Sentencia de Tribunal Apelativo de 30 de Junio de 2005, número de resolución KLCE050751
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLCE050751 |
| Tipo de recurso | Recursos de certiorari |
| Fecha de Resolución | 30 de Junio de 2005 |
| EL PUEBLO DE PUERTO RICO Recurridos v. ROLANDO CAQUÍAS LINARES Peticionario | | Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Crim. Núm. KMI2004-0852 |
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Martínez y los Jueces González Rivera y Ramírez Nazario
Rivera Martínez, Juez Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.
El 17 de junio de 2005, Rolando Caquías Linares (en adelante, peticionario) presentó ante nos un recurso de certiorari en el cual nos solicita que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Rolando Caquías Linares, Criminal Núm. KMI2004-0852. Mediante la misma, el Tribunal de Primera Instancia (en adelante T.P.I.) declaró no ha lugar la Solicitud de Hábeas Corpus presentada por la defensa y ordenó la extradición del peticionario conforme a derecho. Por los fundamentos que exponemos a continuación, se deniega la expedición del auto de certiorari.
El 13 de diciembre de 2004, el peticionario fue arrestado en Puerto Rico por hechos alegadamente ocurridos el 27 de agosto de 2000, en el Condado de York, Estado norteamericano de Pennsylvania. El 13 de diciembre de 2004, el T.P.I. determinó causa probable para el arresto e impuso una fianza de ochocientos mil ($800,000.00) dólares. Al no poder prestar la fianza, el peticionario fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón 705.
El 23 de febrero de 2004, el Gobernador del Estado de Pennsylvania expidió la correspondiente orden de aprehensión en contra del peticionario debido a que alegadamente se hallaba prófugo de la justicia. La orden especificaba que éste enfrentaba cargos de homicidio criminal (criminal homicide), conspiración criminal para cometer homicidios (criminal conspiracy to commit homicide) en el Estado de Pennsylvania.
El 11 de marzo de 2005, el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, solicitó al Secretario de Justicia que, procediera a solicitar ante el T.P.I. la expedición del mandamiento de arresto. El 16 de marzo de 2005, el Departamento de Justicia presentó ante el tribunal una moción para someter la demanda formal de extradición.
Luego de varios incidentes procesales, el 17 de marzo de 2005, el peticionario presentó una Solicitud de Hábeas Corpus mediante la cual impugnó su arresto. Alegó, en síntesis, que estando prohibida la pena de muerte en Puerto Rico, su traslado al Estado de Pennsylvania, donde podría aplicársele dicho castigo, violaría las disposiciones del Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Alegó, además, que el arresto es ilegal en virtud de la inconstitucionalidad en su aplicación de la Ley Uniforme de Extradición Criminal.
El 18 de mayo de 2005, el T.P.I. declaró no ha lugar la Solicitud de Hábeas Corpus presentada por el peticionario. En su Resolución, el foro apelado dispuso que no tenía jurisdicción sobre la materia. En específico, sostuvo lo siguiente:
No podemos dejar sin efecto disposiciones que corresponden a Estados de la Unión Americana, independientemente se pueda o no creer en la pena de muerte. Carecemos de la capacidad legal para intervenir con una disposición estatutaria que existe en otros Estados. Las personas se someten al riesgo de las...
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