Ley de Armas de Puerto Rico (Ley Núm. 404 de 11 de Septiembre de 2000)

 

Durante los pasados seis años, nuestro Gobierno se ha dedicado a establecer una política pública de cero tolerancia contra el crimen, mediante la cual los agentes del orden público velan por el cumplimiento estricto de las leyes que rigen la Isla. Previo al comienzo de nuestra gestión pública, todos los índices de criminalidad estaban en una espiral ascendente sin precedente. Se tomaron las medidas correctivas, lo que tuvo como resultado, por ejemplo, que para el 1998, ocurriera una reducción del 32.5% en los delitos Tipo I y una reducción del 8.3% en todos los delitos, en relación con el año anterior; estadísticas que se mantienen en descenso durante este año. Estos números reafirman el compromiso de nuestra administración de lograr un ambiente de paz, tranquilidad y mayor seguridad pública para nuestros ciudadanos. Sin embargo, estamos conscientes que debemos realizar esfuerzos específicos, dentro del marco conceptual de las leyes federales sobre esta materia y en particular las disposiciones de ésta en el “Firearms Owners Protection Act of 1986”, para lograr una solución efectiva al problema del control de armas de fuego en manos de delincuentes en Puerto Rico, el cual es una vertiente directa de la actividad criminal.

La Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, fue aprobada a raíz de un acontecimiento histórico. El Gobierno de la Isla entendió prudente crear una legislación como medida de control de armas para evitar que este tipo de acción resurgiera dentro de un pueblo que hasta ese suceso mantuvo una tradición pacífica. Con el transcurrir de los años, la Ley Núm. 17, antes citada, ha sido enmendada con la intención de atemperar la misma a la realidad social de Puerto Rico, y utilizar la medida como una herramienta para controlar el crimen. Hoy, transcurridas cuatro décadas desde su aprobación y a pesar de haber sido extensamente enmendada, resulta evidente que la Ley de Armas de Puerto Rico no es el instrumento jurídico más eficaz para atender las distintas situaciones relacionadas con el manejo de armas en la Isla.

La actividad criminal de las últimas dos décadas ha sido mayormente producto del aumento en el tráfico ilegal de sustancias controladas, que a su vez, ha causado un aumento vertiginoso en el uso de las armas de fuego ilegales. Datos estadísticos recopilados por la Policía durante este período evidencian la seriedad del problema. Las armas de fuego cuya tenencia es ilegal han sido traídas de forma clandestina desde otras jurisdicciones, y algunas han sido adquiridas durante escalamientos o robos al Gobierno y a los hogares o negocios de dueños debidamente autorizados para la tenencia de las mismas en Puerto Rico. Estas armas son utilizadas durante la comisión de todo tipo de actos criminales, situación que hace necesario adoptar medidas legislativas cuya naturaleza sancionadora constituya un eficaz disuasivo al delincuente.

Esta medida presenta disposiciones innovadoras que responden al interés apremiante del Gobierno de Puerto Rico en lograr una ley cuya implantación permita a las agencias del orden público ser más efectivas en la lucha contra el crimen. A tales efectos, la Ley orienta a las personas autorizadas en Puerto Rico a manejar armas de fuego para que lo hagan responsablemente, y a su vez, apercibe al delincuente de las serias consecuencias de incurrir en actos criminales utilizando armas de fuego.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba