Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Enero de 2006, número de resolución KLAN0400677

EmisorTribunal Apelativo
Número de resoluciónKLAN0400677
Tipo de recursoApelación
Fecha de Resolución31 de Enero de 2006

LEXTCA20060131-100 Seijo Maldonado v. Universidad de P.R.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

PANEL II

LUISA R. SEIJO MALDONADO Demandante-Apelante V. UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Demandado-Apelado KLAN0400677 Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Sobre: Violación de Derechos Constitucionales, Sentencia Declaratoria, Daños y Perjuicios Caso Número: KDP2001-1219 (804)

Panel especial integrado por su Presidenta, la Jueza Bajandas Vélez, el Juez Aponte Hernández y el Juez Vivoni Del Valle

Aponte Hernández, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2006.

La apelante, profesora Luisa Seijo Maldonado (en adelante, Prof. Seijo), nos solicita que revoquemos la sentencia emitida el 12 de mayo de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante la misma, dicho Foro desestimó la demanda de daños y perjuicios presentada en contra de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Por los fundamentos que expondremos, se confirma la sentencia apelada.

I

La parte apelante es profesora en el campo de las Ciencias Sociales, y ejerció varias funciones

para la UPR y sus recintos durante los años 1988 a 2000. Ello, mediante contratos de servicios y empleos temporeros. Durante este período, la Prof. Seijo no ostentó nombramiento temporero o permanente en la UPR ni en sus recintos. A partir del año 2001 la UPR determinó no extenderle un nuevo contrato de servicios profesionales. La Prof. Seijo no apeló ante los organismos universitarios la determinación de no renovación de contrato.

El 22 de junio de 2001, la Prof. Seijo presentó ante el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI) demanda contra la UPR, reclamando compensación por alegada violación a sus derechos constitucionales. Alegó, que las contrataciones repetidas, junto con el uso de este tipo de nombramiento por parte de la UPR para cubrir necesidades permanentes, configuran una situación mediante la cual ha adquirido expectativa legítima de continuidad en el empleo y por ende, un interés propietario sobre la plaza. Arguyó, además, que debe tener la oportunidad de ser sometida a evaluación para que se le considere para un nombramiento probatorio con miras a la permanencia.

Luego de varios trámites procesales, el 12 de diciembre de 2001 la UPR presentó moción de desestimación. Adujo que, debe desestimarse la demanda por no haberse agotado todos los remedios administrativos y en adición, por no tener la demandante expectativa legítima de continuidad en el empleo.

La Prof. Seijo presentó oposición a la moción de desestimación, alegando, que la demanda constituye una excepción para agotar los remedios administrativos por violaciones a los derechos constitucionales por parte de la UPR y por la ineficacia del foro administrativo.

Así las cosas, el TPI emitió la sentencia apelada, mediante la cual desestimó la demanda. Concluyó que, la Prof. Seijo no apeló la decisión de no renovación de contrato ante los organismos universitarios. En cuanto a la alegación de expectativa legítima de continuidad en el empleo, concluyó que ésta no ostentó un nombramiento temporero o permanente en la Universidad o sus recintos.

La Prof. Seijo solicitó reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por el TPI.

Inconforme, oportunamente la apelante acudió ante nos, señalando que erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que “la demandante-apelante venía obligada a agotar los remedios administrativos por entender que está ausente una violación a la igual protección de las leyes;” y por entender que “la demandante-apelante no posee una expectativa legítima de continuidad en el empleo, por lo que carece de un interés propietario.”

La UPR presentó alegato en oposición a la apelación.

Pasamos a resolver.

II

El principio de agotamiento de remedios administrativos requiere que la parte que desee obtener un remedio en una agencia administrativa utilice todas las vías administrativas disponibles en la agencia antes de recurrir al tribunal, debido a que la revisión judicial de una decisión administrativa no está disponible hasta que la parte afectada utilice todos los procedimientos correctivos ofrecidos por el proceso administrativo. El propósito de esta doctrina es determinar en qué etapa del procedimiento administrativo el litigante puede recurrir a los tribunales. Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 D.P.R.

434, 443 (1992); Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273, 282 (1991). Es decir, hasta que la agencia no emita su decisión administrativa, el litigante no puede recurrir a los tribunales.

De esta manera, los tribunales discrecionalmente se abstienen de revisar una actuación de una agencia gubernamental hasta tanto la persona afectada agota todos los remedios administrativos disponibles, de forma tal que la decisión administrativa refleje la posición final de la entidad. Guadalupe v.

Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42, 49 (1993); Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R.

582, 593 (1988). Así se evitan los disloques causados por las intervenciones inoportunas de los tribunales en distintas etapas interlocutorias y el poder...

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