los peticionarios h/n/c Party Land.
Alegó que, por virtud de un contrato de arrendamiento, le cedió un local en el centro comercial Montehiedra Town
Center para que operara el negocio Party Land. Añadió, que a la fecha de la presentación de la reclamación, los peticionarios le adeudaban la cantidad de treinta y tres mil seiscientos ochenta y cinco dólares con setenta y cinco centavos ($33,685.75) por concepto de cánones de arrendamiento y gastos sin pagar.
Luego de la celebración de dos vistas y del cumplimiento con los requisitos que impone el procedimiento sumario, el 3 de abril de 2002, archivada en autos copia de su notificación el 7 de mayo del mismo año, el TPI emitió sentencia en el caso, ordenando el pago de la cantidad adeudada hasta la fecha de emitida la sentencia, esto es: noventa y seis mil quinientos siete dólares con veinte centavos ($96, 507.20). Ello, debido a que la cantidad adeudada aumentaba a razón de catorce mil cuatrocientos noventa y un dólares con ocho centavos ($14,491.08) mensuales, más los intereses legales al 8% anual desde la presentación de la demanda. Además, impuso el pago de doscientos dólares ($200.00) por concepto de honorarios de abogado, según lo pactado en el contrato entre las partes.
El 6 de septiembre de 2002, Montehiedra presentó una moción de lanzamiento fundamentada en que había transcurrido el término provisto para que los peticionarios desalojaran el local voluntariamente sin que éstos lo hubiesen hecho.
El 10 de septiembre de 2002, Montehiedra presentó una solicitud de orden para la ejecución de la sentencia. Además, solicitó la expedición de un mandamiento de embargo y la suma de trescientos dólares ($300.00), por concepto de los gastos de tramitación del mismo.
El 4 de octubre de 2002, los peticionarios presentaron una solicitud de relevo de sentencia por las siguientes razones: (i) que éstos no fueron debidamente emplazados; (ii) que medió error, inadvertencia, o negligencia excusable; (iii) que poseen una defensa válida que oponer a la reclamación en su contra; (iv) que Montehiedra no sufrirá perjuicio si se concede el relevo; (v) que los peticionarios sufrirían un grave perjuicio si no se les concede el relevo y (vi) que han sido diligentes en la tramitación de su caso. Alegaron los peticionarios, que el 27 de septiembre de 1995, uno de ellos, el Sr. Ernesto Vilanova (en adelante, Vilanova), otorgó un contrato de arrendamiento con Big Beaver of Río Piedras Development Corporation.
Posteriormente, para febrero de 2001, Vilanova cedió sus derechos sobre la propiedad arrendada a una tercera parte por lo que las facilidades serían ocupadas por Party Land. Continuaron alegando, que Vilanova
se comunicó con la parte recurrida y le informó que sería Party
Land quien asumiría el pago de los cánones de arrendamiento. También, que los recurridos le indujeron a pensar que la notificación verbal del cambio de arrendatario sería suficiente. Añadieron, que hubo una novación extintiva del contrato de arrendamiento suscrito por Vilanova con los recurridos. Por último, reclamaron tener una causa de acción por nivelación contra Party Land.
La moción mencionada en el párrafo anterior, fue acompañada con una minuta del TPI en la que consta que el presidente de Party Land compareció personalmente a la vista señalada el 13 de febrero de 2002 y manifestó estar dispuesto a pagar la deuda reclamada para continuar con el arrendamiento.
El 13 de octubre de 2002, Montehiedra presentó Moción En Oposición A Relevo De Sentencia. Adujo, que el planteamiento básico a dilucidarse era si los peticionarios habían sido emplazados debidamente. La...
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