Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (Ley Núm. 123 de 3 de Agosto de 2014)

    El sistema de transporte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es uno extenso y complejo que contiene diversos elementos y modos que buscan proveer movilidad a personas y bienes y dar acceso a trabajos, servicios y otras actividades del quehacer diario. Puerto Rico es un archipiélago en el Caribe que depende de sistemas terrestres, marítimos y aéreos para su transportación. Estos sistemas tienen que ser eficientes, seguros, cómodos, rápidos, accesibles, compatibles con su entorno y sensitivos al ambiente para poder presentar la oportunidad de desarrollo económico y prosperidad que todos merecemos. El motivo de este proyecto de ley es impulsar el desarrollo de una política pública integrada de transporte colectivo mediante la creación de una estructura administrativa dirigida exclusivamente a la implantación de tal política pública. En la actualidad, la política pública de transporte colectivo a nivel estatal, se fragmenta entre varias corporaciones públicas dentro de la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas (la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Transporte Marítimo y la Directora de Servicios al Conductor- Oficina de Regulación de Vehículos Públicos).   El sistema de transporte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene que dirigirse a servir un rol principal de apoyo a la creación de comunidades más habitables para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. El desarrollo disperso de nuestras ciudades mediante usos de terrenos de baja densidad y la falta de servicios coordinados y eficientes de transporte colectivo han ocasionado una alta dependencia al automóvil privado. Esta dependencia supone un alto costo de movilidad a la población. Datos del año 2011 de la Sociedad Americana de Automóviles indican que una persona que conduce 15,000 millas al año en su automóvil gasta anualmente por su uso un promedio de $8,776, lo que representa 58 centavos por cada milla recorrida. Este costo aumenta a 74.9 centavos por milla recorrida si el vehículo es una camioneta tipo SUV. El gasto promedio de transportación de una familia representa aproximadamente el 20% de su presupuesto anual, una partida mayor a la utilizada para los alimentos (11%) o aspectos de salud (5%). Esta realidad para las familias puertorriqueñas de bajos y moderados ingresos limita sustancialmente sus oportunidades para invertir ese dinero en otros fines e intereses productivos.   La congestión vehicular diaria en las carreteras de las principales áreas urbanas del País también representa una excesiva pérdida de productividad. El tiempo perdido promedio para el año 2010 por la congestión en el Área Metropolitana de San Juan representó la cantidad de 33 horas anuales para cada trabajador (un aumento de 135% en comparación con el año 1990). Este costo a la economía por la congestión representa anualmente $1,012 millones por las demoras y el consumo de gasolina y diésel, o $665 por cada trabajador, según datos del 2011 Urban Mobility Report. Esta realidad dificulta la movilidad efectiva de personas y bienes, afectando las oportunidades de crecimiento económico y social en nuestras ciudades.    La realidad geográfica de nuestro País nos impone una seria limitación en continuar aumentando la extensión y la capacidad del sistema de carreteras. Además, hay que reconocer que la expansión del sistema de carreteras implica la necesidad de identificar fondos adicionales para su operación y mantenimiento, así como aceptar los costos ambientales de tal expansión.    El 24 de febrero de 2004, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) emitió la resolución número 2004-06 para establecer la Transportación Sostenible como Política Pública del DTOP y de sus dependencias y para otros fines pertinentes. Resuelve que: la Transportación Sostenible se fundamenta en sistemas coherentes de usos de suelo, accesibilidad y movilidad; hace uso óptimo de los recursos; integra de forma eficiente u efectiva los sistemas de transporte de carga y pasajeros al interior de la Isla y con el exterior; propicia la accesibilidad peatonal y reduce la necesidad de traslado en vehículo motorizado; conserva la capacidad disponible; propicia la seguridad del pasajero y del peatón; y reduce los daños y costos personales y de la propiedad asociada con los accidentes del transporte; promueve el comercio y el desarrollo económico balanceado para todos los sectores sociales y regionales; y conserva nuestro patrimonio para el disfrute de todas las generaciones.   Para lograr la meta de esta política pública, el transporte colectivo tiene que representar una opción real de movilidad para las familias puertorriqueñas, estando disponible y siendo accesible a todos, que haga nuestras ciudades más atractivas y con mayor calidad de vida y, a la vez, que reduzca la contaminación ambiental y ayude a mitigar la congestión vehicular.    El deterioro en la disponibilidad y calidad de servicio, la pérdida de usuarios y la operación ineficiente de algunos de los servicios de transporte colectivo atenta contra nuestra capacidad de desarrollo económico, calidad ambiental y justicia social. Con excepción al Tren Urbano, el patrocinio de los demás servicios de transporte colectivo ha ido en descenso. Datos del 1964 indican que el 37% de los viajes diarios en el Área Metropolitana de San Juan se realizaban por modos de transporte diferentes al automóvil privado. Actualmente, ese porciento de viajes en vehículos privados ronda el 9% del total de los viajes. El servicio de Carros Públicos, el único servicio disponible de transporte colectivo en varios municipios del País, tuvo una marcada reducción de usuarios diarios de 35% en un periodo de 12 años (1997-2008). De igual manera, los usuarios del sistema de rutas de autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) se han reducido en un 69% durante el periodo del 2004 al 2010. El patrocinio de estos servicios se ve afectado también por la reducción en el número de rutas y los vehículos en servicio.   Para atender la situación actual, las agencias estatales de transporte y los municipios tienen que encaminar sus políticas, recursos económicos y capital humano, tanto a manejar la capacidad existente del sistema de carreteras, como a promover una mejor eficiencia operacional de los sistemas de transporte colectivo; desarrollando servicios confiables, sostenibles y efectivos que cumplan con las necesidades de movilidad de la población en las áreas urbanas. Además, el transporte colectivo es un instrumento importante para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y, por lo tanto, debe contar con una fuente fija de financiamiento que permita su desarrollo. Los siguientes enfoques han sido utilizados en otras áreas metropolitanas para lograr estas metas:•   Creación de una entidad gubernamental única que implemente integralmente la política pública de la planificación, gestión y operación de los servicios de transporte colectivo, que promueva decisiones articuladas en sintonía con una misión de uniformar y promover el desarrollo del transporte colectivo para Puerto Rico, incluyendo:-   la integración de rutas, itinerarios y tarifas entre servicios -   la formalización y el control de la calidad de servicio ofrecida a los usuarios-   la promoción y desarrollo de los servicios de transporte colectivo •   Creación de una estructura de financiamiento robusta y fija. •   Aumento en la disponibilidad y la calidad de servicio de los sistemas de transporte colectivo para que estos sean una opción real frente al uso del automóvil privado.•   Desarrollo y aplicación de políticas para el sistema de calles y carreteras que promuevan la movilidad de peatones y ciclistas, en complemento al transporte colectivo, y convirtiendo el sistema vial en “calles completas para el uso de todos”.•   Establecimiento de un enfoque reglamentario en el diseño de las ciudades con la creación de distritos especiales donde los proyectos de desarrollo urbano requieran usos mixtos de terreno, una mayor densidad poblacional y sean consistentes al uso del transporte colectivo, utilizando técnicas de control de la demanda vehicular.•   Educación a la población para propiciar un cambio social en las actitudes y prejuicios de los ciudadanos para crear una cultura de transporte colectivo en las áreas urbanas.   La creación de esta agencia de transporte colectivo sirve de punta de lanza para integrar los servicios existentes y futuros de transporte colectivo en Puerto Rico como medio para proveer la movilidad y accesibilidad a los lugares de vivienda, trabajo, comercio y otras actividades en los centros de las ciudades principales y de mayor población. Esta entidad única de transporte integrado tiene que estar estructurada sobre cuatro pilares: Planificación, Financiamiento, Operación e Innovación y Desarrollo. Esta entidad servirá de líder en la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida en las áreas urbanas, hacer de nuestras ciudades más atractivas y productivas para su desarrollo económico, reducir la contaminación ambiental, el tráfico y los accidentes en las carreteras, reducir los gastos de transportación de las familias puertorriqueñas y proveer el acceso a empleos y otras oportunidades de desarrollo y entretenimiento, no sólo a personas de poca movilidad, sino a todos los ciudadanos. La creación de esta entidad permitirá reducir la redundancia y complejidad en los procesos decisionales asociados a la planificación, gestión y operación de los sistemas de transporte colectivo, a través de una estructura que opera de forma lateral y que integre todos los modos de transporte colectivo. Además, la nueva entidad considerará los servicios estatales, municipales y privados para crear un verdadero sistema que opere de forma integrada y con una estrategia alineada, maximizando los recursos técnicos, económicos y de recursos humanos.   Decrétase por la Asamblea...

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