Ley de Alianzas Público Privadas (Ley Núm. 29 de 8 de Junio de 2009)

    El Estado tiene una función pública de servir las necesidades de los ciudadanos. Son precisamente los ciudadanos quienes delegan en el Estado el deber de atender ciertos servicios, que por su naturaleza de bienes públicos, no sujetos al motivo de ganancia, pueden ser brindados de manera más eficiente por el mismo en circunstancias normales. Esos servicios incluyen, a modo de ejemplo, seguridad pública, salud, educación, infraestructura, así como otros bienes y servicios afines. Por lo tanto, es una función inherente del Estado proveer esos servicios y proteger el interés público, de manera que los mismos sean provistos con eficiencia, al menor costo posible, que estén asequibles a todos los ciudadanos y que ante todo se proteja el bienestar público.   El estado de emergencia fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no se circunscribe al Gobierno Central. Las principales corporaciones públicas del País, tales como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad de Puertos y la Autoridad de Edificios Públicos, también atraviesan por situaciones fiscales precarias. Actualmente, cada una de las ocho principales corporaciones públicas de Puerto Rico enfrenta un déficit operacional que fluctúa entre $20 millones a $180 millones cada una. Estos déficits operacionales son el resultado de débiles controles de gastos, exceso de empleados, y la utilización inefectiva de sus recursos. Los problemas fiscales del Gobierno Central también han contribuido a los problemas de flujo de caja de las corporaciones públicas, ya que el Fondo General no está en posición de pagar por los servicios que estas corporaciones públicas le ofrecen. Dado que el Gobierno Central es el cliente más grande de muchas de ellas, este patrón ha creado un círculo vicioso que alimenta los problemas fiscales del Gobierno en general.   Para atender la necesidad de proveer los bienes y servicios públicos, el Estado utiliza el poder de fijar impuestos y emitir deuda, no obstante, dicho poder está restringido por el nivel de la actividad económica del País. Si el Gobierno pierde o disminuye su capacidad de recaudar impuestos y de emisión de deuda, se enfrenta a una crisis fiscal. Actualmente, esa situación está afectando al Gobierno de Puerto Rico, limitando su capacidad para financiar el desarrollo de proyectos de urgencia, dirigidos a atender las necesidades de bienes y servicios públicos. La economía de Puerto Rico está pasando por la recesión más profunda de la que existe evidencia empírica desde que se mide el crecimiento del producto bruto. Nuestra economía ha reflejado un decrecimiento acumulado de -7.8% durante los años fiscales 2007 al 2009; se estima que al 2010 tal decrecimiento acumulado alcance -9.8%.   Entre los factores que han llevado a esa crisis, se destaca la práctica de sobreestimar los recaudos del Fondo General para evitar reducir gastos, lo que ha provocado un déficit continuo en los años recientes. En el 2009, el Gobierno enfrenta un déficit de $3,200 millones. Como consecuencia, el crédito de Puerto Rico está en el nivel más bajo de su historia. La baja ha ocurrido en los últimos cinco (5) años. Esto ha afectado tanto al Gobierno Central como a las corporaciones públicas.    Como resultado de la grave situación fiscal en que se encuentran, varias de estas corporaciones públicas no tienen suficientes recursos para operar, no tienen capacidad crediticia para emitir bonos u obtener cualquier otro tipo de financiamiento para financiar su programa de mejoras y tampoco tienen capacidad para repagar o refinanciar su deuda. Esta situación se torna más seria aún cuando tomamos en consideración que algunas de estas corporaciones públicas tienen deudas que vencen en el 2009 y cuyo principal ronda en los cientos de millones de dólares. En fin, el cuadro fiscal de las corporaciones públicas de Puerto Rico es alarmante, ya que existe una necesidad de aproximadamente $582 millones para cubrir gastos operacionales, $757 millones para continuar con los programas de mejoras de capital y la deuda vigente es de aproximadamente $21 mil millones.   En el pasado, las corporaciones públicas lidiaron con estos problemas fiscales mediante la implantación de ciertas transacciones financieras, con el fin de allegar recursos adicionales. Dada la naturaleza no-recurrente de muchas de estas transacciones, dichas corporaciones públicas no atendieron las causas fundamentales de sus problemas fiscales. Este endeudamiento, déficit y uso de transacciones extraordinarias para atender problemas a corto plazo, ha causado que en la actualidad las principales corporaciones públicas no puedan atender adecuadamente sus compromisos operacionales y financieros.    Uno de los principales renglones afectados por esta crisis es la reducción en la inversión para el desarrollo de la infraestructura. En los últimos años, ni el Gobierno de Puerto Rico, ni las corporaciones públicas han logrado los recursos necesarios para financiar el desarrollo de nueva infraestructura y brindar el mantenimiento adecuado a la infraestructura existente. Es esencial para nuestro desarrollo social y económico, y para poder competir a nivel mundial, desarrollar y mantener un sistema eficiente de infraestructura.   El Gobierno de Puerto Rico reconoce que, ante la situación fiscal precaria del Gobierno Central y de las corporaciones públicas, las alternativas tradicionales de desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura no son viables. Por ende, es necesario identificar medidas innovadoras y vehículos no tradicionales que viabilicen y promuevan el desarrollo económico, provean al Pueblo los servicios públicos requeridos y permitan que el Gobierno estabilice sus finanzas. El Gobierno tiene la imperante necesidad de buscar mecanismos alternos y creativos para fortalecer su crédito, liberar la capacidad de financiamiento y asegurar la continuación del desarrollo de nuevos proyectos de interés público. Estos incluyen, entre otros, la construcción de nuevas instalaciones, mantenimiento de instalaciones existentes y prestación de servicios esenciales.   Un mecanismo eficiente para reforzar y contribuir a nuestra economía es la formación de alianzas por parte del Estado con el sector privado, cooperativas, corporaciones de trabajadores y organizaciones sin fines de lucro. Estas Alianzas Público Privadas han prosperado en muchos países, aliviando al sector público de parte de la inversión que requiere la prestación de bienes y servicios. Una Alianza Público Privada es una entidad que une recursos y esfuerzos del sector público con recursos del sector privado, mediante una inversión conjunta que resulta beneficiosa para ambas partes. Tales Alianzas se instan con el propósito de proveer un servicio a los ciudadanos y ciudadanas, así como para construir u operar una instalación o proyecto de alta prioridad para el Estado, ya sea por su urgencia, necesidad o conveniencia para la ciudadanía. Esa Alianza debe estar revestida de un alto interés público, de manera que el Estado no renuncia a su responsabilidad de proteger dicho interés, ni a los derechos de recibir un servicio eficiente, ni a la titularidad de los activos públicos incluidos en el Contrato de Alianza.   El establecimiento de Alianzas Público Privadas requiere de un marco jurídico y administrativo que incluya procesos que fomenten la pureza y transparencia en el desarrollo de los proyectos. Ese proceso debe alentar la transparencia por parte del Estado en la negociación y acuerdos para la firma de contratos, sin que se deje de proteger la confidencialidad de los llamados “secretos de negocios” de la empresa privada, de posible daño por parte de competidores. A su vez, dicho proceso debe promover la competencia en la solicitud de propuestas y brindar acceso a la información disponible para atraer los mejores proponentes, de manera que se asegure la supremacía del libre mercado y la competencia.   En las jurisdicciones donde se han implantado las Alianzas Público Privadas se han desarrollado mecanismos que sirven de marco de referencia para estructurar las mismas, sin menoscabo del interés público y asegurando precios o costos razonables por los servicios a ser prestados. En el Reino Unido, por ejemplo, entre 10 y 15% del total de la inversión pública en infraestructura se da mediante la modalidad de Alianzas Público Privadas.   La experiencia mundial también ha demostrado que la aplicación de Alianzas Público Privadas puede resultar en ventajas significativas, incluyendo la aceleración en la implementación de obra pública y servicios, reducción de costos agregados del proyecto, mejor distribución de riesgos, mejoras en la calidad del servicio prestado, creación de ingresos adicionales y mejoras en la administración pública. También, proveen un mecanismo para maximizar el beneficio de la inversión, obteniendo el mejor resultado posible por el menor costo para el Gobierno. Por ejemplo, jurisdicciones como España, el Reino Unido, Australia, Irlanda y los Países Bajos han empleado exitosamente las Alianzas Público Privadas para el desarrollo de todo tipo de proyecto, incluyendo aquéllos de transportación, suministro de agua, salud y educación.   En la Comunidad Europea se han establecido procedimientos que incluyen desde el establecimiento inicial de guías de proyectos de prioridad; guías de fuentes de financiamiento regional, estatal y comunitario; adopción de planes específicos para el desarrollo de proyectos en particular; aprobación de los planes por las autoridades; y la adopción de guías de auditoría de éstos. Como parte del proceso conducente a establecer una Alianza Público Privada, se realiza un análisis de las fortalezas y debilidades de los proyectos prioritarios, se desarrollan procesos de consultas y de auditorías, de evaluación de las propuestas, y de monitoría y avalúo final, esto con el objetivo de determinar los logros...

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